EscucharCaracas. Venezuela suspendió las actividades de la representación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, a la que acusó de “bufete particular” de “golpistas y terroristas”.
El canciller Yvan Gil anunció ante la prensa esta decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, que deberá dejar el país en las próximas 72 horas.
El anuncio sigue a la "profunda preocupación" que expresó el Alto Comisionado por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de "terrorismo".
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución desarrolló, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, dijo Gil.
La suspensión se mantendrá "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas", añadió el canciller.
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Partidarios de la oposición sostienen carteles con letras que forman las palabras "Venezuela exige Derechos Humanos" mientras se manifiestan frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Caracas. (CRISTIAN HERNANDEZ/AFP)
“Mucho que hacer”
La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta Michelle Bachelet ocupaba esa posición.
Su labor principal consiste en "brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas" en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.
Gil señaló que el gobierno realizará "una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina, en los próximos 30 días" y ordenó "que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas".
Antes de dejar el cargo, en agosto de 2022, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba "mucho por hacer".
Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.
El comisionado se reunió además con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Dijo no obstante que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.
Gil aclaró que Venezuela va "a seguir teniendo cooperación con la oficina del alto comisionado en Ginebra".
Oenegés venezolanas de derechos humanos, como Provea, condenaron esta decisión del gobierno, que "aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales".
El caso San Miguel
San Miguel es directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares. Es, además, una autoridad en temas de la Fuerza Armada.
Fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida pero quedó en libertad condicional.
La fiscalía la acusó de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración", al vincularla "de manera directa" con un supuesto plan para asesinar a Maduro.
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de "revelación de secretos políticos y militares".
Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían excarcelados.
Estados Unidos y la Unión Europea, al igual que la oficina de derechos humanos de la ONU, expresaron "profunda preocupación" por el caso.
"Si está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos lo primero que tiene que hacer (la oficina de la ONU) es cooperar de manera estrecha con el gobierno nacional", manifestó Gil, que tachó a la representación de "oficina hemipléjica".
“Solo piensa hacia un lado, al lado derecho, al lado de la extrema derecha, solo protege a personas que han intentado subvertir no solamente el orden constitucional sino generar violencia generalizada en Venezuela”, añadió.
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