Sin ley de amnistía El Salvador confronta sus heridas de guerra

“Ha llegado la hora de perdonarnos mutuamente”, dijo el entonces presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, al proponerle al país –en cadena de televisión– una amnistía total para los criminales de la guerra. Era un domingo de marzo de 1993.

Apenas un año atrás, el Gobierno de El Salvador y la alianza de grupos guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habían firmado los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México, para poner fin a 12 años del conflicto armado que dejó 75.000 personas fallecidas y 12.000 desaparecidos.

Pero para Cristiani la amnistía se convirtió en un asunto de urgencia, ya que permitía impedir que comparecieran ante la Justicia los responsables de matanzas ocurridas en la guerra.

El mandatario lanzó la propuesta luego de conocer el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad, establecida por Naciones Unidas como parte del proceso de paz, el cual pedía la destitución de 40 altos oficiales del Ejército y solicitaba que los miembros de la Corte Suprema fueran inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos.

En aquel momento, el Frente –actual partido gobernante– rechazó la idea de una amnistía; sin embargo, apenas seis días después del anuncio presidencial, la ley fue aprobaba en el Congreso el sábado 20 de marzo con solo los votos de la derecha. El país hacía borrón y cuenta nueva.

Aunque no para todos fue tan fácil pasar de una posible condena al perdón y del perdón al olvido. Pese a la insistencia de algunos familiares de víctimas y de organizaciones de derechos humanos, la ley siguió vigente y amparaba a la Fiscalía en su negativa de abrir procesos contra supuestos responsables de crímenes.

En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró inválida cuando dio su sentencia sobre la masacre de El Mozote , ocurrida en 1981 en el departamento de Morazán, donde fueron asesinadas 1.000 personas. No obstante, el fallo no fue respetado y el sistema judicial salvadoreño seguía aplicando la ley.

Viraje. El giro en esta historia es reciente. Apenas hace un mes, la Sala de lo Constitucional anuló la Ley de Amnistía por considerarla “contraria al derecho al acceso a la justicia”.

Para el historiador salvadoreño Carlos Cañas, “la sentencia marca una reinvidicación hacia las víctimas. La amnistía fue una losa sobre graves crímenes contra los derechos humanos, cometidos tanto por las autoridades del Estado salvadoreño como por las fuerzas guerrilleras del FMLN histórico”.

Incluso, el pronunciamiento judicial ya deja ver sus primeros frutos. El viernes se presentó la solicitud para que se reabra el caso de la masacre de El Mozote , la matanza más grande que se registró durante el siglo pasado en América Latina.

Esta petición se planteó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera por representantes de la Asociación de Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina de Tutela Legal.

Es la primera solicitud que se hace sobre la reapertura de un caso desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Hemos presentado la petición para que se abran las diligencias pertinentes, se identifique a los responsables y que los hechos no queden en la impunidad”, dijo Wilfredo Medrano, coordinador de la organización Tutela Legal.

Por su parte, la Fiscalía salvadoreña señaló una línea de acción. El fiscal general, Douglas Meléndez, conformó una comisión para evaluar cuáles casos serán investigados y cuáles no.

De esta forma, lo confirmó la semana pasada el jefe de prensa de la Fiscalía, Salvador Martínez, sin dar más detalles.

Desde el Ejecutivo, la reacción ha sido desarticulada. El presidente Salvador Sánchez Cerén aseguró que la anulación de la Ley de Amnistía es un “hecho relevante”, aunque inicialmente criticó la decisión y sostuvo que no estaba acorde con los “verdaderos problemas del país”.

Por su parte, el canciller Hugo Martínez cree que “la mayoría de los salvadoreños quiere paz y no remover las heridas”. Una postura que dista de la propuesta impulsada por el FMLN en el 2005 sobre derogar la ley.

Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y uno de los tres ciudadanos que interpuso un recurso contra la ley, pretende plantear formalmente que los 32 casos de crímenes que aparecen en el informe de la ONU sean remitidos a los tribunales de justicia.

Por otro lado, Carlos Mauricio Guzmán, abogado defensor de los militares involucrados en la matanza de seis sacerdotes jesuitas , estima que el fallo es legal, pero que “carece de legitimidad”, pues uno de los magistrados que votó a favor de la anulación de la ley fue acusador y fiscal del caso sobre el crimen a estos curas.

Ahora, El Salvador confronta el reto de hacer justicia en una carrera contra el tiempo, pues muchos de los involucrados en las matanzas ya murieron o son de edad avanzada. El país también encara el reto de nutrir su memoria, ya que de su historia se habla poco en escuelas y colegios.

“En medio está quedando un pueblo que desde hace un buen rato crea fábulas y leyendas sobre una guerra que hasta los más jóvenes dudan que se haya dado”, asegura Cañas.

Para El Salvador, volver la mirada hacia atrás implica afrontar el dolor que deja remover las heridas entreabiertas, pero también representa su oportunidad para empezar a curarlas.

Canciller de El Salvador sobre la anulación de la amnistía: ‘Necesitamos darle vuelta a la página’

El canciller de El Salvador, Hugo Martínes, considera que el país “está en un nuevo momento”, por lo que afirma que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la anulación de la Ley de Amnistía General para Consolidación de la Paz, implementada desde 1993, no va a tener “efectos apocalípticos”.

Esta norma permitió que se perdonaran los crímenes cometidos durante la guerra civil que asoló al país entre 1980 y 1992.

El diplomático brindó una entrevista a La Nación, el 27 de julio, durante su visita a Costa Rica y explicó en detalle su postura sobre el tema.

¿Cuál es el significado que tiene para usted la sentencia de la Sala Constitucional sobre la Ley de Amnistía?

Desde el punto de vista de los estándares y de la mirada internacional siempre es una medida que muchas instancias internacionales esperaban y yo veo esa medida como un desafío a la reconciliación en el país. Quizás hubiera sido diferente si se hubiera derogado esa ley hace 20 años, 22 años o 23 años, pero la impresión que tengo es que la mayoría de los salvadoreños quiere paz; ya no quiere remover las heridas.

¿Entonces considera que esta anulación no va a tener un efecto relevante?

Realmente no creo que tenga los efectos apocalípticos que algunos han tratado de plantear porque, como le decía, el país está en un nuevo momento. La mayoría de la gente ha dicho que no puede olvidar, pero necesitamos darle la vuelta a la página. Percibo la sensación en los salvadoreños de que duele mucho lo que pasó, que no se puede olvidar, pero que tenemos que seguir adelante y el mejor homenaje para las víctimas es no permitir que las cosas que ocurrieron vuelvan a pasar.

¿Cree que como efecto de la sentencia disminuya el porcentaje de impunidad en el país?

Eso habrá que verlo en el devenir de los meses y los años. No me atrevería a emitir un juicio, trato de trasladar la sensación que percibo en el país como una persona también que me tomo las cosas de la manera más tranquila y positiva posible.

Inicialmente, el presidente Salvador Sánchez Cerén había dicho que el fallo no estaba acorde con la realidad del país, pero cuatro días después la destacó como relevante. Parece que hay una contradicción en la postura del Gobierno sobre el tema.

No, él en realidad dio una sola posición que fue en cadena de radio y televisión y lo que planteaba es un poco la interpretación de lo que la población está esperando en este momento. Por ejemplo, si bien es cierto hay mucho respeto a las víctimas, hay interés en la reparación, en que se corrijan los errores y que no vuelvan a ocurrir. Entonces, lo que el presidente decía es que no podemos establecer una prioridad de derechos, pero sí podemos tratar de ser lo más pertinentes posible con el momento histórico que está viviendo el país. Hay muchas cosas de esa ley que se debieron haber corregido en el mismo momento en el que fue promulgada.

¿Por qué en el 2005, cuando era diputado opositor, apoyaba la derogación de la Ley de la Amnistía y ahora que fue declarada inconstitucional considera que la sentencia llega tarde?

Lo manifestado no refleja un cambio de opinión, sino que lo que se señaló es que hoy, que El Salvador vive un momento histórico diferente a 1992, cuando se dieron los Acuerdos de Paz, es que se da esta resolución sobre la Ley de Amnistía, específicamente cuando se están por cumplir 25 años de esta firma.

”Asimismo, hay que recordar que nuestra Constitución establece en su artículo 182, ordinal 5, que una de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia es vigilar porque se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual se adoptarán las medidas que estimen necesarias. Entonces, en ese sentido es que también puede estimarse que la decisión de la Sala de lo Constitucional no ha llegado con esa prontitud que señala la Constitución”.