Persecución en Venezuela se intensifica antes de elecciones, señala informe

El informe también denuncia “la persecución sistemática generalizada” del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, quien fue inhabilitada para las elecciones presidenciales de julio. A pesar de ser favorita en las encuestas frente al presidente Nicolás Maduro, aspirante a la reelección, Machado enfrenta obstáculos para su participación política.

Según Sujú, la persecución busca “desmantelar cualquier coordinación dentro de la sociedad civil” y “atemorizar a todo aquel que quiera apoyar por ejemplo al partido Vente Venezuela al que declararon un grupo terrorista”.

La estrategia del gobierno venezolano se centra en reprimir a personas específicas de manera sistemática y generalizada, en lugar de enfrentar manifestaciones masivas como en años anteriores. Incluso llegaron a detener a personas que prestaron equipos de sonido o alojamiento para los discursos de Machado.

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Siete miembros de la directiva de Vente Venezuela permanecen encarcelados. El informe sostiene que el gobierno persigue, encarcela y espía a quienes lo enfrentan, con el objetivo de “callar las denuncias en su contra” y “para callar el malestar social y dentro de la Fuerza Armada, espía, intimida, persigue y encarcela”, así como las expresiones en redes sociales mediante la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares.

Lista de contactos

Las autoridades venezolanas mantienen un patrón de conducta, según denuncia el Instituto Casla. En el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se fabrican expedientes, afirma la organización.

“Ellos aprehenden a unas personas, les bajan la información por el teléfono, y todas esas personas con las que esos detenidos tuvieron contacto, todos, forman parte de una lista de persecución”, explica Tamara Sujú, directora del Instituto.

Sujú cita el caso del militar retirado venezolano Ronald Ojeda, refugiado en Chile, donde fue asesinado. Según ella, Ojeda figuraba en una lista de contactos de personas detenidas en diciembre. Aunque fue secuestrado por la banda criminal Tren de Aragua, “las pesquisas del fiscal chileno apuntan a un crimen político encargado desde Venezuela”, lo cual alerta a todos aquellos exiliados a los que el gobierno venezolano señaló públicamente diciendo que “saben dónde viven”.

En su último informe, el Instituto Casla vuelve a acusar a “toda la cadena de mando”, desde el presidente Maduro hasta ministros, altos mandos militares y de los servicios de inteligencia, fiscales o jueces, de ser “culpables por inducción, acción u omisión” de los crímenes, en los que también estaría implicado “el Estado cubano”.

El gobierno premia a sus “más leales oficiales” con un “botín de guerra” en forma de empresas y negocios dentro y fuera del país, añade Casla.

Según el centro de estudios, “el régimen repite patrones en los casos de los nuevos detenidos”. “Son presentados de forma oculta a altas horas de la noche” en las sedes de los organismos de inteligencia, sin que los familiares estén al tanto ni “sus abogados de confianza”.

“Todas las víctimas llegan a la audiencia preliminar sin un solo medio de prueba a su favor” y varias fueron acusadas por otros detenidos que “muestran signos evidentes de tortura” y “leen un libreto”.

“Hoy en día la mayoría de los presos políticos (...) fueron trasladados al nuevo centro de tortura llamado Rodeo I”, donde pueden comunicarse con sus familiares por teléfono a través de un vidrio durante 12 o 15 minutos una vez por semana, critica Sujú.

Por último, Casla asegura que las autoridades emplean algunos métodos de tortura que se aplicaban “en tiempos de la Inquisición, en la edad media”, como la utilización de objetos metálicos como grilletes en los tobillos.

También enumera introducción de objetos punzantes en las uñas, descargas eléctricas, asfixias o colgamiento, entre otros. Además, afirma tener constancia de que “un oficial varón” fue violado por “funcionarios del DGCIM”.