Tegucigalpa. En un estudio subterráneo de hip-hop del tamaño de un armario, en uno de los barrios más peligrosos de la capital de Honduras, Leonardo Sierra cree que nada cambiará en su país hasta que Estados Unidos lo vea conveniente.

En opinión del joven de 28 años, es Washington –que teme una alternativa izquierdista en este país centroamericano importante para la estrategia estadounidense de inmigración y antidroga–lo que mantiene en su puesto al impopular presidente Juan Orlando Hernández, a pesar de que la Fiscalía estadounidense lo considera coconspirador en el caso de narcotráfico de un hermano.

Desde el corazón de La Travesía, un barrio de Tegucigalpa controlado por las pandillas, y hasta los pasillos del Congreso Nacional, los hondureños se preguntan hasta cuándo respaldará Estados Unidos a Hernández. Mientras el mandatario viaja a Washington para reuniones y fotos, los hondureños medios siguen el lento goteo de revelaciones que sale de un tribunal federal en Manhattan.

Hernández ha dicho que las acusaciones en Estados Unidos proceden de narcotraficantes que buscan vengarse de él, pero la Fiscalía de Nueva York promete que presentará pruebas en un juicio previsto para octubre, que mostrarán que Hernández aprovechó las conexiones de su hermano Antonio Tony Hernández en el mundo de la droga para impulsar su carrera política.

“Particularmente, en este país la influencia de los Estados Unidos es determinante”, señaló Raúl Pineda Alvarado, analista político y que sirvió tres legislaturas como congresista del Partido Nacional de Hernández.

Si Estados Unidos decide que el gobernante da más problemas de los que resuelve, sus días en el cargo están contados. De lo contrario, podría terminar su mandato, indicó Pineda.

Muchos hondureños siguen señalando la decisión del Gobierno estadounidense de no presionar para que el presidente izquierdista Manuel Zelaya fuera restituido en el cargo tras un golpe de Estado en el 2009 como una demostración del papel decisivo de Washington sobre el Gobierno hondureño.

En una respuesta a preguntas por escrito, el Departamento de Estado indicó que el hecho de que la Fiscalía federal mencione a Hernández como coconspirador no implica que se hayan presentado cargos penales en su contra.

“Las conversaciones con jefes de Estado en el cargo son una parte rutinaria de la diplomacia”, indicó el comunicado. “Tenemos una serie de cuestiones diplomáticas que es importante abordar en beneficio de nuestros dos países”.

En el último año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado sus críticas a Tegucigalpa por no hacer suficiente para impedir que su gente emigre. Suspendió algunas partidas de ayuda y sigue presionando a Honduras para que, aunque no pueda evitar que su población se marche, al menos haga más difícil que los migrantes de otros países atraviesen su territorio.

Aliado difícil

Pero Honduras sigue siendo un aliado clave, aunque inconsistente, en la guerra contra la droga. E irónicamente, la extradición de capos durante el mandato de Hernández podría haber ayudado a preparar el caso contra su hermano.

Los fiscales estadounidenses afirman que Hernández utilizó $1,5 millones en dinero de la droga para la campaña que le llevó a la presidencia en el 2013. Una vez en el cargo, supuestamente pudo proteger a los narcos a los que su hermano Tony ayudaba a mover toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Hernández señala las dos docenas de traficantes extraditados a Estados Unidos durante su mandato como una prueba de que no trabajaba con ellos. El presidente no aceptó una petición de entrevistarlo.

Tres días después de que Hernández fue identificado como coconspirador el mes pasado, el diplomático estadounidense de mayor categoría en Honduras tuiteó que se había reunido con el mandatario “para reafirmar la colaboración y cooperación entre Estados Unidos y Honduras en asuntos de importancia bilateral”. Hernández incluyó ese tuit en una nota de prensa en la que se defendía.

Un sondeo de la firma CID/Gallup realizado entre el 6 y el 14 de mayo mostró que el 64% desaprueba la labor de Hernández. La encuesta tenía un margen de error de tres puntos porcentuales.

Presidente cuestionado

Hernández sufre una crisis de credibilidad desde que el Tribunal Supremo de Honduras dio luz verde a su reelección pese a un veto constitucional. Su victoria en el 2017 estuvo plagada de irregularidades y la oposición no se cansa de denunciar que hubo fraude.

El descontento ha ido en aumento pese al moderado crecimiento económico y al descenso de la tasa de homicidios, desde un descomunal 86,5 por cada 100.000 habitantes en el 2011 a 40 actualmente.

Pese a la mejora en cifras, el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo, tiene la mayor tasa de desigualdad de América Latina y sufre un éxodo de personas que huyen de la corrupción sistémica, la falta de empleo y las violentas pandillas que mantienen un control asfixiante sobre muchas comunidades.

Pero el partido de Hernández y sus aliados controlan el Congreso y cuentan con el apoyo del Ejército, lo que le permite resistir a la presión popular para que renuncie. En junio, los manifestantes contrarios a Hernández quemaron neumáticos y colocaron barricadas en autopistas, chocaron con las fuerzas de seguridad y saquearon comercios.

“En este momento hay una protesta, hay un rechazo fuerte, sólido, contundente (al presidente), pero no está el componente político de la anuencia del Gobierno de Estados Unidos”, manifestó Pineda.

Mientras Hernández siga en el cargo, los hondureños seguirán marchándose del país, afirmó el expresidente Porfirio Lobo, su predecesor y también miembro del Partido Nacional.

“Para que Honduras pueda avanzar e ir adelante él debería apartarse, hacerse a un lado” al menos mientras dure la investigación en Estados Unidos, dijo Lobo.

Los hondureños creen que Estados Unidos se mantiene firme por temor a quién pueda suceder a Hernández. No es una preocupación infundada, ya que Lobo también aparece como coconspirador en el caso contra el hermano de Hernández y que Zelaya ha afrontado sus propias acusaciones de corrupción.

Salvador Nasralla, un conocido comentarista de deportes en televisión que se presentó con un mensaje de lucha contra la corrupción, perdió las elecciones de noviembre del 2017. Nasralla iba en cabeza cuando, según las autoridades, un fallo informático detuvo el conteo de votos. Cuando se reinició horas más tarde, su ventaja se evaporó rápidamente, lo cual hizo que muchos sospecharan de un fraude electoral, algo que el gobierno rechaza.

Como candidato independiente, Nasralla se ganó a los hondureños hartos de los partidos tradicionales del país. Pero también se alió con el partido LIBRE de Zelaya, algo que el candidato describe ahora como un error “porque lo principal para Estados Unidos es que en Honduras no haya un gobierno de izquierda”.

Intereses de Estados Unidos

Los intereses del Gobierno estadounidense en Honduras comienzan con la lucha contra el narcotráfico. La geografía y las débiles instituciones del país lo han convertido en un importante punto de tránsito de la cocaína suramericana.

El Comando Sur de Estados Unidos mantiene estrechos lazos con la cúpula militar y el Ejército estadounidense tiene una gran presencia en la Base Aérea Soto Cano, al norte de Tegucigalpa.

También hay importantes intereses corporativos en juego, empezando por empresas estadounidenses de fruta, cuya presencia e influencia histórica inspiró el término “república bananera”. Durante las protestas de junio lideradas por médicos, enfermeras y profesores, una caravana de varios camiones con bananos para una filial de Dole Food fue saqueada e incendiada.

“Ante los ojos del pueblo, lo que genera es una leve desesperanza porque el pueblo lo que piensa es que no importa cuánta manifestación hagamos, no importa la magnitud pues mientras lo apoye Estados Unidos no lo vamos a poder sacar”, expresó Jorge Cálix, legislador del partido de Zelaya y que ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones presidenciales del 2019.

Aun así, Hernández parece cada vez más aislado. En la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla, realizada en agosto en San Pedro Sula, él era el único jefe de Estado. Y cuando una delegación del Congreso estadounidense dirigida por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó el país en agosto no se reunió con Hernández.

De vuelta en La Travesía, Sierra contó que sus padres lo habían llevado a Estados Unidos de forma ilegal cuando tuvo 11 años y vivió en Tennessee hasta ser deportado a los 19 hace una década. El inglés con acento sureño le sigue saliendo natural.

Los videos, álbumes y cintas que graba con amigos en AKA Family Productions no le dan suficiente para vivir por ahora, pero confía en que pueda ser una alternativa a la delincuencia o la emigración.

“La política no va a cambiar en realidad”, consideró Sierra. “El cambio está en nosotros”.