EscucharLima. La fiscalía de Perú incautó este miércoles al gobernador Wilfredo Oscorima tres relojes Rolex y una pulsera que supuestamente le prestó a la presidenta Dina Boluarte, por los que se le investiga en un caso de presunto enriquecimiento ilícito que podría poner fin a su gobierno.
“El Ministerio Público decidió hacer una incautación, sin mandato judicial. El argumento es que se podrían perder los bienes”, manifestó a los periodistas Humberto Abanto, abogado del gobernador de Ayacucho, tras salir de la fiscalía.
La medida se tomó durante una diligencia de exhibición de los tres relojes Rolex y la pulsera, cuya marca no se especificó, en el marco del caso conocido popularmente como Rolexgate.
La presidenta peruana, que está en el centro del escándalo por usar prendas de lujo que omitió declarar como funcionaria pública, se defendió el viernes pasado ante la fiscalía alegando que los Rolex que ha usado pertenecen a su amigo el gobernador Oscorima.
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“Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima”, dijo Boluarte, al señalar que ya los había devuelto. Boluarte también ha negado poseer joyas Cartier y Van Cleef, que le imputa la fiscalía en base a informaciones de prensa.
Mientras tanto ante la comisión de Fiscalización del Congreso, compareció el gerente de una tienda de joyas que tiene la exclusividad de venta de Rolex en Perú, quien negó conocer al gobernador Oscorima. Interrogado por los congresistas, el empresario Héctor Banchero dijo que “nunca lo ha visto” al gobernador comprando un Rolex en la joyería.
El gobernador de Ayacucho se presentó el martes en dicha comisión parlamentaria donde apeló a su derecho al silencio para no responder sobre el escándalo que salpica a Boluarte. Oscorima figura como testigo en la investigación.
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Tanto la presidenta Dina Boluarte como el gobernador Oscorima declararon públicamente que devolvieron los objetos de lujo en cuestión, pero las acusaciones persisten. (JOSH EDELSON/AFP)
Peruanos no creen a Boluarte
Un sondeo nacional reciente realizado por la empresa Ipsos revela que el 85% de la población considera que Boluarte busca entorpecer la investigación de la fiscalía en el caso Rolex. Solo un 10% cree que colabora, mientras que un 5% prefiere no pronunciarse al respecto. Además, un importante 77% sostiene que el Congreso, bajo el control de la derecha que respalda a Boluarte, está protegiendo a la mandataria.
Las indagaciones sobre el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos iniciaron el 18 de marzo tras una denuncia periodística de La Encerrona. Según la información revelada, Boluarte utilizó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
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La fiscalía tiene un plazo de ocho meses para investigarla. En caso de que decida acusarla, deberá esperar hasta julio de 2026, cuando finalice su mandato, para llevarla a juicio, conforme lo establecido en la Constitución. Desde el 2023, la fiscalía ya la investiga por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, relacionados con la muerte de más de 50 civiles durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, que exigían su renuncia y adelanto de elecciones.
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