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Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, conversó con la prensa -en las afueras del Hospital Rosales, en San Salvador- después del ataque a simpatizantes de ese partido, el domingo 31 de enero del 2021. AFP (MARVIN RECINOS/AFP)
San Salvador. El Salvador, aún lastimado por una guerra civil que culminó hace tres décadas, cerró filas para preservar la paz en sus elecciones legislativas del 28 de febrero, tras un atentado mortal durante la campaña que alteró el clima de tolerancia en el país.
El pasado domingo, dos simpatizantes de la exguerrilla y hoy partido político opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) murieron luego de un ataque a balazos contra una caravana proselitista.
"Ante este crimen que enluta a todo el país sin distinción de colores políticos, la única postura digna es la defensa de la paz y a favor de las víctimas", consignó en un pronunciamiento la Universidad Centroamericana (UCA).
Un agente de seguridad, un chofer y un vigilante privado, todos empleados del Ministerio de Salud, fueron detenidos y acusados por el crimen ante un tribunal.
Universidades, sociedad civil, empresarios y el Congreso condenaron el hecho de violencia. A las voces se sumaron la Embajada de Estados Unidos y la misión de la Unión Europea (UE).
El incidente se produjo días después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consideró una “farsa” los acuerdos de paz firmados entre el Ejército y la guerrilla, que pusieron fin a la guerra civil en 1992, luego de 12 años de enfrentamientos.
Lo que se vivió “definitivamente es un retroceso”, porque la violencia política era muy propia de campañas electorales que se realizaron cuando el país vivía una guerra civil y era dominado por regímenes militares, dijo la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade.
Tras el atentado mortal del domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó el martes a la ONU, la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) que adelanten el envío de sus observadores para los comicios.
El riesgo mayor, según Andrade, es que en el país "se anule la tolerancia como uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático".
En tanto, el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, pidió a la Fiscalía, al Tribunal Electoral y a la Procuraduría de Derechos Humanos "actuar de manera contundente en forma preventiva para que el proselitismo no se salga de control".
Marcando distancias con la derecha y la izquierda, el partido impulsado por Bukele, Nuevas Ideas (liberal, conservador), es favorito para tener mayoría en el Parlamento en los comicios de este mes.
Armonía y no odio
La Asamblea Legislativa, dominada por la oposición, arremetió contra el presidente Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa. En un manifiesto les pidió “abstenerse de seguir enviando a la población mensajes de odio” y “procurar armonía social y conservar la paz”.
El diputado derechista, Ricardo Velásquez, fue más allá y propuso estudiar la "incapacidad" del mandatario para el cargo.
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Once organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la prominente Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), también acusaron a Bukele de estimular mensajes de odio peligrosos para la democracia.
Ante las acusaciones, el gobierno respondió con un mensaje por televisión en el cual recordó la confrontación que hubo en el pasado entre la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), que gobernó el país entre 1989 y el 2009, y el FMLN, que estuvo en el poder entre el 2009 y el 2019.
“De qué odio hablan si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros”, sostuvo.
El gobierno sugirió que ambos bandos "caldeaban los ánimos a sus militantes para crear enfrentamientos", y "siguen promoviendo la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete".
El director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños, cree que “es irresponsable” pedir la inhabilitación del mandatario o culparlo.
“Los partidos políticos son igual de responsables” de la situación, consideró. Advirtió de que la violencia “asusta” el voto, que es voluntario, y puede generar abstencionismo.
Unos 5,4 millones de salvadoreños deberán elegir el 28 de febrero a los 84 legisladores del Congreso unicameral, así como a los 262 alcaldes y concejos del país.
También tendrán que escoger a una veintena de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacén), una institución dedicada a la integración regional.
El ambiente aún es tenso.
“El demonio anda suelto en El Salvador, hay muchos demonios sueltos, hay que pedir que Dios libere al país de Satanás en este tiempo de pandemia y en este tiempo de campaña electoral”, manifestó el cardenal Gregorio Rosa Chávez.
