EscucharCiudad de Guatemala. La Contraloría de Guatemala interpuso denuncias penales este sábado ante la fiscalía contra cuatro magistrados y un funcionario del Tribunal Electoral, señalados por presuntas irregularidades en la adquisición de un sistema informático utilizado en las elecciones presidenciales, las cuales resultaron victoriosas para Bernardo Arévalo.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó dos denuncias ante la fiscalía. La primera está relacionada con “deficiencias en la calidad del gasto en la adquisición” del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuyo costo ascendió a unos $19.3 millones, según indicó la CGC en su cuenta oficial en la red social X.
La segunda denuncia aborda la “adquisición de equipo innecesario” por un monto de aproximadamente $3.3 millones. Ambas denuncias señalan a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a un responsable del área de informática de dicha institución.
La presentación de la denuncia penal por parte de la Contraloría surge tras la realización de una auditoría en el TSE. La CGC asegura que, durante esta auditoría, se respetaron los derechos de defensa de los auditados, permitiéndoles “la oportunidad de presentar pruebas y argumentos de descargo”.
Es relevante destacar que la Contraloría aclara que su denuncia penal “no guarda relación con los resultados electorales”, ya que carece de competencia para fiscalizar o evaluar los resultados de las elecciones.
El 7 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala respaldó la solicitud de la fiscalía de levantar el fuero a los magistrados electorales debido a presuntas irregularidades en la adquisición del sistema TREP utilizado en los comicios ganados por el socialdemócrata Arévalo.
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El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) adquirido para las elecciones presidenciales en Guatemala tuvo un costo aproximado de $19.3 millones, según la Contraloría General de Cuentas (CGC). (JOHAN ORDONEZ/AFP)
La fiscalía presentó la solicitud a la Corte, imputando a ocho magistrados del tribunal electoral por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude”.
Además de estas acciones, la fiscalía emprendió medidas contra el TSE y el partido Semilla de Arévalo por posibles irregularidades en la inscripción de afiliados durante su creación en 2017.
Cabe destacar que el TREP fue adquirido a una empresa local y utilizado para el conteo de las actas electorales, agilizando así la divulgación de los resultados preliminares de los comicios.
La decisión de retirar la inmunidad a los magistrados para que sean investigados penalmente corresponde al Congreso.
Es importante mencionar que el presidente electo solicitó el 14 de setiembre el retiro de la inmunidad de la fiscal general Consuelo Porras y del juez Fredy Orellana, a quienes acusa de planear un “golpe de Estado” para impedir su asunción al poder el 14 de enero en reemplazo del actual presidente derechista, Alejandro Giammattei.
Estas acciones contra el partido Semilla se desencadenaron después de que Arévalo quedara en segundo lugar en las elecciones del 25 de junio, avanzando al balotaje del 20 de agosto, donde logró una amplia victoria con la promesa de combatir la corrupción.
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