EscucharStrasbourg. En sesión de este jueves, los diputados del Parlamento Europeo respaldaron una resolución no vinculante solicitando la adopción de sanciones contra los responsables de lo que califican como “la tentativa de golpe de Estado” en Guatemala.
El documento insta a aplicar medidas restrictivas contra la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros, alegando que estos funcionarios “socavan el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.
La resolución condena enfáticamente “el intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala”.
Los legisladores añadieron que estos esfuerzos se sustentan en “acusaciones infundadas de fraude”, por lo que solicitan “que se ponga fin de inmediato a estas acciones”.
La nación centroamericana experimentó una profunda crisis institucional luego de que la Fiscalía declarara “nulas” las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Bernardo Arévalo.
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Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron una resolución no vinculante, solicitando la adopción de sanciones contra los responsables de la "tentativa de golpe de Estado" en Guatemala.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, previamente condenó el episodio, calificándolo como un “intento de golpe de Estado, liderado por fiscales políticamente motivados”, y amenazó con sanciones.
Arévalo, un sociólogo de 65 años y líder socialdemócrata, sostiene que la Fiscalía busca evitar su asunción al poder, ya que sectores políticos tradicionales temen su compromiso declarado de luchar contra la corrupción. Su toma de posesión estaba programada para el 14 de enero.
El Tribunal Electoral de Guatemala afirmó que los resultados electorales “están oficializados y son inalterables”, desestimando los intentos del Ministerio Público para anularlos.
Además, países como los del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), Estados Unidos, la ONU y la OEA ya condenaron las acciones de la Fiscalía guatemalteca contra Arévalo.
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