Washington. Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra la fiscala general de la Corte Penal Internacional (CPI), la gambiana Fatou Bensouda, al objetar la investigación de soldados estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

“Cualquier persona o entidad que continúe asistiendo en forma material” a la fiscala en esas investigaciones “también estará sujeta a sanciones”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa.

El tribunal internacional deploró en junio "una serie de ataques sin precedentes" en su contra y subrayó la independencia de su trabajo.

“Hoy pasamos de las palabras a los hechos”, manifestó Pompeo, “porque, lamentablemente, la CPI sigue apuntando a los estadounidenses”.

“No toleraremos los intentos ilegítimos de la CPI de poner a los estadounidenses bajo su jurisdicción”, agregó, al anunciar la inclusión en la lista negra de Estados Unidos de Bensouda y de Phakiso Mochochoko, director de la división de Competencia y Cooperación del tribunal con sede en La Haya, Holanda.

Washington ya había prohibido previamente el ingreso de los funcionarios judiciales de la CPI a Estados Unidos y revocado la visa de Bensouda.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se limitó a “tomar nota” de las sanciones y aseguró que seguirá “de cerca la evolución de este expediente”, según su portavoz.

Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), reaccionaron con dureza.

“El compromiso de Estados Unidos con la justicia para las víctimas de los peores crímenes sigue declinando en forma vergonzosa”, reaccionó Balkees Jarrah, de Human Rights Watch (HRW), en Twitter.

Estas medidas punitivas “constituyen una perversión desconcertante” de las sanciones que “supuestamente penalizan a quienes violan los derechos humanos y a los cleptócratas”, no “para perseguir a quienes juzgan crímenes internacionales”, deploró Richard Dicker, también de HRW.

Las sanciones contra la fiscalaq de la CPI implican “otro ataque descarado contra la justicia internacional”, pues pueden “disuadir a los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos de buscar justicia”, criticó Daniel Balson, uno de los directores de AI, quien acusó al gobierno de Donald Trump de practicar “acoso e intimidación”.

La ira de Washington

A pesar de la oposición de Washington, el tribunal internacional autorizó en marzo abrir una investigación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad supuestamente cometidos por soldados estadounidense durante la guerra de Afganistán.

La investigación internacional impulsada por Bensouda está dirigida, entre otras cosas, a los abusos presuntamente cometidos por soldados estadounidenses en el país donde Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia desde 2001. También se han presentado denuncias de tortura contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El presidente Donald Trump había autorizado en junio sanciones económicas contra funcionarios de la CPI para disuadirlos de llevar ante la justicia a soldados estadounidenses.

La CPI deploró ese mismo mes "una serie de ataques sin precedentes" en su contra, subrayando su independencia. "Estos ataques constituyen una escalada y un intento inaceptable de socavar el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte", señaló entonces.

Los jueces de la CPI se habían negado inicialmente a autorizar la investigación tras una primera amenaza de sanciones de Washington, que a diferencia de Kabul no integra el tribunal, el cual se rige por el Estatuto de Roma, tratado que entró en vigor en 2002 y ratificado por más de 120 países.

Si bien gobiernos estadounidenses anteriores rechazaron sumarse al tratado, representa una de las principales encarnaciones del multilateralismo que denostan Trump y el campo más conservador.

“El multilateralismo por multilateralismo solo termina en una sala para conversar; no ayuda”, consideró Pompeo, quien está profundamente involucrado en la campaña de reelección de Trump, algo sin precedentes para un secretario de Estado en funciones.