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La Haya. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este jueves las pretensiones de Nicaragua contra Colombia para ampliar su plataforma continental en el Caribe, una zona rica en recursos de pesca y de petróleo.
El país centroamericano reclamó ante el tribunal delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.
Esa extensión supondría solaparse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La máxima corte de la ONU dijo que “rechaza” los argumentos de Nicaragua contra una sentencia de 2012 que le otorgó una gran extensión de sus zonas marítimas en el Caribe, sin ir más allá de las 200 millas náuticas que le harían solapar la soberanía de siete islas colombianas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró una “gran victoria para Colombia en La Haya”.
Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2023
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronunció este jueves sobre la última demanda pendiente entre Colombia y Nicaragua, que quiere ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, en una zona rica en recursos naturales.
El país centroamericano reclamó ante el tribunal delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.
Un fallo del CIJ de 2012 reafirmó la soberanía colombiana sobre esas islas, situadas a unos 110 kilómetros de la costa nicaragüense, al tiempo que otorgó a Managua una mayor extensión de sus zonas marítimas.
Por un lado, la corte de La Haya deberá indicar si existen criterios en el derecho internacional consuetudinario (normas jurídicas no escritas pero basadas en las costumbres) que determinen el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas.
Y por otro, deberá decidir si el derecho de un Estado a una plataforma continental extendida puede solaparse al espacio de 200 millas náuticas de otro Estado.
Sin embargo esa extensión supondría una superposición con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés.
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no le dio la razón a Nicaragua en su litigio con Colombia. Foto: AFP
Recursos naturales y pesca
Nicaragua sostiene que tanto el derecho consuetudinario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.
Pero Colombia, que no ha ratificado dicha Convención, argumenta que Managua “no demostró científicamente que tiene una plataforma continental” que se extiende más allá de 200 millas.
Según un comunicado de la cancillería, el gobierno presidido por el izquierdista Gustavo Petro alega además que dicha ampliación de la plataforma “no debería ser considerada como parte del derecho internacional consuetudinario”.
“En esta disputa están en juego zonas marítimas muy ricas en biodiversidad, recursos pesqueros, belleza paisajística, pero también recursos naturales” como gas y petróleo, señaló Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.
El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
Managua, que desconoce la validez del acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó una área de aproximadamente 75.000 km2 en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.
De esa forma, el fallo dejó a esas islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.
A raíz del dictamen de 2012, el gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.
En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos.
Colombia contrademandó a su vez a Managua por afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en estos territorios.
La corte dictaminó en abril de 2022 que Colombia había violado “los derechos soberanos y jurisdiccionales” de Nicaragua.
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