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Manifestantes usan pancartas como escudos para protegerse durante los enfrentamientos luego de una protesta contra el gobernador del presidente chileno, Sebastián Pinera, en Santiago, el 18 de diciembre del 2019, dos meses después de que comenzaran las protestas. Foto: AFP (MARTIN BERNETTI/AFP)
Santiago. El atropello de un joven manifestante por un vehículo policial durante una violenta protesta en Santiago volvió a poner en el centro de la escena el accionar de Carabineros, fuerza cuestionada por organismos humanitarios por su dureza durante las protestas en Chile.
El cabo de Carabineros (policía uniformada) Mauricio Carrillo fue detenido tras ser identificado como el conductor del vehículo blindado que atropelló a un joven de 20 años en enfrentamientos el viernes en Santiago.
La Fiscalía chilena presentó este sábado cargos en su contra por “cuasidelito de lesiones graves” en un tribunal de la capital chilena.
El juez que revisó el caso determinó la libertad del uniformado bajo firma mensual en una comisaría, y otorgó un plazo de 150 días para la investigación de los hechos.
El magistrado basó su decisión en que no era posible inferir "intencionalidad" en la actuación del policía, tras revisar las imágenes difundidas por medios televisivos locales que muestran el momento en que el joven, identificado como Oscar Pérez, sufre la embestida.
Pérez se encuentra en una clínica donde se determinó que había sufrido una fractura en la pelvis y lesiones en las caderas, pero se encuentra fuera de peligro, según un parte médico.
Preocupación por los derechos humanos
La Policía chilena ha sido criticada por organismos humanitarios debido al uso de la fuerza contra manifestantes desde que comenzó el estallido en Chile el 18 de octubre.
Varias organizaciones han advertido sobre violaciones a los derechos humanos de parte de agentes de seguridad del Estado, reclamo que reavivó el atropello de Oscar Pérez.
"Urge asegurar de manera efectiva que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento", indicó un comunicado de ONU Derechos Humanos-América del Sur, en su cuenta de Twitter.
"Urge asegurar que las personas puedan ejercer su derecho de reunión pacífica, sin restricciones, autorizaciones previas ni riesgos para su integridad física y otros derechos humanos", agregó la nota de la oficina de la ONU, que a nivel mundial es dirigida por la alta comisionada de los derechos humanos y expresidenta chilena, Michelle Bachelet.
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Por otra parte, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch dijo que "los autores materiales y los mandos a cargo de la operación deben ser destituidos y sancionados penalmente. Si eso no ocurre y pronto, continuarán los abusos".
“¿De qué sirven las charlas sobre DDHH que se dan los Carabineros si en la calle siguen actuando con brutalidad extrema?”, se preguntó Vivanco, sobre la capacitación en la fuerza.
26 muertos
El intendente de Santiago, Felipe Guevara, también fue criticado por lo ocurrido, ya que antes había ordenado el aumento del contingente policial en plaza Italia, epicentro de las marchas capitalinas, para evitar una nueva manifestación en el lugar.
Pese a ello, miles de manifestantes lograron doblegar a los policías y ocuparon la plaza el viernes. En medio de violentos disturbios, una motocicleta policial fue lanzada al río Mapocho que cruza Santiago.
En tanto, el joven diputado Gabriel Boric, del partido izquierdista Convergencia Social, fue agredido por una turba de manifestantes a pocas cuadras de Plaza Italia.
El local Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado que unas 350 personas han sufrido lesiones oculares graves –dos de ellas quedaron completamente ciegas– por disparos de perdigones y balines que utilizaba la Policía para dispersar protestas.
El estallido social en Chile lleva ya dos meses, y los muertos subieron de 24 a 26 este sábado luego de que se encontraran dos cuerpos calcinados en una tienda incendiada en Valparaíso (120 km a oeste de Santiago) a fines de noviembre.
