San Salvador. Un tribunal de El Salvador reinició este jueves el juicio a Evelyn Hernández, acusada de homicidio agravado por parir en su casa a un bebé presuntamente muerto, bajo la drástica legislación contra el aborto en el país centroamericano.

Se trata de la continuidad del juicio que se inició el 16 de julio y servirá para escuchar los testimonios de seis testigos en el Centro de Justicia en la localidad de Ciudad Delgado, en la periferia noreste de San Salvador.

“Solo les quiero decir que yo soy inocente”, y “se que él (juez) va hacer justicia”, declaró Hernández a la prensa al hacer su ingreso al tribunal.

Tras la instalación de la audiencia al ser las 10 a. m., la defensa consignó que espera que el juez de sentencia “reconozca la inocencia” de la joven en virtud de que “la Fiscalía no tiene elementos para demostrar dolo o intención de causar algún daño”.

Hernández, de 21 años, que se presentó este jueves al tribunal con una blusa gris, un pantalón negro y una bufanda blanquinegra, había sido condenada en julio del 2017 a 30 años de cárcel, pero la sentencia fue anulada en febrero de este año.

Su abogada, Elizabeth Deras, declaró que el equipo defensor está “optimista” porque los testimonios de la mayoría de los testigos de la Fiscalía han “abonado” a la teoría de la defensa de que Hernández es inocente.

Este jueves, la Fiscalía llevó a la sala a una patóloga que estudió el caso, un agente de la Policía que participó en la detención de Hernández y un agente que realizó una inspección ocular.

Por su parte, la defensa presentó a la sala a tres vecinos, dos de los cuales fueron testigos del parto y uno que llevó a Hernández al hospital.

Génesis de la acusación

El caso se remonta al 6 de abril de 2016, cuando la joven, según Deras, tuvo un “parto extrahospitalario” en una letrina. Luego al llegar a un hospital de la oriental ciudad de Cojutepeque quedó detenida y acusada de homicidio agravado.

En un primer momento del proceso se informó de que su embarazo fue producto de una violación, aunque ahora las abogadas defensoras se abstienen de hablar públicamente de las circunstancias a pedido de la acusada, quien vive en una comunidad bajo influencia de pandillas.

El parte forense del Instituto de Medicina Legal no es concluyente sobre lo ocurrido en el parto, aunque la defensa está convencida de que el niño nació muerto porque aspiró meconio, el primer excremento que, al ser expulsado dentro del vientre, causa daño al feto.

En febrero, la Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia de 30 años de prisión por homicidio agravado a Hernández, quien debió afrentar el nuevo juicio en libertad tras pasar 33 meses en la cárcel.

En esta oportunidad, la Fiscalía General de la República (FGR) cambió el cargo contra Hernández, quien ya no es acusada de homicidio agravado (con dolo y premeditación), sino de homicidio agravado por omisión (por negligencia, sin dolo), aunque insistirá en una pena de entre 30 y 50 años de cárcel, según la defensa.

La experta de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Teresa Delgado, lamentó que grupos religiosos alienten la “severidad” del sistema de justicia, que se “ensaña” con las mujeres pobres que tienen partos fuera de los centros hospitalarios.

Con gritos de “¡Libertad para Evelyn!” y “¡Abajo el patriarcado!”, medio centenar de feministas protestaban frente al tribunal con camisetas que tenían la inscripción “Libertad para las 17 y más”.

En El Salvador actualmente hay 16 mujeres encarceladas por abortos, algunas de las cuales sufrieron emergencias obstétricas, con base en una severa legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.

El artículo 133 del Código Penal establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto -incluso los espontáneos- como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

En el último año, cinco mujeres sentenciadas en este tipo de casos salieron de la cárcel, algunas de ellas con la pena conmutada.

La coordinadora del colectivo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), Morena Herrera, abogó porque se haga justicia en el caso de Hernández.

"Si la vuelven a encarcelar sería una injusticia y tendría graves repercusiones para la vida de Evelyn", advirtió Herrera.

Observadores de las embajadas de Alemania, España, Francia, Canadá y la Unión Europea seguían de cerca el proceso.