Colombia suspende órdenes de captura de disidentes de FARC para negociar paz

“Decidí suspender dichas órdenes de captura hoy (lunes)”, dijo el fiscal general Francisco Barbosa en un evento en Chía, un municipio vecino de Bogotá.

Los guerrilleros serán “reconocidos como representantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC)”, la mayor facción disidente (unos 2.00 combatientes), para dialogar con el gobierno, agregó Barbosa.

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El presidente Petro solicitó al ente investigador de manera soterrada suspender las órdenes de captura contra los guerrilleros y se debatía entre reconocer a los disidentes como actores políticos -pese a haber rechazado el histórico acuerdo que convirtió las FARC en partido político- o tratarlos como bandas del narcotráfico.

“En este caso concreto, para la fiscalía existe el fundamento porque el presidente le dio el carácter político a los disidentes que no firmaron el acuerdo de paz de La Habana”, aseguró el fiscal.

Según Barbosa, el mandatario concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz pero lo abandonaron alegando incumplimientos. El fiscal, sin embargo, no levantó los pedidos de captura contra miembros de ese grupo.

El gobierno no anunció cuándo se sentará a la mesa con los disidentes del Estado Mayor Central, cuya operación se extiende en buena parte de los 32 departamentos del país, especialmente en la Amazonía, el Pacífico y la frontera con Venezuela.

Según cálculos independientes, el EMC tiene más de 2.000 combatientes y la cifra va en aumento. El grueso de las FARC (7.000 guerrilleros) se desmovilizó en 2017.

En medio de la llamada política de paz total, delegados de Petro conversan desde noviembre con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en sedes rotativas como Caracas, Ciudad de México y próximamente en La Habana.

La fuerza pública y los rebeldes de todas las facciones están en un cese bilateral al fuego desde el 31 de diciembre, aunque el gobierno señaló violaciones al acuerdo.

En una entrevista concedida el 1.º de marzo a esta agencia, un jefe guerrillero del EMC del departamento de Nariño (suroeste) aseguró que una suspensión de órdenes de captura contra sus compañeros representaba el inicio de los diálogos de paz.

La actividad guerrillera y las operaciones de grupos herederos del paramilitarismo y narcotraficantes mantienen vivo el conflicto armado en Colombia.

Casi seis décadas de enfrentamientos con las fuerzas estatales dejan más de nueve millones de víctimas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados.

Banda narco atenta contra pacto de cese al fuego

Copiado!

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes al mayor grupo del narcotráfico del país de violar la tregua bilateral, anunciada el 31 de diciembre, al patrocinar a mineros ilegales que atacan a la población en el noroeste del país.

Los mineros, que según las autoridades responden a órdenes del Clan del Golfo, destruyeron el domingo el acueducto del municipio de Tarazá e incendiaron un peaje y una ambulancia en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia.

“Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El clan del golfo con su hostilidad contra la población rompe el cese al fuego”, tuiteó Petro.

Los trabajadores de las minas ilegales protestan desde el 2 de marzo contra la destrucción por parte del ejército y la policía de las dragas con las que extraen oro.

Según el mandatario, quienes alientan el denominado paro minero reciben “dinero del Clan del Golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social”.

Al filo de Año Nuevo, el primer izquierdista en el gobierno de Colombia declaró un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, todas las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Fue el primer paso para sentarse a negociar con todos los grupos irregulares, en el marco de lo que el gobierno llama la política de paz total.

Pero tras el anunció surgieron los problemas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó públicamente hacer parte de la tregua y el gobierno detectó violaciones por parte de los disidentes de las FARC.