Sao Paulo. AFP. Cerca de 1,5 millones de brasileños protestaron ayer de forma pacífica en todo el país contra la presidenta Dilma Rousseff , que enfrenta un complejo coctel de tensión social, política y económica, derivada, en parte, del escándalo de corrupción en Petrobrás .
La mayor protesta tuvo lugar en São Paulo, donde se manifestó un millón de personas, según la Policía, en su mayoría vestidas con la camiseta amarilla y verde de la Selección brasileña, como en el resto del país.
Medio millón más de personas protestaron en otras 83 ciudades de Brasil, en concentraciones que igualaron las espontáneas marchas callejeras efectuadas en junio del 2013.
Parte de los manifestantes reclamaron ayer la destitución de la presidenta, que comenzó su segundo mandato hace menos de tres meses, tras ser reelecta por un margen de apenas 3%.
Muchos pidieron incluso una intervención militar que ponga fin a más de 12 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), una paradoja en el día en que se cumplieron justamente 30 años del retorno de la democracia a Brasil luego de una larga dictadura militar.
“Hoy somos miles y miles de personas que pedimos la salida de Dilma Rousseff. El Gobierno está en una situación lamentable”, dijo Rubens Nunes, asesor jurídico del Movimiento Brasil Libre, uno de los grupos que organizó la protesta en las redes sociales, desde lo alto de uno de los grandes camiones que lideraron la marcha en São Paulo.
Unas 50.000 personas marcharon hacia el Congreso, en Brasilia, según cálculos de la Policía. El hartazgo de la corrupción parecía ser la amalgama de muchos manifestantes que reclamaban desde un golpe militar hasta la protección del acuífero Guaraní, mientras marchaban en familia, sacándose fotografías sin parar con sus teléfonos inteligentes y comprando agua de coco o lentes de sol a vendedores ambulantes.
La avenida frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, fue ocupada por unas 15.000 personas que coreaban “¡Fuera, Dilma; fuera PT!” y juntaban firmas para destituir a la presidenta.
Rita Souza, productora televisiva de 50 años, llevaba una pancarta que decía “Intervención militar ya”. “No estoy pidiendo un golpe (de Estado), sino una intervención constitucional para llamar a nuevas elecciones limpias, sin urna electrónica, sin la manipulación del PT. ¡Que se vayan todos para Cuba!”, dijo.
Varios politólogos brasileños se vieron obligados a explicar en los últimos días a la prensa que es imposible tener una “intervención militar constitucional”.
Encrucijada. La popularidad de Rousseff cayó 19 puntos en febrero, a 23%, y la presidenta enfrenta una situación compleja en varios frentes, con la economía estancada , la inflación elevada y decenas de legisladores investigados por su supuesta participación en el caso de corrupción de Petrobrás.
Otras marchas realizadas el viernes en apoyo de Rousseff y Petrobrás por sindicatos afines al PT reunieron a 175.000 personas según organizadores, y cerca de 33.000, según la Policía.
Al final de la jornada, dos ministros de Rousseff dijeron en una conferencia de prensa que el Gobierno anunciará en los próximos días “un conjunto de medidas para combatir la corrupción y la impunidad” y las enviará al Congreso para su aprobación.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sostuvo que el actual “sistema electoral anacrónico es la principal puerta de entrada de la corrupción al país”.
El escándalo de Petrobrás develó que varias firmas constructoras brasileñas destinaron millones a las campañas electorales del PT y otros partidos de la coalición, a cambio de contratos con la petrolera estatal.