Presidente electo de Panamá propone discusión directa con empresa minera canadiense

La compañía, por su parte, recurrió a arbitraje para exigir $20.000 millones en compensación por la decisión del gobierno panameño, avalada por la Asamblea Nacional, de clausurar su mina. Este cierre se convirtió en el epicentro de protestas que prácticamente paralizaron el país durante más de un mes a fines de 2023, a raíz de los supuestos daños medioambientales que ocasionaba.

“El gobierno es propietario de esa concesión (...), sobre esa base podemos discutir para definir si se reabre o se clausura de manera definitiva la mina Cobre Panamá”, enfatizó Mulino en una entrevista con la radio ArCa Media En Directo. Sin embargo, el presidente electo aclaró que no está dispuesto a abordar el tema de la mina mientras haya procesos arbitrales activos relacionados con el caso.

La minera, que comenzó el proceso arbitral el 1°. de diciembre, no emitió aún una respuesta a las declaraciones de Mulino, según lo solicitado por esta agencia.

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“Se abre la posibilidad de un diálogo entre el Estado y la empresa para buscar una solución que beneficie a ambas partes”, manifestó a esta agencia el director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, Zorel Morales.

Las declaraciones de Mulino no fueron bien recibidas por Guido Berguido, biólogo y ambientalista, quien señaló que el próximo presidente no puede negociar la reapertura de la mina debido a una “ley de moratoria minera indefinida” aprobada por el Congreso el 3 de noviembre.

“Para mí, Mulino está actuando con motivaciones políticas, intentando calmar las aguas y aumentar el valor de las acciones de First Quantum, brindándoles una esperanza”, declaró Berguido a esta agencia.

Mulino ganó las elecciones el domingo pasado, impulsado por la popularidad del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), quien se encuentra asilado desde hace tres meses en la embajada de Nicaragua para evitar su encarcelamiento, tras ser condenado por blanqueo de capitales.

‘Hay que sepultarlo’

Las protestas por el cierre de la mina se desencadenaron el 20 de octubre, coincidiendo con la aprobación por parte del Congreso panameño de un contrato de concesión por 20 años prorrogables. Dicha normativa fue inmediatamente promulgada por el presidente Laurentino Cortizo.

El 28 de noviembre, la Corte Suprema declaró el contrato de concesión “inconstitucional”, lo que resultó en la paralización de la producción. El gobierno anunció entonces la implementación de un programa de cierre de las instalaciones, sin una fecha definida.

Además de la mina, cuenta con una central termoeléctrica y un puerto para buques de gran calado. Para salvaguardar su inversión de unos $10.000 millones en Panamá, First Quantum inició el 1°. de diciembre el proceso arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje, un ente autónomo de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París.

Mulino, abogado derechista de 64 años, aclaró que en caso de renegociación, descartará el contrato firmado por el gobierno actual. “Lo único que no será, por el interés nacional, es repetir ese contrato o usarlo como referencia. Eso hay que sepultarlo”, afirmó el presidente electo.

La mina, en funcionamiento desde febrero de 2019, producía alrededor de 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, representando el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Además, empleaba directa e indirectamente a unos 40.000 trabajadores. Solo un reducido número de empleados continúan realizando tareas de mantenimiento.

“Con la mina, por primera vez en la historia, el salario promedio más alto del país se trasladó desde la capital hacia una localidad diferente”, destacó el director de la Cámara Minera. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y sindicales acusaban a la mina de causar daños severos al medio ambiente, y consideraban insuficientes los aportes anuales mínimos de $375 millones en regalías establecidos por el contrato.

Menor crecimiento

El cierre de la mina ha suscitado incertidumbres sobre la seguridad de la inversión extranjera en el país y ha ejercido presión sobre la economía panameña. En 2023, esta última registró un crecimiento del 7,3%, una de las tasas más altas de América Latina, pero se espera que este año se reduzca a un tercio, de acuerdo con los expertos.

Además, Panamá se enfrenta a una sequía que amenaza los ingresos del Canal de Panamá. Asimismo, según economistas, la Caja de Seguro Social se dirige hacia una situación en la que en 2025 no contará con fondos suficientes para pagar las jubilaciones de más de 310.000 panameños.