Porfirio Lobo, expresidente de Honduras, encara juicio por corrupción

Lobo llegó al juzgado acompañado por sus abogados, donde se inició la audiencia con la presencia de los fiscales del Ministerio Público.

Las audiencias, a las que el juez no permitió el acceso a la prensa, se extenderán por tiempo indefinido e involucran a otros cinco acusados por “fraude y violación de los deberes de los funcionarios”, según informó el Poder Judicial en redes sociales.

El pasado 14 de diciembre, Lobo y los otros cinco exfuncionarios comparecieron a la “audiencia de declaración de imputado”, momento en el que el juez les impuso “medidas cautelares que incluyen una caución de seis millones de lempiras (unos $240.000)”.

La acusación, presentada el 11 de octubre por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, involucra al expresidente Lobo (2010-2014), Juan Orlando Hernández y otros seis exfuncionarios, aunque uno de ellos se declaró prófugo al no presentarse a la audiencia de imputado.

Hernández, quien gobernó en dos periodos desde 2014 hasta enero de 2022, se encuentra preso en Estados Unidos desde abril de 2022 por tráfico de cocaína y uso de armas de fuego, acusaciones que podrían llevarlo a la reclusión de por vida.

Según Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, Hernández será sometido a “un procedimiento especial” debido a la incertidumbre sobre el resultado del juicio que se le sigue en Nueva York.

Por su parte, Lobo se dedica actualmente a la agricultura en su región natal de Olancho, en el este hondureño.

Ambos expresidentes, junto con otros seis exfuncionarios, “conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras ($11,6 millones)”, según argumenta la fiscalía.

Hernández, en su rol como presidente del Congreso, recibió “desembolsos desde fundaciones para el financiamiento de su campaña política” que lo llevó al poder en 2014. Mientras tanto, Lobo autorizó “el traslado de fondos entre secretarías para facilitar desembolsos a sus fundaciones utilizadas para drenar fondos”, añadió la fiscalía.