EscucharSan Salvador. Las organizaciones de derechos humanos y los jueces rechazaron la decisión de llevar a juicios colectivos a miles de presuntos pandilleros detenidos en El Salvador, afirmando que es una medida populista para favorecer la reelección del presidente Nayib Bukele.
El Congreso aprobó la norma el miércoles bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, lo que llevará a grupos de aproximadamente 900 reclusos a enfrentar un mismo juicio. Amnistía Internacional (AI) considera que esto implica una “violación de los derechos a la defensa”.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, declaró que, “transcurrido más de un año (del régimen de excepción), hemos constatado cómo las reformas legales asociadas a esta medida represiva han tenido como objetivo la erosión de las garantías elementales del proceso penal.”
Desde la aplicación del régimen de excepción, casi 72.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas criminales están detenidas en El Salvador, permitiendo arrestos sin orden judicial.
Bukele incluso construyó una megacárcel para encerrar a 40.000 pandilleros, considerada la prisión “más grande de América”, la cual es denunciada por organismos de derechos humanos debido a su duro régimen de reclusión.
Guevara Rosas indicó que “seguir adelante con juicios colectivos en las siguientes etapas del proceso penal constituye una violación de los derechos a la defensa, un juicio justo y la presunción de inocencia, derechos que han sido flagrantemente vulnerados” por Bukele.
Además, esta medida supone “una afrenta directa contra los derechos de las miles de personas que han sido sometidas a detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción”, agregó la responsable de Amnistía.
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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aplicó el régimen de excepción en ese país desde hace 17 meses. Poco más de 72 mil personas fueron encarceladas por aparentemente ser pandilleros o por estar vinculados con estos grupos criminales. (-/AFP)
“Condenas rápidas”
El juez Antonio Durán, un crítico del régimen de excepción, también rechazó la nueva norma, afirmando que el objetivo es “tener condenas masivas y rápidas”.
“Todo esto es parte de la campaña por la reelección (de Bukele), que es inconstitucional”, declaró el juez.
El magistrado aludió a que la Constitución salvadoreña no permite la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, en un polémico fallo, dio luz verde a Bukele para buscar un segundo mandato en las urnas, en febrero de 2024.
Los juicios colectivos fueron aprobados seis meses antes de las elecciones, mientras Bukele goza de alta popularidad como resultado de su “guerra” contra las pandillas, que ha elevado los niveles de seguridad pública en el país.
“Esto de los juicios masivos contradice un principio que es el principio de responsabilidad, la responsabilidad es individual”, indicó el juez Durán, afirmando que la medida “contrasta con los estándares internacionales” de justicia.
Sin embargo, el sociólogo René Martínez dijo que la medida es beneficiosa para los salvadoreños.
“Lo más importante es el beneficio a la población y eso buscan las medidas y por eso la gente las apoya”, indicó el académico de la Universidad de El Salvador
“Medida electorera”
La ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que con los juicios colectivos será “imposible” garantizar “un juicio justo y un derecho a la defensa”.
Marcela Martino, directora adjunta para Centroamérica y México de CEJIL, expresó que “esto nos hace preguntarnos si la posición y la política del gobierno es que se tiene que perseguir a las pandillas, la criminalidad organizada, dando muerte al Estado de Derecho y la democracia.”
Miguel Montenegro, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, atribuyó la nueva norma a motivos electorales, ya que fue impulsada por Bukele y aprobada con los votos del oficialismo, que controla el Congreso.
Montenegro comentó que la medida “obedece a una situación electorera que, como ya nos acercamos a las elecciones, va dirigida a convencer a los que están dudando del gobierno.”
“Juzgados por igual” -
La nueva disposición establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer hasta 24 meses presos antes de ser llevados a juicio o liberados.
Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen, dijo que la norma “vulnera los derechos de aquellos que no tienen nada que ver con las pandillas, pues serán juzgados por igual”.
”Está bien”
Las encuestas muestran que nueve de cada diez salvadoreños apoyan la gestión de Bukele, pues se sienten más seguros, pero en la ciudadanía no hay consenso sobre los juicios colectivos.
Para el obrero Virgilio Gutiérrez el nuevo decreto "está bien".
“Así como lo querían hacer [juzgar de manera] individual, no me parece, no es correcto, [demoraría] mucho tiempo”, indicó Gutiérrez.
Pero el contador público Juan Mejía no apoya los juicios colectivos, porque “la ley dice que hay que individualizarlos” a los detenidos para ser condenados.
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