Congreso de Estados Unidos presiona para poner fin a la represión en Nicaragua

En la misiva, los legisladores expresan que los esfuerzos emprendidos por la administración del presidente demócrata Joe Biden “han resultado insuficientes para frenar un patrón sistémico y continuo de represión estatal dirigido hacia todos los sectores de la oposición en el país”.

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Para que “no se olvide la difícil situación del pueblo nicaragüense”, solicitan a Blinken emplear “todas las autoridades legislativas y herramientas diplomáticas a su disposición para generar una respuesta internacional sólida y coordinada que promueva una solución diplomática para restaurar la democracia en Nicaragua”.

Nicaragua enfrenta sanciones por parte de los Estados Unidos debido a la represión de las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.

El gobierno estadounidense considera fraudulenta su reelección en 2021 y le recrimina una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales permanecen en prisión, se vieron obligados a exiliarse y despojados de su nacionalidad

De acuerdo con un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, las acciones de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, constituyen crímenes de lesa humanidad.

El Congreso de los Estados Unidos está pendiente de reautorizar una ley que condiciona las inversiones en Nicaragua, la cual expiró en diciembre. Sin embargo, los cinco congresistas demócratas y cuatro republicanos consideran que el gobierno aún tiene margen de acción.

Recomiendan que se aplique “plenamente” la llamada ley RENACER y una orden ejecutiva que autorizan “acciones adicionales” para “incentivar al régimen Ortega-Murillo a cambiar de rumbo”.

Esto se refiere a la “reevaluación de los beneficios” de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA) y la supervisión de los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En opinión de los congresistas, el gobierno demócrata debería brindar un mayor respaldo a la sociedad civil exiliada y a los líderes de la oposición, además de aplicar de manera más estricta las restricciones de visa para “limitar el enriquecimiento corrupto de funcionarios clave y familiares del régimen Ortega-Murillo, incluso en relación con el sector del oro”.

Consideran “imperativo” responsabilizar y presionar a Managua “para que lleve a cabo iniciativas diplomáticas que aseguren la liberación de todos los presos políticos, restablezcan espacios cívicos para la libertad de expresión y religiosa, y pongan fin a la represión sistémica y los abusos contra los derechos humanos”, pero creen que esto debe hacerse “en estrecha consulta y coordinación” con los socios de América Latina.