Gobierno mantiene estrecho presupuesto para obras públicas en 2024

A pesar de que esta cifra representa un aumento del 9% en comparación con el presupuesto del 2023, cuando se observa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) del país, la inversión apenas aumenta en 0,03 puntos porcentuales (p. p.) en relación con el año en curso.

Este monto representa el 4,9% del plan de gasto total, que alcanza los ¢12.635.552,3 millones, y representa aproximadamente el 1,25% de la producción prevista para el 2024.

En la última década, el gasto de capital ejecutado por el Gobierno Central, que incluye principalmente ministerios, ha estado por debajo del 2% del PIB. El monto programado para este año representa el 1,22% del PIB, aunque es importante señalar que no todo el presupuesto programado se ejecuta, lo que hace que los datos presupuestados para 2023 y 2024 no sean directamente comparables.

Andrés Fernández, economista e investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), señaló que los indicadores de gasto e inversión en relación con el PIB aportan información de la relación entre la tasa de crecimiento de la economía contra la tasa de crecimiento del gasto de capital en este caso, lo que permite concluir que la inversión en este rubro ha disminuido con los años.

Los gastos de capital incluyen una amplia gama de actividades, como la construcción de edificios, la compra de terrenos, carreteras, maquinaria, equipo, activos intangibles como licencias de software y la adquisición de activos. También se consideran las transferencias de capital que el Gobierno realiza a otras entidades para invertir en obras.

La regla fiscal establece que cuando el nivel de la deuda gubernamental supera el 60% del PIB, como es el caso actual, el aumento del gasto corriente no debe exceder el 65% del promedio de crecimiento del PIB. Para el presupuesto del 2024, el gasto total y corriente no puede crecer más del 3,53%.

Luis Liberman, economista y exvicepresidente de la República, explicó que a pesar de las limitaciones impuestas por la regla fiscal, el Gobierno tiene margen para decidir cuánto invertir en gasto de capital, ya que podría reducir erogaciones en otras áreas para cumplir con esta regla. Sin embargo, señaló que en los últimos años, la inversión ha sido el rubro más afectado por la regla fiscal.

Según Liberman, el gasto de capital es “totalmente insuficiente” para las necesidades del país en un momento en que existen restricciones en el gasto. Sin embargo, reconoció que el límite de la regla fiscal es necesario para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB y mejorar la salud financiera del país.

El consultor internacional Jorge Cornick también compartió la opinión de que el nivel de inversión en capital en Costa Rica ha sido bajo durante años y que es insuficiente el monto propuesto en el proyecto, lo que se traduce en deficiencias en infraestructura, escuelas en mal estado y carreteras incompletas.

Liberman prevé que en sea para el presupuesto del 2026 cuando Costa rica entre en el esceneario de la regla fiscal en el que únicamente el gasto corriente no pueda sobrepasar el 75% del crecimiento promedio del PIB, lo que dejaría a los gastos de capital libres de la aplicación y así se podría invertir más en obras.

Andrés Fernández indicó que no ha sido solo la regla fiscal la que ha limitado el gasto de capital, sino también la rigidez que establecen las propias disposiciones legales respecto a otros gastos que obligatoriamente deben atenderse, como aumentos en las remuneraciones.

OCDE cuestiona baja inversión

El informe económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Costa Rica en el 2023 señala que históricamente, el gasto de capital en el país ha sido insuficiente, lo que ha resultado en “brechas significativas en la infraestructura”. Además, la OCDE no prevé que la inversión en gasto de capital como porcentaje del PIB supere el 2% al menos hasta 2027.

Según resaltó OCDE en su informe, el disparo del gasto entre el 2008 y el 2019 involucró casi exclusivamente gastos primarios corrientes adicionales, e hizo que el Estado descuidara inversiones clave en gastos de capital que “sustentan las perspectivas de crecimiento a mediano plazo”.

Por dicho motivo, la organización resalta la importancia de centrar los esfuerzos necesarios de contención fiscal en el gasto corriente facilitarían el uso de gastos de capital para cerrar algunas de las numerosas brechas de infraestructura en el país.

La entidad recomendó ejecutar una reasignación del gastos con el fin de crear espacios para que se fortalezca el gasto de capital. A pesar de eso, el Gobierno proyectó que para 2024 la inversión en gasto de capital sea de 1,25% del PIB, por debajo de lo que proyectó OCDE para el próximo año (1,9%).

¿Qué se tiene planeado para el 2024?

En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto 2024 se indican algunas de las obras que se planean hacer en el 2024. La mayoría de instituciones utilizarán parte de los recursos de gasto de capital en la compra de maquinaria y equipo o intangibles. Ambos rubros representan gastos presupuestados por ¢55.128 millones y ¢30.593 millones respectivamente.

Si se excluyen las transferencias de capital que hace el Gobierno a las distintas instituciones por ¢344.201 millones, el concepto que más presupuesto en gasto de capital demanda son las vías de comunicación, con un inversión presupuestada de ¢143.253 millones.

Algunas entidades en específico tienen distintos planes con ese presupuesto. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por ejemplo, proyectó ¢3.694 millones a la ampliación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, ¢3.055 millones para el mejoramiento del Aeródromo de Quepos y otros ¢2.569 millones a la ampliación y mejoramiento de la ruta 27 entre San José y Caldera.

En el Ministerio de Salud se incluyen recursos para algunas edificaciones como el Área Rectora de Salud de Atenas, los CEN CINAI de las comunidades de Guayabo, Peje, Buenos Aires, Bahía Ballena, Cañas y Esparza, además de los CEN CINAI en las poblaciones indígenas de Baidambú, Alto Conte/El Progreso y de Boruca.

La Presidencia de la República, por ejemplo, destinará ¢132,1 millones, para la adquisición de bodegas en diferentes cantones del país, para fortalecer las capacidades operativas y de logística en situaciones de emergencia. También invertirán otros ¢20 millones para reparaciones en el edificio de Casa Presidencial.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) destinaría ¢145,4 millones a continuar el proyecto de construcción de la nave central del TSE, en específico para el 2024 se destina para la demolición y planos de la nave del TSE.