Competencia perfecta: Hacia un nuevo contrato social

Lamentablemente, las pocas veces en que se profundiza en lo que realmente implica acometer esa tarea de buscar acuerdos máximos, se suele terminar mirando al pasado y limitando la discusión a solo una fracción pequeña del universo de interrelaciones sociales y colectivas.

El mirar al pasado es un problema grave. Necesariamente, los nuevos acuerdos colectivos no deben mirar el ayer con nostalgia ingenua o, peor aún, interesada.

En muchos actores políticos y sociales, se percibe ese suspirar por pasados idealizados, muy probablemente porque en ellos se disfrutaron privilegios producto de los arreglos colectivos y políticos vigentes entonces.

La definición hoy de un nuevo contrato social requiere, por el contrario, llegar a acuerdos sobre los futuros posibles para las ciudadanías, requiere, por tanto, de una visión necesariamente prospectiva.

Las sociedades democráticas modernas se han complejizado de una manera impensada tan solo unas décadas atrás, de forma que, con rapidez, las intervenciones y las políticas públicas se han vuelto insuficiente o inefectivas para acometer retos actuales como el cambio climático, el crecimiento y desarrollo económicos con inclusión o las demandas de más amplias libertades y derechos para ciudadanías más vocales y diversas.

La sociedad y sus demandas han cambiado enormemente, pero a pesar de ello, se sigue pensando en clave de políticas públicas ancladas más de 50 años en el pasado, concebidas para resolver problemas de ese entonces e incluso, elementos tan prosaicos como su financiación siguen estructurándose en función de patrones de producción, acumulación de riqueza y distribución lejanos.

Los esquemas de representación necesarios para la gobernanza –tanto en el día a día como la del proceso de negociación de estos enormes acuerdos colectivos – también deberán ser remozados.

Las reglas de mayoría democrática tan sencillas y útiles en el pasado no van a ser suficientes, pues por un lado como se habla de futuros habrá que pensar la forma de considerar, plenamente, los intereses legítimos de nuevas generaciones; el mejor ejemplo de esto son las políticas ambientales que, sin duda, imponen cargas y las distribuyen entre generaciones.

A pesar de lo imperioso que resulta iniciar la búsqueda de los acuerdos en torno al nuevo contrato social, las democracias deberán cuidar sus pasos ante el surgimiento de autoritarismos disfrazados de urgencia y de mayorías electorales.

Como nunca, deberá evitarse que el ejercicio del poder se concentre y, por el contrario, será necesario fortalecer no sólo los pesos y contrapesos usuales sino los mecanismos que permitan a las ciudadanías expresarse y ser tomadas en cuenta, no sólo en los ciclos electorales, sino en cualquier momento sobre temas clave que les afecten.

Al mismo tiempo que las instituciones de representación política tradicionales deberán fortalecerse; también requieren hacerlo las encargadas de las políticas públicas de largo aliento y de la regulación, como única forma de evitar que los egos, las vanidades y el inmediatismo electoral afecten intervenciones gubernamentales clave.

Pero quizás lo realmente importante para que este proceso ambicioso de negociación colectiva arroje resultados justos, equitativos y que realmente satisfagan las demandas de las ciudadanías es que los actores políticos –desde partidos, hasta grupos de interés– abandonen la concepción de lo social y político como un juego de suma cero, y de lo electoral como el de lograr mayorías a cualquier precio.

Ambas cosas han llevado a la polarización y la lucha tribal en la política, sobre estos discursos podrán obtener victorias pírricas electorales, pero es imposible construir un futuro de bienestar y oportunidades que parta de la base de entender a los otros no como enemigos, sino como compañeros de viaje hacia un destino común.