Grupo Saret entra en proceso de quiebra

Así consta en la sentencia 2023000313, redactada por la jueza Jennifer Arroyo, en la cual se dictó la disolución del grupo y suspensión de todos los poderes a los administradores y representantes legales de las firmas.

Las sociedades anónimas que serán desinscritas del Registro Público y cerradas son, según la sentencia judicial, Grupo Corporativo Saret, Saret de Costa Rica, Saret Metalmecánica, Saret Maquinaria y Equipo, y Saret Acero.

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En el fallo, del cual tiene copia La Nación, se ordena la separación de los administradores y representantes de todas las sociedades citadas, y el nombramiento de un liquidador por parte del juzgado, quien asumirá la representación y administración de las sociedades concursadas.

Juan Ramírez Steller, unos de los socios del conglomerado, lamentó la decisión judicial y confirmó que impugnarán la sentencia “con firmeza”. Además, añadió que no tienen pasivo laboral, pues las obligaciones con los trabajadores fueron canceladas.

“En este momento no puedo ampliar la demás información que solicita por ser confidencial y formar parte de un proceso legal”, aseguró sobre las consultas de este diario relativas al saldo de la deuda con sus acreedores.

Sin embargo, insistió en que las compañías del conglomerado siempre han demostrado un compromiso inquebrantable con sus empleados y socios comerciales.

El Grupo Corporativo Saret solicitó, en agosto del 2018, la apertura de un convenio preventivo para evitar la quiebra del grupo económico a raíz de una crisis financiera por falta de liquidez e impago de clientes, según los documentos presentados por la empresa en la vía judicial.

Al solicitar la protección judicial, la compañía informó de que tenía una deuda de $33 millones, pero durante el proceso los acreedores de la firma presentaron legalizaciones por $56,8 millones y ¢1.866 millones. Para pagar sus deudas, la empresa propuso la venta de activos, ingresos por obras ofertadas y recursos provenientes de litigios pendientes.

Grupo Saret informó de que debido a la cancelación de proyectos se vieron obligados a despedir a 800 trabajadores a los cuales se les pagó más de $3 millones en prestaciones.

Al proceso concursal se presentaron 50 acreedores entre personas físicas y jurídicas. Varios de ellos son entidades públicas como el Banco de Costa Rica (BCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Instituto Nacional de Seguros (INS), Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Todas ya presentaron los alegatos de cobro.

Sin embargo, en la sentencia del pasado 15 de diciembre, el Juzgado Concursal terminó declarando la insubsistencia del convenio preventivo por falta de capacidad de las sociedades para hacer frente a sus deudas.

La solicitud de transformar el convenio preventivo en una liquidación fue presentada por Róger Guevara, abogado de la empresa panameña Hidroeléctrica San Lorenzo, uno de los acreedores de Saret.

El jurista dijo que desde hace cuatro años era evidente la incapacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas.

“El convenio preventivo era inviable. Existe suficiente prueba financiera, de contratos, mercantil, de fideicomisos y temas bancarios que demuestran que el grupo empresarial Saret tiene incapacidad de atender todos sus pasivos”, afirmó Guevara.

En febrero del 2021, el Juzgado Concursal había ordenado el proceso de liquidación del conglomerado empresarial, pero la medida fue revertida después de una apelación presentada por la compañía.

El Grupo Empresarial Saret es una empresa familiar, fundada en enero de 1976, y cuyos representantes son los hermanos Miguel Ángel, Juan, Gerardo y Luis Mariano Ramírez Steller.

Las empresas operan en negocios como el de generación eléctrica, metalúrgica, desarrollo de proyectos, infraestructura civil, equipo de construcción y parques industriales.

Según el sitio web de la firma, el grupo desarrolló proyectos en Centroamérica, Panamá, Venezuela, México y Estados Unidos. Además posee oficinas en Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Proceso de cierre

En la sentencia judicial se convocó a los acreedores e interesados para que se apersonen a ejercer sus derechos de cobro dentro de un plazo de 15 días posteriores a la publicación del fallo. Pero, las personas y empresas que legalizaron sus créditos en el proceso no tendrán que hacerlo de nuevo.

En la resolución del Juzgado Concursal no se detalla a cuánto asciende el endeudamiento del grupo empresarial Saret, con la legalización de deudas.

Sin embargo, el abogado de Hidroeléctrica San Lorenzo dijo que solo a su representada le adeudan $36,7 millones entre principal e intereses.

Adicionalmente, las sociedades del conglomerado tienen pendiente de pago ¢552 millones en cargas sociales y ¢14,7 millones en impuestos, según la Caja Costarricense de Seguro Social y la Dirección General de Tributación, respectivamente.

Por otra parte, la sentencia judicial dictó las pautas por las cuales se dará la liquidación del grupo. Primero deberán cerrar las unidades productivas que aún están en marcha, posteriormente las unidades sin operación y los bienes de las sociedades.

“La persona liquidadora queda de derecho autorizada para utilizar los medios tecnológicos que permitan la subasta, liquidación y venta del activo concursal en un plazo de seis meses contados a partir de su nombramiento”, se indica en la resolución judicial.

Adicionalmente, se dieron por vencidos todos los contratos suscritos previo al proceso judicial y el tribunal podrá fijar las indemnizaciones de la conclusión contractual anticipada. También se suspenderán los procesos judiciales y extrajudiciales cobratorios y de ejecuciones dinerarias interpuestas contra las empresas.

Por último, el Juzgado removió al curador Róger Mora Calderón del proceso concursal y le instruyó presentar su informe final sobre el proceso.