La Superintendencia de Pensiones (Supén) cuestionó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por su falta de diligencia para definir las reformas que reduzcan los riesgos de corto plazo del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La crítica la planteó Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, en un oficio enviado a Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, el 3 de marzo.

“La mayoría de las situaciones que se citan en este informe, han sido comunicadas en años anteriores y aún se mantienen pendientes de atención, razón por la cual es necesario que se analicen detenidamente cada una de ellas, con el propósito de que se tomen decisiones certeras”, reprochó Aguilar, en el oficio SP-260-2021.

La nota, de la cual tiene copia La Nación, iba acompañada de un análisis efectuado por la entidad supervisora acerca de la gestión financiera y sostenibilidad actuarial del principal sistema de jubilaciones de Costa Rica.

La funcionaria dijo que la decisión debe lograr mitigar a corto plazo los riesgos a los que se encuentra expuesto el régimen de pensiones.

Añadió que las metas planteadas en la reforma propuesta por la Caja son insuficientes, dado el problema actual del régimen, pero permitirían alargar su vida por 20 años y abrir espacio a una discusión nacional con el fin de elaborar un cambio en el sistema de pensiones del país, no solo en el fondo administrado por la Caja.

“Hablamos de ganar tiempo. Esas reformas eran necesarias desde años atrás (...) Pero la pandemia las hace necesarias, por eso urgen, pero pasan los días sin tomarse las decisiones”, recalcó la superintendenta.

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Adicionalmente, el Comité de Vigilancia del IVM urgió a los directos la pronta aprobación de los cambios normativos.

“El régimen se enfrenta a una situación de insolvencia a mediano y largo plazo, producto de un crecimiento acelerado de sus gastos, que se asocia a un incremento del número de pensionados, beneficios que superan los aportes realizados”, destaca el informe del cual tiene copia este diario.

El Comité de Vigilancia es un órgano externo a la entidad autónoma que opera desde el 2001. Está integrado por seis miembros titulares y seis suplentes. Tiene representantes de los trabajadores, empresarios y el Gobierno y su objetivo es brindar recomendaciones de cara al fortalecimiento del régimen de pensiones.

La Directiva de la CCSS instruyó a la Gerencia de Pensiones establecer un plan de acción para abordar las observaciones de la Supén. Mientras tanto, dio por recibido el documento del Comité de Vigilancia, según consta en el acta 9.169, del 15 de abril.

El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica en el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado. A febrero, contaba con 305.835 beneficiarios de una pensión.

La pandemia de la covid-19 hizo que el sistema reportara, en el 2020, el nivel más bajo de crecimiento de la reserva de los últimos nueve años. A diciembre anterior, el saldo ascendió a ¢2,38 billones, es decir, tuvo un incremento de apenas 3,83%, comparado con el mismo periodo del 2019.

La drástica reducción de los ingresos del fondo obligó a la entidad, el año pasado y durante estos primeros meses del 2021, a tomar ¢25.000 millones mensuales de la reserva del fondo para hacerle frente a los gastos en pago de pensiones.

Sin definición

La Directiva de la Caja aprobó, el 10 de agosto, los tres planes de reformas al sistema de pensiones. Estaba previsto que se tomara una decisión en marzo pasado; sin embargo, el tema aún no se discute.

Los cambios propuestos van desde elevar la cotización tripartita al fondo desde el 10,66% actual hasta 15,16% o unificar el monto de la jubilación para que sea equivalente al 45% del salario para todos los nuevos pensionados. Actualmente, es del 52%.

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Además, plantea establecer la edad de jubilación en 65 años para todos los trabajadores. Eso implica eliminar la pensión anticipada que permite a las mujeres retirarse a los 59 años y 11 meses, con 462 cuotas; y a los hombres a los 61 años y 11 meses, con 462 cuotas.

Los ajustes comenzarían a regir 18 meses después de que sean avalados en firme por los directivos de la Caja.

El objetivo de la reforma es alargar la vida del fondo de jubilaciones a una fecha entre el 2050 y 2053.

El último estudio actuarial del IVM, de julio del 2019, previó que la reserva del sistema se agotará en el 2037.

El informe del Comité de Vigilancia se opuso a la propuesta de elevar el aporte obrero-patronal al sistema y solo respalda subir la contribución estatal. Actualmente, los patronos contribuyen con 5,25%, los trabajadores 4% y el Estado 1,41%.

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“La alternativa inicialmente a impulsar deberá ser la eliminación del retiro anticipado, tanto para hombres como para mujeres, siguiendo la transición de cuatro años expuesta como alternativa adicional”, recomendó el Comité de Vigilancia a los directivos.

También propuso que el monto de la pensión sea la variable que menos ajustes tenga, por el impacto que tendría en los futuros jubilados.

La reforma propuesta en la fórmula de cálculo de la pensión futura del IVM reduciría el monto mensual a recibir entre 15,6% y hasta 23,2%, frente a las reglas vigentes de jubilación

El Comité de Vigilancia destacó que es necesario efectuar ajustes de manera inmediata al régimen, de lo contrario el sistema pasará de un sistema de capitalización, a un esquema de reparto.

Esto significa que el sistema agotaría la reserva y los gastos estarían sujetos a los ingresos de cada año.