El fondo especial de pensiones de los trabajadores del Banco Nacional tiene 870 jubilados quienes reciben pensiones altas que socavan la estabilidad del sistema.

Este grupo de personas tiene una jubilación promedio de ¢939.000 al mes. Sin embargo, por cada ¢100 de pensión que reciben solo aportaron ¢43, según el más reciente Estudio técnico actuarial del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional, del 27 de marzo pasado.

Una realidad diferente será la de los 5.229 empleados que hoy cotizan al régimen. Cuando estas personas se retiren, por cada ¢100 de su jubilación, habrán aportado ¢124, según este mismo informe.

Dicha situación es una de las razones que provoca un déficit actuarial de entre ¢45.763 millones y ¢130.842 millones en el sistema de la entidad pública, muestra el estudio realizado por Ernst & Young.

Los empleados actualmente cotizan al sistema por encima de lo que recibirán, porque entre el 2003 y el 2016 se hicieron cinco reformas para variar el cálculo de la pensión y la contribución al fondo.

“Se percibe una inequidad intergeneracional, ya que se espera que las generaciones actuales y las nuevas generaciones aporten más en comparación con lo aportado por los actuales pensionados en curso de pago”, se detalla en el informe actuarial del cual tiene copia La Nación.

El documento establece que la única manera para salvar el sistema es establecer la cotización obligatoria de todos los jubilados de entre 1% y hasta el 15%. Al cierre del 2019 había 1.539 personas retiradas en este fondo.

El aporte del 15% se propuso para las personas que tienen un pensión mensual por encima de los ¢1,6 millones, establecida como beneficio máximo en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

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En tanto, la tasa del 1% sería para todas aquellas jubilaciones iguales o menores a dos veces la jubilación del IVM, la cual es de ¢269.000. Hay otras dos tasas de 5% y 12% que se aplican por monto de jubilación y dependiendo de la edad de retiro de la persona.

También se propuso disminuir el cálculo de las pensiones que se heredan, a hijos y cónyuges, para que sean solo de la mitad del beneficio del extrabajador fallecido, en vez del 70% actual.

El régimen de la entidad bancaria se financia con la contribución del Banco del 10% sobre del sueldo de los 5.229 empleados afiliados. Los empleados aportan 5,5%, pero dicha contribución subirá al 7% en los próximos ocho años.

Sin embargo, Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), comentó que pese al aumento de la cotización al trabajador persistirá el déficit actuarial, pues este tiene relación con las pensiones en curso de pago.

“Lo que consta para efectos de la Supén es que la Junta Administrativa (del régimen del Banco Nacional) no ha aprobado ninguna reforma para que los pensionados coticen”, afirmó Aguilar.

Carlos Chavarría, gerente del régimen de pensiones del Banco Nacional, rechazó que las pensiones altas del régimen sean las generadoras del déficit, pues cada trabajador aporta el mismo porcentaje de acuerdo a su salario.

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“La sostenibilidad (…) está determinada por los beneficios otorgados versus los aportes realizados de los participantes, y del efecto de variables muy sensibles como lo son aspectos demográficos, económicos y financieros”, aseguró Chavarría.

El vocero dijo que hay una comisión de fortalecimiento de fondo de pensiones la cual se encargará de presentar una propuesta de reforma.

En tanto, Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional, defendió la existencia del régimen de jubilaciones como parte del esquema de beneficios de la institución estatal a sus trabajadores.

A diciembre del 2019, el régimen de jubilaciones del Banco Nacional contaba con una reserva de ¢185.618 millones. Este sistema especial se creó en 1953 con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Origen de la desigualdad

La inequidad señalada en el estudio actuarial se fundamenta en la forma en que los jubilados actuales obtuvieron el beneficio.

Desde el 2003 se estableció vía reglamento que quien tuviera 10 años de cotizar al régimen, hasta ese momento, mantiene el derecho jubilarse a los 55 años, para las mujeres; y a los 57 años para los hombres, cuando cumplan 20 años de permanencia en el sistema.

También conservaron la forma de cálculo del monto de la pensión. El monto máximo es el 71,5% del salario de referencia al retiro. Este es un promedio de los últimos cinco años de sueldos brutos de la persona.

Dicho esquema permite que la pensión más alta del fondo especial sea actualmente de ¢7,1 millones al mes.

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Asimismo, la contribución de los actuales jubilados era del 5% de su salario.

Tales condiciones permiten que el 57% de los jubilados (870) reciban el 84% del gasto en pensiones anual, el cual fue de ¢14.800 millones en el 2019.

De este grupo de personas, 521 tienen pensiones de hasta ¢1.000.000 al mes; 292 hasta los ¢2 millones; y en los restantes 57 jubilados el monto supera los ¢3 millones, según la información brindada por la entidad pública.

En contraste, quienes laboran actualmente en el Banco Nacional tendrán derecho al retiro hasta cuando alcancen la edad de jubilación del IVM, es decir 60 años las mujeres y 62 los hombres.

El monto de la pensión será equivalente al 25% del salario de referencia de los últimos 25 años del empleado.

Además, el fondo cuenta con un tope de pensión de ¢4 millones y la cotización obrera llegará al 7% en los próximos años.

Aguilar recordó que en el Congreso hay una iniciativa que propone el cierre de este sistema especial, así como el de los trabajadores de la CCSS, ICE, ICT, JPS y el BCR.

La jerarca destacó que la Superintendencia actuará de asesor técnico de los legisladores.

Renuncias elevan gastos del régimen especial

El estudio actuarial también realizó una revisión del desempeño financiero de los últimos cinco años del régimen especial del Banco Nacional.

La revisión muestra que, en el 2019, los gastos del fondo ascendieron a ¢28.402 millones, es decir, 54% más respecto a los ¢18.339 millones del año previo.

El relevante incremento se explica por la salida de 188 de empleados del Banco, quienes se llevaron ¢9.473 millones cotizados en el fondo, se detalla en el estudio actuarial.

El reglamento del sistema de jubilaciones permite al trabajador llevarse su aporte y el realizado por la entidad financiera al dejar la institución, lo cual se conoce como liquidaciones actuariales.

“El incremento observado en el monto de las liquidaciones actuariales podría estar relacionado con la salida observada en el año de 188 empleados con más de 12 años de antigüedad, así como la movilidad laboral promovida por el Banco mediante la cual se dio la renuncia y recontratación de 24 empleados, de los cuales 20 poseían más de 20 años de antigüedad”, se explica en el informe.

Carlos Chavarría, gerente del régimen, destacó que la salida de personal del Banco también implica, a futuro una reducción en el costo actuarial.

“Se debe considerar que si bien el retiro total de los recursos representa una caída inmediata en la reserva actuarial, también representa un ahorro futuro para el fondo, puesto que no se contrae una obligación futura de pago de pensión”, destacó Chavarría.

El informe de Ernst & Young muestra que la salida de personas del Banco implicó una reducción de la utilidad del régimen.

En el 2016, la ganancia del sistema (ingresos menos egresos) fue de ¢16.149 millones. Sin embargo, el año pasado se redujo a ¢1.837 millones.

Tal reducción implica que el sistema tuvo menos recursos para incrementar la reserva del fondo.

Del lado de los ingresos, sí se denota un incremento el año pasado, pues ascendieron a ¢30.240 millones, frente a los ¢27.511 millones, del 2018.

Sin embargo, el alza se fundamentó en ganancias de las inversiones de la reserva y no por aporte obrero-patronal.

De hecho, el ingreso por cotización se redujo por segundo año consecutivo.

En el 2017, fue de ¢12.447 millones; en 2018, de ¢11.934 millones; y el año pasado, de ¢11.920 millones.