EscucharJorge Eduardo Sánchez Sibaja, actual presidente de la Junta Directiva del Banco Popular y quien fue elegido por el Gobierno como representante estatal ante dicha entidad financiera, incumple el requisito de experiencia para ejercer el cargo.
Así se revela en un informe de auditoría externa de la firma consultora KPMG, contratado por la institución bancaria para revisar los requisitos de idoneidad de los miembros del órgano de dirección y los funcionarios de la alta gerencia.
En el Reporte de Evaluación de idoneidad de Juntas Directivas, sus miembros y Altas Gerencias 2023, de noviembre pasado, se indica que “no se evidencia en el expediente que la persona directora (Sánchez Sibaja) cuente con esta experiencia requerida ni la justificación de su idoneidad”, se indica en el documento del cual tiene copia La Nación.
La auditoría señaló que para ocupar el cargo de presidente de la Junta Directiva se debe acreditar que la persona ejerció algún cargo de directivo o de alta gerencia en al menos ocho años de los últimos 10.
La directora María Clemencia Palomo Leitón, otras de las representantes elegidas por el Poder Ejecutivo, tampoco cumplió con el criterio de experiencia, según el informe de KPMG. Ella debería contar con al menos tres años de trayectoria en puestos de órganos de dirección y gerenciales.
Nidia Solano Brenes fue la única representante estatal que cumplió con las seis variables revisadas por la firma auditora, según el informe catalogado como privado y confidencial.
Para el caso de Sánchez y Palomo, KPMG describió que la carencia es subsanable, pero la entidad deberá adoptar un plan de acción para corregir las brechas identificadas, según las reglas dictadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en enero del 2023.
La Nación consultó a la entidad bancaria las medidas aplicadas para remediar la situación descrita. La Junta Directiva respondió, por escrito, que la evaluación de los directivos y la alta gerencia es información confidencial, pues así lo dicta la propia normativa del Conassif.
“Se trata de personas que son idóneas (...) la misma norma permite subsanar lo relativo a la experiencia”, insistió el órgano, pero sin detallar las acciones tomadas.
Este diario también consultó por correo electrónico al Consejo de Gobierno, el pasado 11 de enero, sobre las medidas de corrección señaladas en el informe de fiscalización externo. Sin embargo, al momento del cierre de esta información no hubo respuesta.
Jorge Eduardo Sánchez es abogado y fue tres veces diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Según una publicación de La Nación, participa en cuatro directivas estatales, incluida la del Banco.
En tanto, María Clemencia Palomo es administradora de empresas y contadora pública. En el sector privado fue gerente general de Cafeterías Giacomin y Spoon; además de consultora financiera, según el currículo publicado en el sitio web del Banco.
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Jorge Eduardo Sánchez es abogado y fue tres veces diputado de la Unidad Social Cristiana. En la actual administración gana dietas por participar en cuatro juntas públicas, incluida la del Banco Popular. (Jeffrey Zamora R)
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) respondió que está imposibilitada legalmente para referirse a la auditoría de KPMG porque es información considerada confidencial.
Además recalcó, por escrito, que la persona nombrada sin cumplir el requisito de experiencia puede considerarse idónea, si la entidad justifica adecuadamente su elección. Ni la Sugef, ni el Popular se refirieron a la justificación en el caso de Sánchez Sibaja y Palomo Leitón.
La entidad financiera argumentó, en el caso de Jorge Eduardo Sánchez, que fue el único miembro de la Junta Directiva con interés en asumir el cargo de presidente. Además, que continuarán con el análisis de desempeño de los miembros del órgano.
La Superintendencia sí añadió que, en varias ocasiones, solicitó al Poder Ejecutivo verificar el cumplimiento de los criterios de idoneidad de miembros de la Directiva de forma individual.
“Las debilidades del gobierno corporativo pueden generar en las entidades supervisadas la aceptación de riesgos excesivos que desestabilicen su situación financiera y pueden ocasionar problemas sistémicos, por lo que es indispensable reforzar los aspectos de idoneidad y desempeño de los órganos de dirección y de la alta gerencia”, afirmó la Superintendencia.
El informe de KPMG sí encontró que la alta gerencia cumple con todos los requisitos para el cargo. En específico se evaluó a Gina Carvajal Vega, gerente general; Daniel Mora Mora, subgerente de Operaciones; y Mario Roa Gutiérrez, subgerente General de Negocios.
El resultado de la auditoría se da en un contexto en el cual el Gobierno no ratificó a los cuatro representantes de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, elegidos en noviembre del 2023, porque adujo que “se encuentra en un proceso complejo y responsable de verificación de cumplimiento de los requisitos” de idoneidad de las personas.
Ante tal panorama, el Consejo de Gobierno decidió ampliar, por tiempo indefinido, el nombramiento de cuatro directores temporales, lo cual garantiza el control absoluto de la Directiva de la entidad bancaria, situación que también ocurrió en los últimos 15 meses.
El Banco Popular es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef. Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufriera un deterioro en su funcionamiento o cayera en insolvencia. Las otras entidades con dicho peso son el Banco Nacional, BAC Credomatic y el Banco de Costa Rica.
A diciembre pasado, el Popular registró un saldo de activos por ¢4.077.053 millones, es decir, el 10,5% del total que administra el sistema financiero costarricense; tiene 4.036 empleados y cuenta con 99 oficinas en el territorio nacional.
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Una auditoría de KPMG determinó que dos de los tres directivos estatales elegidos por el Gobierno no cumplen con el requisito de experiencia en la evaluación de idoneidad para ocupar el cargo. (Jose Cordero)
Revisión de atestados
Para efectuar la evaluación de los atestados de los representantes estatales de la Junta y la alta gerencia se usaron los parámetros dictados por el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades supervisadas, así como los dictados por la Ley Orgánica del Banco Popular.
El proceso se hizo, informó la entidad financiera, para cumplir con la normativa y con una orden emitida por la Superintendencia, en el oficio SGF-1833-2023.
El 19 de diciembre pasado, la Directiva conoció parte de los resultados de la auditoría de KPMG, pues aún hay análisis pendientes de entregar. Los resultados se comunicaron al Consejo de Gobierno y a la Sugef.
Entre los requisitos analizados, de manera individual y conjunta, estuvieron la honestidad e integridad; formación académica y conocimientos; dedicación de tiempo; y la gestión y prevención de los conflictos de interés.
La norma establece como justificante para la remoción tener sentencias condenatorias por incumplimientos de deberes, legitimación de capitales, fraude o administración fraudulenta. Además de procesos legales pendientes, morosidad en entidades financieras o impagos a la seguridad social.
Si alguno de estos elementos ocurriera después del nombramiento de la persona, el reglamento dicta que ésta deja de ser idónea y se debe remover del puesto, después de hacerse un proceso administrativo.
El Banco Popular insistió en que los representantes estatales cumplen con la idoneidad.
Sánchez Sibaja y Palomo Leitón fueron seleccionados para el puesto por el Consejo de Gobierno, durante el año pasado, y permanecerán en el cargo hasta el 31 de julio del 2026. Mientras que el nombramiento de Solano Brenes se hizo en setiembre del 2022 y será efectivo hasta mediados del 2026.
La empresa de auditoría no hizo una comprobación de los atestados de los cuatro directores pro tempore, también elegidos por el Gobierno, porque la información estaba pendiente de entrega.
Al momento de remitir el análisis estaba por finalizar el periodo temporal de designación que ocurrió el 19 de diciembre del 2023. Sin embargo, el Poder Ejecutivo amplió, de manera indefinida, el pasado 17 de enero, los cargos en la Directiva a Shirley González Mora, Iliana González Cordero, Raúl Espinoza Guido y Eduardo Navarro Ceciliano.
La entidad financiera confirmó que actualmente implementan acciones para asegurar que las personas que ocupan temporalmente puestos claves reúnan las condiciones de idoneidad.
“Nos encontramos trabajando en otros aspectos como el análisis y solución de brechas, e incluso lo relativo a procesos de remoción de miembros en caso de no ser subsanable la idoneidad”, se detalló en referencia a los directores pro tempore.
Advertencias del supervisor
La Sugef confirmó a este diario, por escrito, que exhortó al Poder Ejecutivo a gestionar de manera oportuna el perfil adecuado e idóneo de los miembros de la Junta Directiva porque desempeñan un rol crucial en el banco público.
En esta línea, recomendó que aquellas personas que no cumplan con los criterios aplicables para determinar su idoneidad no sean nombradas o, ante la falta de idoneidad, no continúen en sus cargos”, explicó la Superintendencia.
La entidad insistió en que el Gobierno debe efectuar una revisión profunda del cumplimiento de criterios de idoneidad individual de todos los directores, incluidos los tres representantes estatales previamente designados.
La comprobación de los atestados, recalcó la entidad fiscalizadora, debe hacerse en criterio de conocimientos, experiencia, honestidad, independencia y de comprender el negocio del banco y sus subsidiarias.
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