Un criterio jurídico de la Dirección Nacional de Notariado (DNN) puso en evidencia problemas conceptuales en el proyecto de Ley de Voluntades Anticipadas, los que obligarán a los diputados a realizar modificaciones si quieren rescatarlo.
Esa iniciativa, que se discute en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, permitiría a los costarricenses expresar en un documento ante notario, su voluntad sobre la aplicación o no de ciertos procedimientos médicos en caso de accidente o enfermedad irreversible.
Es el caso del deseo a no ser conectados a aparatos que prolonguen la vida de forma artificial, o a que se le practiquen alguna cirugía.
El problema que detectaron los notarios es que, el documento que valida ese tipo de peticiones fue llamado “testamento vital”. Sin embargo, en nuestro país, un testamento únicamente adquiere validez luego de la muerte de su testador.
Así, la iniciativa presentada por la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), no tendría utilidad alguna, pues las voluntades anticipadas se revisarían tras la muerte de la persona. Es decir, cuando ya no tengan sentido.
“El testamento tiene eficacia jurídica una vez que la persona fallece. En este caso, la Comisión entendió de que post mortem ya no tendría ninguna validez respecto al objeto que trata el proyecto de ley como tal”, explicó Ninfa Jiménez, jefa de la Asesoría Jurídica.
Sin embargo, los legisladores que discuten el plan expresaron sus interés de rescatar la iniciativa, hacerle los cambios y continuar su discusión para emitir un dictamen, para que finalmente el plenario legislativo lo apruebe.
“Este concepto de testamento vital es el que nos causa el revuelo, porque no es técnicamente el apropiado para este proyecto. Simple y sencillamente se tiene que cambiar por declaración de voluntades anticipadas”, afirmó Jorge Fonseca, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
Si ese fuera el cambio, como también lo planteó la diputada proponente, los notarios también podrían dar fe pública del documento.
“Se podría rendir ante un notario público, si así lo tiene a bien la Dirección Nacional de Notariado quey regula sobre esos aspectos. Entonces ese documento tendría fe pública, como cualquier acto que se rinde ante un notario público”, señaló Jiménez.
FUENTE: Proyecto de Ley de Voluntades Anticipadas || DISEÑO / LA NACIÓN.
Para dejar expresas sus voluntades médicas, los costarricenses que así lo deseen tendrán que validar el documento ante un notario público. Lo ahí indicado será introducido al Expediente Digital Unico de Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Si un paciente entra en una etapa terminal, los médicos deberán revisar las voluntades anticipadas de su paciente y cumplirlas, siempre y cuando esas medidas no representen un riesgo contra la salud pública, no vayan en contra de la legislación nacional y no estén en contra de los protocolos médicos.
En todo caso, el proyecto aclara que este proyecto no avala la eutanasia en el país, sino que únicamente vela por las voluntades del paciente.
Si el paciente todavía tiene condiciones para expresar sus voluntades, por cualquier medio, prevalecerá lo que en ese momento desee la persona y no lo que solicitó en su documento de voluntades anticipadas.
En caso de atención de una emergencia también prevalecerá la atención inmediata de los paramédicos según sus protocolos.
La legislación nacional permite a los pacientes decidir sobre posibles intervenciones médicas en estado terminal, siempre y cuando esté consciente.
En otro caso, las decisiones médicas las tendrán los familiares, sin que se sepa si velarán por las voluntades previamente expresadas a ellos por el paciente.
“Hoy por hoy si yo estoy consciente puedo decir no me hagan esto o lo otro, pero las voluntades anticipadas justamente lo que pretenden regular, es que si yo salgo a la calle, me atropella un carro y me daja inconsciente, yo no voy a poder decidir por mí. Entonces son dos conceptos distintos”, afirmó Paola Vega.
El Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos calificó de “fundamental” la necesidad de que nuestro país regule este tema, y se pronunció a favor del proyecto.