EscucharBogotá. Una victoria agridulce festejaron las víctimas del conflicto armado en Colombia. El pacto de paz les reservó por primera vez 16 asientos en el Congreso, pero entre los elegidos el 13 de marzo se filtraron mafias políticas y hasta el hijo de uno de los verdugos de campesinos.
“Se quería con el acuerdo de paz que las víctimas tuvieran voz y voto en las decisiones del país (...), pero hemos encontrado algunos casos irregulares sobre los candidatos y sobre sus elecciones” en las recientes legislativas, declaró a la AFP Juana Cabezas, vocera del centro de estudios independiente Indepaz.
Suscrito en 2016, el pacto de pacificación que condujo al desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reservó algunos escaños para los movimientos no tradicionales y representativos de las víctimas de las regiones más castigadas por la guerra interna en el país sudamericano.
A lo largo de seis décadas más de nueve millones de personas, casi el 10% de la población colombiana, han sufrido directamente por el conflicto, en su mayoría desplazados por la violencia. Las exitosas negociaciones de paz pretendieron darles visibilidad en la Cámara Baja por dos periodos legislativos, cada uno de cuatro años.
Durante unas elecciones salpicadas por la violencia en las zonas apartadas, casi 400 candidatos se postularon para los denominados curules de paz. Al menos cinco de los 16 elegidos son blanco de denuncias que podrían acarrear la pérdida de su investidura.
“Algunos nombres” de los nuevos congresistas “son poco edificantes” y “como mínimo son controvertidos para buena parte de las víctimas del país, es una realidad innegable”, reconoció Javi López, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) en Colombia. Existen “fenómenos de interferencia, de penetración de los partidos políticos en esas curules o de influencia de grupos armados”, añadió.
La izquierda logró un avance histórico en las legislativas ante el declive de la derecha que ha gobernado tradicionalmente el país.
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Un jurado de votación espera a los votantes en un colegio electoral en Toribio, departamento de Cauca, Colombia, el 13 de marzo del 2022. Los colombianos votaron para elegir un nuevo Congreso. (LUIS ROBAYO/AFP)
Hijo de paramilitar
Entre los principales cuestionados está Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, un temido paramilitar extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por narcotráfico. El dirigente y abogado de derechos humanos salió elegido para la curul destinada a un representante de las víctimas en una zona del norte del país, donde los escuadrones de ultraderecha sembraron terror.
Su padre, el exparamilitar Rodrigo Tovar, enfrenta decenas de procesos por masacres y desplazamientos perpetuados durante su lucha a sangre y fuego contra las guerrillas de izquierda. “Quizás soy yo la primera víctima de mi padre”, sostuvo el ahora diputado en entrevista con Caracol TV.
“Perdí seres queridos por culpa de la violencia, a mí me secuestraron familiares, me tocó abandonar mi país”, se defendió.
Según la analista Cabezas, los rivales políticos de Tovar denunciaron amenazas que les impidieron desplazarse para hacer campaña, mientras él “se movía con mayor tranquilidad en la zona”. Además, existen dudas sobre su acreditación como víctima por parte de la entidad responsable de dar los avales.
Tovar consiguió el escaño con más del 97% del escrutinio y casi el doble de los votos de su más inmediato contrincante.
Otros bajo sospecha
“El sentimiento de las víctimas es de frustración”, subrayó la portavoz de Indepaz, para agregar que, si bien fueron elegidos algunos “líderes legítimos” de las poblaciones castigadas por el conflicto, hacía falta más “veeduría y representatividad”.
En medio del repunte de la violencia que siguió al acuerdo de paz, al menos una decena de candidatos renunció a sus bancas previo a las elecciones por miedo o falta de garantías. Ninguno recibió los dineros prometidos para financiarlas, según organizaciones de víctimas.
Indepaz puso la lupa sobre otros cuatro congresistas electos en las circunscripciones de paz. En el Chocó (oeste), el segundo departamento con mayor población de origen afro (337.696 habitantes) y el más pobre (68%), ganó un abogado señalado de tener nexos con mafias políticas, comprar votos e incluso de no vivir en la región. James Hermenegildo Mosquera consiguió la acreditación como víctima más rápido de lo habitual, según Indepaz.
En el suroeste del país ganó Jhon Fredy Nuñez, un curtido político y aliado con militantes condenados por sus nexos con paramilitares, mientras en el sur de Córdoba (norte) se impuso en los comicios Leonor Palencia, prima del gobernador y denunciada por compra de votos.
Y en el Tolima (centro– oeste) el vencedor fue Haiver Rincón, una ficha de los conservadores por uno de los partidos tradicionales de Colombia.
La Unidad para las Víctimas, la entidad estatal encargada de avalar a los candidatos para las curules de paz, aseguró que actuó bajo las premisas de la “de buena fe, de inocencia” de los aspirantes. “Pero estaremos dispuestos a respetar cualquier decisión” de llegarse a comprobar las denuncias, aseguró a la AFP Ramón Rodríguez, jefe del organismo.
