La Sala IV condenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por haber seguido y vigilado a uno de sus dirigentes sindicales, durante 11 días, en diciembre del 2009.
La víctima fue Jorge Arguedas Mora, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (Anttec), quien presentó un recurso de amparo en setiembre del año pasado, donde alegó que el ICE violó su intimidad.
Ayer, la Sala IV notificó que declaró con lugar el recurso. En consecuencia, ordenó al Instituto abstenerse de incurrir en acciones similares y lo condenó a pagar los perjuicios causados, así como los costos del proceso.
Además, el Tribunal impidió al ICE utilizar el material obtenido, mediante esas acciones “ilegítimas”, como prueba en un eventual proceso laboral contra Arguedas.
A finales del 2009, siete investigadores del Instituto se turnaron para seguir, fotografiar y reportar los movimientos del dirigente gremial desde que salía de la casa, a las 7 a. m., hasta las 5 p. m.
Lo siguieron a oficinas, restaurantes, centros comerciales, bancos, iglesias e, incluso, al funeral del expresidente Rodrigo Carazo.
Los funcionarios investigaban un supuesto incumplimiento de horario por parte de Arguedas, aunque este alegó que disponía de una jornada discrecional debido a su condición de líder del sindicato.
El personal que se encargó del seguimiento labora en la Dirección de Protección y Seguridad Institucional. En su sentencia, la Sala IV les dio órdenes directas a Juan de la Cruz Brenes y a Javier Escribano, coordinadores de esa oficina.
Así lo informó ayer la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la cual acuerpó la denuncia de Arguedas.
Mediante un comunicado, el ICE dijo ayer que aprueba la sentencia y garantiza que se tomarán las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
El año pasado, Eduardo Doryan, presidente ejecutivo del Instituto, alegó que las actuaciones cuestionadas fueron ordenadas en la administración anterior.
Pedro Pablo Quirós, expresidente ejecutivo del ICE, dijo anoche que este caso nació cuando la Contraloría General de la República remitió una denuncia anónima sobre el dirigente sindical, la cual fue remitida a diferentes oficinas.
Sin embargo, Quirós alegó no estar al tanto del método usado para corroborar la denuncia ni de la resolución de la Sala IV.
Por su parte, Arguedas sostuvo que interpondrá denuncias penales y llevará el caso a un Tribunal Contencioso Administrativo, para cobrar perjuicios, porque el caso no puede quedar impune. “Es nefasto para el sistema democrático”, enfatizó el sindicalista.