EscucharLos diputados rechazaron este lunes un proyecto de ley que habría prohibido a los jueces asumir cargos dentro del Poder Ejecutivo, iniciativa del legislador Geison Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Solamente 19 congresistas votaron a favor de la iniciativa legal, mientras que 27 votaron en contra.
Los votos favorables provinieron del PLN y el Frente Amplio (FA), mientras que los 27 opositores de la iniciativa corresponden a las fracciones de Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP).
La propuesta de Valverde consistía en impedir que los jueces asumueran puestos como ministros o presidentes ejecutivos de alguna institución del gobierno central. Incluso, la Procuraduría General de la República (PGR) había sugerido extender esa prohibición a los fiscales del Ministerio Público y miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia respondió que el proyecto no afectaba su funcionamiento.
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El plan, ahora desechado, había recibido dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en abril del 2023, y estaba esperando trámite en el plenario desde febrero de este año.
Afectado de salud este lunes por la tarde, Geison Valverde no estuvo durante la votación negativa de su proyecto. Al conocer la votación negativa, el diputado aseguró que el partido de gobierno y sus aliados quieren seguir con el “canje político”.
“No me extraña el sabotaje del gobierno y sus aliados en el Congreso, si vemos que constantemente ataca la institucionalidad democrática del país para intimidar su decisión u objeción a proyectos del Ejecutivo que estén mal planteados o violatorios a la ley. ¿Se imaginan que un ministro que es juez regrese a su cargo para tomar una decisión fundamental que podría favorecer al gobierno de turno, por encima de la legislación, las implicaciones que podría generar al país en sanciones o demandas?”, reclamó Valverde.
El liberacionista dijo que el viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller, hizo lobby en el Congreso contra la iniciativa.
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“Que un juez de la República, aunque sea por un periodo de tiempo corto, asuma responsabilidades políticas, así como sus consecuencias, perjudicará no solo su autoridad posteriormente, sino que también compromete el equilibrio en la administración de la justicia”, alegó el liberacionista.
Respecto a la votación negativa del PUSC sobre esta iniciativa, la jefa de fracción socialcristiana, María Marta Carballo, respondió que el proyecto de Valverde podría ser discriminatorio. “Va en contra del derecho al trabajo y la idoneidad. Si un funcionario es excelente, no tiene por qué privarse de servirle al país desde el Poder Ejecutivo”, comentó.
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, respondió que no se tiene que desaprovechar la experiencia y “deseo de servir a la patria” que pueda tener un juez de la República.
“Esos jueces pueden aportar mucho. ¿Por qué limitar el ejercicio profesional y el crecimiento personal de un ciudadano? Vea el caso de Fernando Ramírez con su gran aporte en el ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas)? Todos tenemos derecho de apoyar y aportar si es nuestro deseo”, agregó la vocera del gobierno.
Eliécer Feinzaig, del PLP, justificó su voto contra la iniciativa, al decir que Costa Rica es un país muy pequeño, donde no abundan los expertos en algunas áreas, por lo que su fracción considera que si esos expertos están en el Poder Judicial, la fracción liberal no ve problemas en que participen en el Poder Ejecutivo, “separándose debidamente, ya sea con un permiso sin goce de salario o algún otro mecanismo y que puedan ser nombrados”.
“Ha sido costumbre en los últimos gobierno. Sería dispararnos en el pie desperdiciar el conocimiento y la experiencia de estas personas, poniendo una muralla china entre el Poder Judicial y el Ejecutivo”, dijo.
