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Parte de los investigados por fraude registral, dentro de la investigación Madre Patria, habrían destituido a los dueños chinos de una sociedad anónima para robarles una propiedad valorada en $1,2 millones (¢621 millones al tipo de cambio actual). Las víctimas no estaban en Costa Rica, en el 2019, cuando se dio el fraudulento traspaso del terreno, ubicado en Escazú, San José.
Este caso, conocido como La Quincha, porque así se llamaba la sociedad anónima de los chinos, se tramitó en el expediente 21-008448-0042-PE y luego se incorporó en el legajo de caso Madre Patria, del cual La Nación tiene que copia.
Por estos hechos, el 5 de mayo del 2022 fue allanada la casa de Unai León Muñoz, español y presunto cabecilla del grupo delictivo, quien tenía dos armas de fuego, así como ¢49 millones y $21.000 en efectivo. También fueron allanadas las oficinas de los notarios de apellidos Martínez Parada y Castro Segura, quienes, al parecer, se habrían encargado de la falsificación de los documentos para el robo de la finca.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Castro protocolizó actas de asamblea general extraordinaria de la sociedad La Quincha, es decir, hizo parecer como oficial una asamblea que en realidad no ocurrió. En ese documento, la notaria destituyó a los legítimos dueños de la sociedad, Dacheng Xu y Zihui Li Li, para nombrar a León como el presidente y una mujer de apellido Villegas como secretaria, nuera de Castro, quien no aparece como sospechosa en el expediente Madre Patria.
Castro también hizo parecer que las acciones de la compañía habían sido trasladadas a León.
Ya como presidente de La Quincha, León pidió al notario Martínez constituir una hipoteca sobre la finca por $160.000, con la sociedad Dacta S. A. como acreedora, propiedad de un estadounidense de apellidos Walter Spier, socio de Martínez y quien descuenta prisión preventiva. Cuando esa hipoteca no fue pagada, la finca fue entregada en remate a Dacta S. A.
Los dueños chinos de la sociedad descubrieron estas irregularidades e hicieron saber a las autoridades costarricenses que los libros originales de accionistas estaban en China, por lo que no era posible que Castro los hubiera utilizado. Luego del allanamiento, los imputados presentaron como prueba de descargo libros mercantiles de La Quincha, los cuales serían falsos, según se desprende de un análisis de la Dirección General de Tributación, a solicitud del Ministerio Público.
En una llamada del 15 de junio del 2023, Martínez habría mencionado a una abogada del bufete Consortium Legal, de apellido Berrocal Durban, que aún sabiendo que había una causa abierta por fraude registral, ellos se apoderaron del inmueble. “Fuimos y vimos que la propiedad tenía un candado y unas varas, y nosotros rompimos el candado, le pusimos un rótulo afuera que decía ‘esto es propiedad de Dacta, no está a la venta’”, muestra la transcripción del OIJ.
Martínez también habría hablado sobre la disputa entre el denunciante y León por la propiedad, al señalar que “mi opinión es que los dos se la estaban robando, tanto Unai como este chino, la diferencia está en que Unai sí tenía libros y el chino no tiene libros”.
Decenas o cientos de propiedades sustraídas
El caso Madre Patria, investigado dentro del expediente 22-005018-0042-PE, trascendió el 25 de junio tras allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
Al parecer, el grupo, liderado por León y otro español de apellidos Gómez González, tenía dos modos principales de operar. El primero consistía en robar propiedades con más de diez años sin movimientos, de extranjeros, adultos mayores, que no estaban en Costa Rica. Se buscaban terrenos en zonas de alta plusvalía, sitios costeros o con potencial para desarrollos comerciales. Muchos de esos bienes estaban valorados entre $500.000 y $1 millón.
La segunda modalidad consistió en revisar publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, donde el Registro de la Propiedad anunciaba la disolución de más de 76.000 sociedades que no pagaron el impuesto de personas jurídicas por tres o más periodos fiscales. De inmediato, se revisaban las fincas que eran parte del patrimonio de dichas sociedades.
Una vez identificados los bienes inmuebles de interés, los miembros de la banda, por medio de notarios y testaferros, incorporaban escrituras falsas en el Registro de la Propiedad para trasladar, vender o hipotecar las fincas.
“Esto provocó un incremento en los casos de fraude registral de manera abismal y paralelamente un incremento exponencial en el patrimonio y poderío económico en los miembros del grupo, ya que más del 80% de las sustracciones cometidas no son denunciadas por la falta de interés del propietario legítimo, agregando su no estadía en el país”, consigna el expediente judicial.
El día de los allanamientos, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, dijo que durante la investigación descubrieron más de 100 propiedades que fueron robadas. Sin embargo, agregó que en las conversaciones intervenidas, los sujetos mencionaron más de 300 propiedades obtenidas ilegalmente a través de estos métodos.
La investigación cuenta con 40 sospechosos, y de momento 20 personas descuentan prisión preventiva. Uno de los arrestos más recientes fue el del notario Martínez Parada, quien fue detenido el domingo 7 de julio en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.
Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.
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