EscucharAproximadamente 60 familias quedaron en alto riesgo de que sus casas caigan al cauce del río Reventado, en un sitio conocido como dique de La Mora, en Guadalupe de Cartago, afectadas por las intensas lluvias del viernes pasado en el cantón.
El alcalde cartaginés, Mario Redondo, expresó este miércoles que en otros sectores de los diques, cercanos a Loyola y El Carmen de Cartago, también hay cientos de familias en caseríos que están casi al nivel del río. Lo mismo ocurre en el vecino cantón de El Guarco, por lo que estima que, de las 2.500 familias que viven en los diques, unas 400 están en alto riesgo ante el recrudecimiento de la estación lluviosa en este mes de octubre.
Añadió que, a raíz de los aguaceros del viernes, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) brindó un subsidio de alquiler por tres meses a 13 familias cuyas casas colapsaron o quedaron en condición inhabitable. No obstante, la fuerza del agua socavó y debilitó otras partes del dique, dejando decenas de casas prácticamente suspendidas al borde de un barranco de unos 10 metros.
Debido a lo estrecho de los callejones, es imposible que un tractor llegue a las casas desalojadas el viernes, de manera que el personal del municipio realiza manualmente la demolición, para evitar que alguien las vuelva a ocupar.
Según el alcalde, esos terrenos pertenecen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Los diques son grandes montículos de tierra y piedras que se construyeron con la ayuda de ingenieros estadounidenses tras la destructiva avalancha que descendió por el río Reventado en diciembre de 1963, arrastrando piedras, troncos, lodo y otros materiales acumulados en las faldas del volcán Irazú, tras las erupciones que comenzaron en marzo de ese año.
Los diques fueron creados a ambos lados del río para contener el agua en caso de nuevas emergencias. Sin embargo, hace unos 40 años comenzaron a ser invadidos, y la ocupación fue creciendo hasta llegar a la situación actual, que Redondo califica como una bomba de tiempo.
El alcalde recordó que, desde que era regidor en la Municipalidad de Cartago, en 1992, impulsó un proyecto para trasladar a las familias a la urbanización Manuel de Jesús Jiménez. No obstante, solo unas pocas fueron trasladadas, ya que con el cambio de gobierno en 1994 se abandonó esa iniciativa y las casas fueron entregadas a otras personas.
Lo ocurrido con las lluvias del viernes motivó una reunión de emergencia con autoridades del MOPT, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Ministerio de Vivienda, el de Salud, personeros del IMAS, la ministra de la Presidencia y el mandatario, con el fin de buscar una solución ante el alto riesgo actual.
Entre los principales acuerdos está el de reubicar a las familias que están en sitios de mayor riesgo que son las del dique La Mora en Guadalupe y el dique Barrio Nuevo, en El Carmen de Cartago. El IMAS realizará las valoraciones para brindarles un subsidio que les permita alquilar en otro lado. De igual forma, la CNE realizará una intervención de primer impacto para tratar de evitar que el dique siga deteriorándose.
A mediano plazo el departamento de Obras Pluviales del MOPT realizará una evaluación general en el dique. De forma paralela el municipio desarrollará un estudio en coordinación con el Tecnológico de Costa Rica, para lo cual ya se tienen los recursos económicos. La idea es saber si el dique cumple con el propósito para el que fue construido, cuáles son las áreas de riesgo y la instauración de un nuevo sistema de alerta temprana.
Una avalancha cada 50 años
Sustentado en estudios técnicos, el alcalde afirmó que Cartago sufre una avalancha aproximadamente cada 50 años, siendo la última en 1963, por lo que en cualquier momento podría ocurrir otra que afectaría principalmente a quienes viven en los diques, pero también a las familias de barriadas cercanas.
Hace tres años, el municipio ganó un concurso de vivienda organizado por la Agencia de Cooperación de España, que facilitaba fondos para reubicar a las familias de los diques. Sin embargo, según Redondo, ni el gobierno anterior, ni el actual, han avalado los términos para aprovechar esa ayuda.
Algunos estudios en poder del municipio estiman que se necesitan $16,2 millones (aproximadamente ¢8.586 millones) para reubicar a las familias de escasos recursos e intervenir los diques, que desde su creación hace casi 60 años no han recibido evaluación ni mantenimiento.
Además del desordenado crecimiento urbano, por esa zona pasa el acueducto que lleva agua desde Orosi a la Gran Área Metropolitana, así como parte del oleoducto entre Moín y el plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en Ochomogo. También, muchas líneas de alta tensión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se encuentran cercanas al cauce del río Reventado.
Muy cerca de las casas afectadas por el deslizamiento del viernes se encuentra el Colegio Pancha Carrasco, en Guadalupe de Cartago. Además, hay un predio privado, urbanizaciones y hogares para niños y ancianos en situación de abandono, por lo que Redondo considera urgente que la Dirección de Obras Pluviales del MOPT realice evaluaciones periódicas del cauce.
El funcionario también mencionó que cerca de esa ladera hay un puente bailey de una sola vía, instalado hace más de 15 años, que provoca congestionamientos viales entre Guadalupe y la zona industrial Zeta. Por ello, insiste en la readecuación de este paso, conocido como el puente Santa Marta, el cual es vital en caso de una emergencia.
Aseguró que cerca del 80% de la población de los diques califica para ser reubicada. No obstante, un 20% de las personas posee ranchos destinados a la venta y consumo de drogas, conocidos como búnkeres. Otros se dedican a alquilar ranchos a personas de bajos recursos, y hay quienes han recibido casas en otro lugar pero mantienen alquilados los ranchos.
En algunos de los 14 caseríos, la vecindad está organizada y controla que no se instalen búnkeres ni se alquilen ranchos. Sin embargo, en varios sectores prevalece el microtráfico de drogas.
Por todo lo anterior, el alcalde considera necesario establecer una comisión interinstitucional que analice lo que sucede en la zona, así como los problemas de contaminación por aguas negras, inseguridad y otros.
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