EscucharLos diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa rebajaron en ¢61.635 millones la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública, en el Presupuesto Nacional del 2025, para redirigir recursos a otros 23 rubros. Principalmente, los fondos se asignaron a cubrir faltantes en educación, seguridad, transporte e infraestructura.
Las fracciones de oposición alegaron que los movimientos se justifican porque el Ministerio de Hacienda sobreestimó la asignación para intereses de la deuda interna a corto plazo, que originalmente estaba en ¢1,9 billones.
Al contrario, Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, afirmó a La Nación que lo hecho por los diputados implica un gran riesgo. “No hay ninguna claridad de que los supuestos (con base en los cuales fue elaborado el plan) se mantengan o que no se presente una situación que pueda generar algún impacto sobre el pago de intereses; por eso, no es responsable tomar recursos de esa partida”, explicó.
Si el tipo de cambio aumenta, habrá problemas
El ministro argumentó que el plan de gastos no cuenta con partidas que sirvan de contingente ante eventuales imprevistos. “Si por alguna razón el tipo de cambio aumenta por encima de ¢550 por dólar, vamos a tener problemas porque se están calculando las necesidades a este tipo de cambio, o si la tasa de interés sube más de un punto.
“Estamos calculando que las tasas de interés se van a mantener constantes en el año, pero, si se presenta una situación en donde se revierte la tendencia de disminuciones de tasas de interés en el mercado internacional y local, vamos a tener alguna presión para poder completar los pagos”, declaró Acosta.
Por su parte, la fracción de Liberación Nacional (PLN) sostiene que, solo en el último presupuesto extraordinario del 2024, notaron un ahorro de ¢410.000 millones en el pago de la deuda.
¿A cuáles rubros se asignó el dinero?
El 53% de los recursos redirigidos, ¢32.681 millones, se enviaron a partidas de educación. A seguridad se destinó el 28,3%, para un monto de ¢17.446 millones.
Infrestructura y transporte recibió el 12,4%, mientras que el sector cultura, el 3,1%. Finalmente, un 3,07% se destinó a fortalecer el presupuesto de la Cruz Roja y de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). Entre estas dos instituciones se repartieron ¢1.895 millones.
El plan de gastos fue dictaminado de forma afirmativa el jueves en la noche, por lo que seguirá su trámite en el plenario. La Asamblea Legislativa tiene plazo hasta el 29 de noviembre para aprobar el Presupuesto Nacional, de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución Política.
Cuestionamientos a la coherencia del oficialismo
Los diputados Carlos Felipe García y Eliécer Feinzaig, de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP), cuestionaron la posición asumida por las oficialistas Pilar Cisneros y Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), durante el debate de las 110 mociones presentadas al Presupuesto Nacional 2025.
Si bien en la gran mayoría de los casos hablaron en contra de los movimientos, ambas votaron a favor de una moción que traslada ¢4.900 millones del pago de intereses de deuda al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), con el fin de comprar terrenos para la nueva carretera a San Carlos, ruta nacional 35.
Además, Acuña respaldó otra propuesta que destinó ¢236 millones, de la deuda para crear más plazas en el Ministerio de Cultura y Juventud. La legisladora pidió la palabra para defender la moción propuesta por el diputado José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República, “aunque voy a tener una regañadita”.
Indicó que era necesario aprobar el cambio en la partida porque no se tomaron las previsiones presupuestarias para apoyar con personal la creación de dos Centros Cívicos de Paz, en Puntarenas y Limón. “Estas plazas son tremendamente importantes porque, si no, tendríamos la infraestructura, pero no el personal”, agregó.
Por otro lado, el subjefe de la fracción de gobierno, Daniel Vargas, presentó tres mociones que pretendían tomar un total de ¢3.400 millones del pago de la deuda, para asignarlos al Conavi, con el fin de que los recursos sean utilizados para obras en distintas rutas nacionales. No obstante, las tres propuestas fueron rechazadas por la comisión.
Recursos para educación
Las Juntas de Educación recibieron la principal asignación de los recursos para educación. Por medio de dos mociones, se adicionaron ¢12.405 millones a los presupuestos de estos organismos auxiliares del Ministerio de Educación Pública (MEP), para el pago de servicios básicos y el financiamiento del subsidio de transporte de estudiantes.
La segunda partida en importancia en verse favorecida es la correspondiente al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Tras un atropellado proceso de negociación, las fracciones del PLN, el PUSC y Frente Amplio (FA) lograron sumar los siete votos necesarios para aprobar un incremento del 2%, con respecto al aporte de 2024.
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Esto significa que la reserva crecerá en ¢11.521 millones con respecto a los ¢576.000 millones que ya habían sido asignados en el Presupuesto Nacional 2025. La cifra aprobada por los diputados es el doble de los ¢5.761 millones que ofreció el gobierno a las cinco universidades públicas durante el fallido proceso de negociación.
El programa de becas Avancemos, a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), es otro que tuvo un aumento significativo. Los diputados decidieron otorgar ¢7.710 millones más para financiar las ayudas a estudiantes en situación de pobreza.
Como parte del proceso de negociación para aumentar el 2% al FEES, una mayoría de los diputados decidió revertir una asignación por ¢1.500 millones para que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) construya una nueva sede regional en la provincia de Puntarenas.
De la misma forma, se procedió a dejar sin efecto el traslado de ¢800 millones a las universidades públicas Tec, Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Técnica Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). A cada una se le habían asignado ¢160 millones para el otorgamiento de becas a población en condición de vulnerabilidad, “según los parámetros establecidos por la institución”.
Si bien las dos mociones que ordenaban estos movimientos fueron aprobadas el miércoles, su destino cambió durante la sesión del jueves, ya que fueron sometidas nuevamente a votación, mediante un proceso de revisión, y finalmente rechazadas.
Diputados dan más plazas para seguridad
En el caso de seguridad, los diputados emplearon la gran mayoría de recursos para financiar la creación de más plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública y el Ministerio Público (MP). Para esto, se aprobaron cuatro mociones.
En el caso del OIJ, se asignaron ¢7.013 millones para 255 nuevas plazas; al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se le transfirieron ¢5.100 millones, para que pueda contratar a 220 oficiales, y a la Fiscalía se le dieron ¢2.333 millones, mediante dos mociones, para incorporar a 75 funcionarios más.
Igualmente, se dotó de más recursos al sistema penitenciario y a la Policía de Migración y Extranjería.
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Incofer recibe aporte adicional
Además de los recursos para comprar los terrenos para la nueva carretera a San Carlos, los legisladores también decidieron aumentar el presupuesto del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en ¢2.750 millones, con el fin de ampliar la cobertura del tren.
El principal rubro, de ¢1.900 millones, se pasó para completar las obras del tren al centro de Paraíso, en Cartago, y los restantes ¢850 millones tienen el objetivo de colaborar a que el ferrocarril llegue al distrito de San Rafael, en Alajuela.
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