EscucharLos diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche del miércoles dirigir ¢10.808 millones a la creación de 548 plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y el Ministerio Público.
Ocho diputados votaron a favor de tomar los recursos de la partida prevista por el gobierno para pagar intereses de la deuda interna en el Presupuesto Nacional 2025. Ellos argumentan que el Ministerio de Hacienda sobreestimó esa partida y que es necesario fortalecer los cuerpos policiales y la Fiscalía, debido a la situación actual de inseguridad.
Votaron en contra Pilar Cisneros y Ada Acuña, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
La Comisión de Hacendarios efectuó los movimiento presupuestarios mediante tres mociones. En la primera, se otorgaron ¢7.013 millones adicionales al OIJ para la contratación de 255 funcionarios, quienes se desempeñarán como personal de soporte e investigadores.
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En otra moción, se asignaron ¢5.100 millones para el Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de que pueda crear 220 plazas para la Fuerza Pública.
Una tercera moción permitió adicionar ¢2.295 millones al Ministerio Público, para la creación de 73 plazas nuevas.
El pasado 2 de octubre, Randall Zúñiga, director del OIJ, y Carlo Díaz, fiscal general, solicitaron ayuda a los legisladores para dotar a ambas instancias de mayor personal, a fin de enfrentar la escalada de violencia que golpea al país, ocasionada por el crimen organizado.
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Por su parte, Mario Zamora, ministro de Seguridad, dijo el 30 de setiembre a La Nación que su cartera no tenía la intención de aumentar la planilla de la Fuerza Pública, pese a que el 2023 dejó una cifra histórica de 907 homicidios y que este año. Según estima el OIJ, este año, la estadística podría cerrar entre las 880 y 900 muertes.
Diputados rechazan usar fondos del CAF
Para la creación de plazas, los legisladores prefirieron utilizar los recursos de la partida de intereses, en vez de no tomar fondos de la partida destinada a pagar la integración del país a la Corporación Andina de Fomento (CAF), como lo pretendía Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).
El diputado liberal presentó tres mociones, rechazadas por la mayoría de los diputados, que asignaban la misma cantidad de recursos para cada una de las instituciones, con una fuente de recursos distinta.
Por su parte, Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, fustigó a los legisladores por la reiterada aprobación de mociones que toman recursos del pago de intereses de la deuda interna. Alegó que no aprobaría ese tipo de movimientos pese a que, en la sesión de la tarde, respaldó una moción promovida por el diputado José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), para redirigir ¢4.900 millones del pago de intereses al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), con el fin de comprar terrenos para la nueva carretera a San Carlos, ruta nacional 35.
Recursos para cárceles y policía migratoria
Los diputados también avalaron otras dos mociones, cada una por ¢1.500 millones, que dotan de recursos extra al Ministerio de Justicia y Paz, para la atención de personas privadas de libertad, y a la Policía de Migración y Extranjería, para gastos ordinarios de equipamiento, alimentación, mantenimiento y transporte.
Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, advirtió el 11 de setiembre a la Comisión de Hacendarios de que iniciará el 2025 con un déficit en el presupuesto para cubrir la operación de las cárceles, a pesar de que se espera un mayor crecimiento de la población privada de libertad.
Solo en la compra de alimentos y bebidas, se incluyeron ¢10.082 millones menos; para el pago de agua y alcantarillado, el monto es inferior en ¢2.195 millones. Asimismo, hay diferencias negativas de ¢673 millones y ¢492 millones en los rubros de energía eléctrica y vestuarios.
