EscucharUna vez más, los satanizados mandos medios de las instituciones públicas, los cuestionados por el mandatario Rodrigo Chaves por “atravesarse en todo”, son los que dan la cara para obstruir actos sospechosos de corrupción, so pena de caer en desgracia ante los altos mandos, perder un nombramiento o hasta la misma plaza.
En el caso Barrenador, en el cual la Fiscalía investiga un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de 10 áreas de salud —que administran 138 Ebáis— a cuatro cooperativas y una asociación médica, los mandos medios cumplieron con su obligación ética y legal de advertir que el monto ofertado era “excesivo”. Al detectarlo, la Junta de Adquisiciones, integrada por gerentes, propuso el 8 de mayo declarar “desierto e infructuoso” el concurso por lesionar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
No satisfecha, la Junta Directiva decidió, el 11 de mayo, pedir a las gerencias de Logística y la Financiera un nuevo análisis de razonabilidad de precios. El 22 de junio se conformó el equipo con Azyhadee Picado, jefa del área de Contabilidad de Costos; Arturo Herrera, asesor de la Gerencia Médica; Gilberth Alfaro, director jurídico; Adriana Chaves, directora de Bienes y Aprovisionamiento, y María de los Ángeles Gutiérrez, entonces directora de Proyección de Servicios de Salud.
Solo 12 días después, el viernes 5 de julio, Gutiérrez presentó el informe solo firmado por ella. En solitario, recomendó adjudicar la licitación por ¢471.000 millones. La Directiva corrió a sesionar al día siguiente, sábado, a las 8 a. m., para aprobarlo a la carrera. Insólito es que con base en la sugerencia de una sola persona y pese a las dudas sobre precios excesivos, los directivos decidieran autorizar un negocio de $900 millones. ¿Confiar en una sola firma? ¿Nadie preguntó por qué los otros técnicos no firmaron? Sorprendente.
Una vez más, los mandos medios salvaguardaron el interés público. Por ello, es injusto desacreditarlos o acusarlos de “extralimitarse en sus funciones” como ha querido encasillarlos este gobierno. Esa es una excusa. De no haber sido por los técnicos, la CCSS estaría a las puertas de normalizar contratos millonarios prácticamente a dedo, sugeridos por una sola persona.
Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.
