EscucharLa ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive Angermüller, optó por los boletos aéreos más caros entre tres opciones planteadas para su viaje a París, Francia, programado para el próximo sábado con el fin de participar en un foro internacional.
Munive escogió la tarifa más alta a pesar de haber sido advertida por personal del Ministerio de que su decisión infringía el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, el cual establece que se deben elegir las opciones más económicas.
Así lo confirman intercambios de correos, mensajes en WhatsApp y documentos oficiales ligados a la adquisición de los tiquetes en poder de La Nación.
La jerarca solicitó la compra de boletos con el fin de asistir a la Sexta Reunión del Comité de Químicos y Biotecnología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre. La ministra tiene previsto llegar con suficiente antelación a la actividad, ya que volará el 2 de noviembre y regresará el día 8.
Con Munive viajará Mónica Fuentes Mendoza, asesora de su despacho. Mientras la ministra volará sentada en clase ejecutiva, la asesora lo hará en clase económica.
Para el traslado, la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio solicitó el 3 de octubre, de manera directa, cotizaciones a un único proveedor: la Agencia de Viajes Galaxy.
Entre las opciones recibidas, el viaje con Avianca costaba ¢2,5 millones, con Lufthansa ¢4 millones y con Air France ¢4,1 millones. Munive eligió Air France, cuyo costo total fue de ¢4,1 millones: ¢3,2 millones por el tiquete de la ministra y ¢900.000 por el de su asesora.
Dada la decisión de la jerarca, el Área de Gestión de Pagos de la Unidad Financiera emitió el 4 de octubre la orden de compra MS-DM-RI-018-2024 con Air France. La elección generó cuestionamientos internos.
El 15 de octubre, una funcionaria de Gestión de Pagos solicitó a Relaciones Internacionales aclarar la razón por la cual se escogió la opción más costosa, recordando lo estipulado en el Artículo 45 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, emitido en 2011 por la Contraloría General de la República.
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“En aquellos casos en que haya rutas alternativas para viajar a determinado país, se escogerá la que resulte más económica, para lo cual la Administración deberá tomar en cuenta todos los factores que incidan en el costo de la gira”, señala la norma.
Ese mismo día, 15 de octubre, una funcionaria de Relaciones Internacionales respondió por correo que, aunque se recomendó a la ministra la opción más económica, Munive se decidió por la más cara.
Dos días más tarde, el 17 de octubre, en el oficio MS-RI-1311-2024, la funcionaria de Relaciones Internacionales envió una explicación formal a la Unidad Financiera.
Argumentó que, aparte de la instrucción superior de la ministra, el itinerario contempla vuelo directo a París, lo cual reducía los riesgos de perder conexiones por escalas cortas y que las pasajeras llegarían “en mejores condiciones” para participar en las actividades oficiales.
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La tarde de este miércoles se enviaron consultas a Salud, se está a la espera de respuesta.
Compra de boletos a través de fideicomiso
La compra de los tiquetes por ¢4,1 millones no se realizó mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La adquisición se ejecutó el 10 de octubre mediante la solicitud de compra MS-DM-RI-018-2024, con fondos cargados al presupuesto del “Fideicomiso 872 Ministerio de Salud (Consejo Técnico de Asistencia Médico Social) Banco Nacional de Costa Rica” (Fideicomiso 872) suscrito el 24 de enero del 2002 y refrendado por la Contraloría General de la República ese año.
Este fideicomiso tiene como objetivo apoyar financieramente al Ministerio en el cumplimiento de sus funciones, administrando eficientemente los recursos para programas y proyectos de salud pública.
El instrumento financiero facilita la recaudación de recursos provenientes de donaciones, legados y aportes del Estado, así como de organismos nacionales e internacionales, con el fin de financiar actividades al servicio de la salud pública que son responsabilidad de la cartera.
