EscucharLa Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia ante la Sala Constitucional para respaldar un recurso de amparo planteado en julio por cinco universitarias contra los recortes en educación. El caso está en estudio bajo el expediente N.° 24-020497-0007-CO.
La institución considera que cada colón que no se dirige a la educación en incumplimiento a la obligación constitucional de asignar al sector el 8% del producto interno bruto (PIB) “provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público que afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”.
Para el 2025, el presupuesto para el Ministerio de Educación Pública (MEP) sería de 4,9% del PIB.
La Defensoría manifestó su preocupación por el deterioro de aspectos claves de la educación debido al decreciente presupuesto en los últimos años.
Este declive, señaló, se refleja en los resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), donde las calificaciones en Matemáticas, lectura y Ciencias son inferiores al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“En términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad)”, añadió.
Asimismo, resaltó la reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.
La Defensoría apuntó que uno de los programas más perjudicados es el de Equidad, que atiende los comedores escolares, transporte escolar, entre otros, pues ha experimentado una disminución recurrente.
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“La Sala Constitucional ha advertido al Estado, desde hace más de una década, que los presupuestos asignados año con año a la educación pública han sido inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política. Adicionalmente, con el recorte presupuestario a la educación, el país incumple también lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño”, advirtió.
Pide resolver antes de que se decida presupuesto
La Defensoría destacó que en su coadyuvancia evidenció ante los magistrados de la Sala Constitucional que el informe que les presentó el Ministerio de Hacienda para justificar los recortes no demostró se hayan tomado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación indicado en la Constitución Política.
Por ello, la institución solicitó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre de este 2024, para que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten la resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025.
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La gestión que respalda la Defensoría fue presentada por las estudiantes Alison Vargas, Daniela Chaves, María Ortega, María Francini Mora y Valentina Palacio. Fue admitido para estudio en setiembre.
