EscucharLa Paz. Con varias carreteras bloqueadas, Bolivia se encuentra semiparalizada por las protestas de campesinos que, desde hace nueve días, exigen “el cese de la persecución judicial” contra su líder, Evo Morales, investigado por el presunto abuso de una menor durante su presidencia.
La mayoría de las manifestaciones se concentra en Cochabamba, en el centro del país, donde el exmandatario, de 64 años, tiene su base política. Con piedras, tierra y fogatas, los campesinos han cerrado vías que conectan ese departamento con La Paz, Santa Cruz, Sucre y Potosí.
Este miércoles, los choferes de transporte público en La Paz anunciaron que también paralizarán la ciudad durante 24 horas por la escasez de combustibles. La falta de diálogo entre los manifestantes y el gobierno, junto con el silencio de la fiscalía sobre la “aprehensión” anunciada contra Morales, acusado de “estupro, trata y tráfico de personas”, agrava la crisis que afecta a Bolivia.
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En medio de la disputa por la candidatura de la izquierda oficialista para las elecciones de 2025, Morales acusa al presidente Luis Arce, su exministro, de intentar “proscribirlo” de la carrera presidencial con la apertura de diversas investigaciones penales. Aunque las protestas iniciaron para evitar la captura del líder aimara, ahora piden que Arce solucione la crisis provocada por la falta de dólares y combustibles.
Diálogo en punto muerto
“La cultura política en Bolivia es muy caudillista. Esto dificulta la posibilidad de concertar, dialogar o pactar”, sostiene Daniel Valverde, profesor de ciencia política de la Universidad René Moreno. Los colectivos que respaldan al líder cocalero enviaron una carta a Arce exigiendo, además del “cese de la persecución judicial” contra el líder aimara, su reconocimiento como candidato oficialista y la derogación de un paquete de normas.
“No vamos a ceder ante quienes desean desestabilizar el país para evitar responder a acusaciones personales”, declaró Arce. Los bloqueos se incrementaron de cuatro a 20 desde el inicio de las protestas.
Hasta ahora, se registraron enfrentamientos en Parotani, Pojo, Epizana y Caracollo, en Cochabamba. En el Puente Ichilo, en Santa Cruz, unos 700 policías despejaron la vía con gases lacrimógenos el martes, pero fueron repelidos por los manifestantes.
“Se esperaba que este fuera un gobierno de reconciliación para sanar las fracturas de la crisis de 2019″, comenta Valverde.
Expediente sin novedades
El detonante de los bloqueos fue el anuncio de la fiscal Sandra Gutiérrez sobre una orden de aprehensión contra Morales por el presunto abuso de una menor con la que tuvo una hija durante su mandato. Sin embargo, no hubo más declaraciones sobre la investigación.
El exmandatario sostiene que se trata de “otra mentira más”, pues el caso ya fue investigado y archivado en 2020. Sus seguidores exigen a Arce que detenga la investigación, a pesar de que la justicia es una entidad autónoma.
“Existen indicios de que el Ministerio Público se encuentra en una disputa interna. Una orden de aprehensión complicaría aún más la situación del gobierno frente a las movilizaciones”, señala Valverde.
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Economía en crisis
Mientras los campesinos protestan por la complicada situación económica, los bloqueos agudizan la crisis. Las pérdidas, que iniciaron el 14 de octubre, ascienden a $81 millones, según el Ministerio de Economía.
Los principales polos económicos de Bolivia, La Paz y Santa Cruz, están separados por Cochabamba, la tercera región en producción, clave para la conexión. “El cierre de esta ruta afecta fuertemente la economía nacional”, advierte José Luis Evia, economista y exdirectivo del Banco Central de Bolivia.
El contexto económico es desfavorable: en septiembre, la inflación interanual llegó al 6,2%, la más alta desde 2014.
“Mejorar la situación requiere fuentes externas de financiamiento, pero la magnitud del déficit hace difícil esa tarea”, concluye Evia.
