EscucharWashington. Jugando con el tiempo, Donald Trump logró aplazar la mayoría de sus juicios penales hasta después de las elecciones presidenciales, y ahora que ganó las elecciones del martes, confía en que no tendrá que sentarse en el banquillo.
Sin embargo, un último obstáculo judicial le aguarda el 26 de noviembre en Nueva York, antes de su regreso oficial a la Casa Blanca el 20 de enero: la condena en el único de sus cuatro procesos penales que sus abogados no han conseguido retrasar más allá de 2024.
LEA MÁS: ¿Son realistas las promesas de deportaciones masivas de Donald Trump? Analistas lo dudan
Declarado culpable el 30 de mayo por el tribunal del estado de Nueva York de “falsificación contable agravada para ocultar una conspiración para alterar las elecciones de 2016″, en teoría podría enfrentarse a hasta cuatro años de cárcel.
Este caso involucra el pago de $130,000, disfrazado como honorarios legales, a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels para ocultar una supuesta relación sexual en 2006, que Trump niega.
Pero la posibilidad de que el juez Juan Merchan le imponga una pena de prisión parece ahora muy improbable, dadas las insuperables dificultades prácticas que supondría encarcelar a un presidente electo y luego en ejercicio, según expertos.
“Despedir” al fiscal especial
En cuanto a los dos procesos federales que tiene en su contra, el horizonte judicial de Trump parece ahora despejado, al menos durante los cuatro años de su nuevo mandato.
A finales de octubre, el candidato republicano aseguró que, de ser elegido, “despediría” al fiscal especial encargado de estos dos casos, Jack Smith, nombrado por el fiscal general de la actual administración demócrata, Merrick Garland.
“Lo despediré en dos segundos”, dijo en una entrevista, en respuesta a la pregunta de si se indultaría a sí mismo o haría despedir al fiscal especial.
LEA MÁS: Más aranceles y menos impuestos directos: la receta económica de Trump
El fiscal especial investiga los supuestos intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 y la retención de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.
En el primer caso, en Washington, el 1 de julio el Tribunal Supremo otorgó al presidente electo de Estados Unidos una amplia presunción de inmunidad penal, lo que obligó a Jack Smith a presentar una acusación revisada a finales de agosto.
En un voluminoso documento, el fiscal especial desarrolló sus argumentos para demostrar el carácter privado de los actos por los que se persigue a Trump, que no están, en su opinión, amparados por la inmunidad penal de sus “actos oficiales”.
En el segundo caso, en Florida, la jueza Aileen Cannon anuló el proceso el 15 de julio al considerar que el nombramiento del fiscal especial en este caso y la financiación de su trabajo violan los artículos de la Constitución sobre nombramientos y gastos.
Esta decisión está actualmente en apelación. Una vez de vuelta en la presidencia, Donald Trump podría nombrar a un nuevo fiscal general que destituya a Jack Smith o simplemente ordenar al Departamento de Justicia que retire los cargos.
Para ello, podría invocar la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Sin esperar al traspaso de poderes, Smith y el secretario de Justicia discutieron el miércoles la posible suspensión de los casos, de acuerdo con varios medios estadounidenses.
El Departamento de Justicia no comentó al respecto a esta agencia.
Quedan los procesos en el estado clave del sureste de Georgia, donde Donald Trump está procesado junto con otras 14 personas por delitos similares a los de su caso federal en Washington, en virtud de una ley estatal sobre delincuencia organizada.
En este caso, que se prolongará al menos hasta el año que viene, todo dependerá de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Estado, que ha recibido una petición de los acusados para que desestime la acusación del fiscal.
