EscucharDesyfin encubrió durante años las pérdidas por millonarios créditos derivados del descuento de facturas a siete empresas que estuvieron vinculadas con la construcción de la llamada trocha fronteriza o ruta 1856. El acuerdo del Conassif, que ordenó el cierre de la entidad, revela que el saldo adeudado a agosto pasado era de ¢9.220 millones; sin embargo, el monto inicial de las operaciones fue de ¢2.460 millones.
La institución financiera aplicó refinanciamientos “de forma reiterada y constante”, se indica en la resolución. “En los balances de la Financiera se mantienen registradas siete operaciones de igual cantidad de deudores relacionados con el caso denominado trocha (fronteriza), créditos que están totalmente deteriorados sobre los cuales no se recibe pago alguno desde el 2012″, se expone en la decisión del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) de instruir la resolución de Desyfin, publicada este 15 de octubre en el Diario Oficial La Gaceta.
El Informe Final de la Interventoría muestra que los créditos vinculados con el proyecto de la carretera fronteriza fueron una de las razones que llevaron a la financiera a su cierre. Según el acuerdo del Consejo, antes de la intervención, Desyfin solo tenía una provisión del 57% de la deuda, es decir, ¢5.278 millones.
Sin embargo, los interventores aumentaron el monto en ¢3.942 millones para cubrir el 100% de las operaciones, lo que equivale a ¢9.220 millones, los cuales se contabilizan como parte de las pérdidas que llevaron a declarar la inviabilidad de este participante, que realizaba intermediación financiera desde 1998, cuando fue autorizada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La cobertura total de los créditos se hizo porque Desyfin mantenía registradas estas operaciones con los pagos al día, pero durante la intervención fueron reclasificadas a la categoría 8, el peor nivel de riesgo de un deudor. Esta calificación se asigna cuando un préstamo tiene más de 181 días de impago, según la normativa crediticia vigente.
El incremento en la provisión para este caso específico representó una tercera parte de la reserva adicional por deterioro crediticio de ¢13.454 millones, ejecutada por el equipo de interventores de Desyfin, tal como consta en el acuerdo del Conassif.
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Cesión de facturas
El descuento de facturas o factoreo era uno de los principales negocios de la financiera que actualmente enfrenta un proceso de cierre. En esta actividad, las empresas comerciales venden una cuenta por cobrar, trasladando el ingreso futuro al comprador de la factura con el objetivo de transformar una venta a crédito en una venta de contado. El negocio para el comprador es que la adquisición de la factura se hace con una rebaja o descuento. Por ejemplo, si el monto a pagar es de ¢100.000, la compra por ¢80.000.
Las cesiones de facturas hechas por Desyfin a las siete empresas, cuyos nombres ni la Sugef ni el Conassif revelaron, fueron contratadas por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para ejecutar trabajos en la ruta fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Según el acuerdo del regulador financiero, los montos iniciales no fueron pagados por la institución.
La Nación consultó al Conavi, por correo electrónico este miércoles a las 2:03 p.m., sobre las razones por las que no se pagaron los montos adeudados, tal como lo expone el Conassif, así como por los nombres de las compañías que realizaron los trabajos de construcción. Al cierre de este artículo no se había recibido respuesta.
El 4 de mayo de 2012, la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una conferencia de prensa para revelar supuestos actos de corrupción en la construcción de la llamada trocha fronteriza o ruta 1856. La mandataria denunció el presunto pago de dádivas y el aparente desvío de fondos destinados a la construcción de la obra.
La idea de construir una vía para unir comunidades fronterizas ubicadas a lo largo del río San Juan surgió en 2010 y se desarrolló en medio del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por la invasión de ese país a isla Calero. El caso de la trocha fue denunciado penalmente en el 2012.
Años de confrontación
El tratamiento supuestamente anómalo de préstamos de la trocha fronteriza, por parte de Desyfin, fue descubierto por la Sugef durante la fiscalización especial efectuada a la entidad entre 2022 y 2024, tal como consta en el oficio confidencial SGF-DSII-0020-2024, del pasado 6 de agosto, del cual tiene copia La Nación.
En el documento, fechado el 9 de agosto, se detectó un crecimiento en el saldo de los préstamos vinculados a la ruta 1856 debido a refinanciamientos ejecutados durante años, en los cuales se capitalizaban los intereses y otros costos no pagados al principal de la deuda, cada vez que se aplicaba una readecuación.
La Superintendencia advirtió de que, al efectuar este tipo de contabilización, los créditos debían estimarse en su totalidad o suspenderse los desembolsos, según se detalla en el oficio que fue el detonante de la intervención ordenada por el Conassif, el 13 de agosto.
Sugef había ordenado a la entidad financiera, antes de 2016, reclasificar las operaciones crediticias vinculadas con la trocha fronteriza según su calificación de riesgo. Sin embargo, una medida cautelar aceptada a la financiera por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda paralizó dicha orden, según consta en el expediente 16-911683-1027-CA.
Sin embargo, en la resolución 2024005988, del pasado 11 de setiembre, se declaró con lugar la gestión de levantamiento de medida cautelar solicitada por la Superintendencia. Tal acción permitió a los interventores adecuar la calificación de riesgo de todos los préstamos de descuento de facturas de la ruta 1856.
