EscucharRecuerdo que cuando se produjo la invasión a la isla Calero, en la frontera con Nicaragua, además de la justificada indignación generalizada, se revisó nuestro mapa y se nos recordó (o enseñó) que la zona es parte de Costa Rica, habitada por costarricenses sin vías terrestres y que enfrentan problemas en salud y educación.
El gobierno, en forma urgente, se abocó a proteger el territorio y se emprendieron obras para construir la llamada trocha fronteriza. Si bien el manejo de los fondos enfrenta procesos judiciales, lo que me interesa resaltar es que el Estado, por un momento, recordó a esas personas, pero pronto volvieron al olvido.
Algo similar sucede en Crucitas, uno de los cantones más pobres del país, con el índice de desarrollo humano más bajo, según el Atlas de Desarrollo Humano 2022 del PNUD. Nadie consultó ni consideró a la comunidad al prohibir la minería; las decisiones fueron tomadas en el centro del país, impulsadas y aprobadas por personas ajenas a los pobladores.
Si estuvo bien o mal prohibir la minería abierta es otra discusión. De momento, cabe profundizar en el centralismo al tomar decisiones que afectan la periferia. Esta actitud tiene varias fuentes y un efecto. Las fuentes serían los intereses político-electorales, la representación y el egocentrismo; el efecto, la discriminación.
Con respecto a la primera fuente, el informe del PNUD indica que la pobreza tiene correlación con el abstencionismo, y tanto el abstencionismo como la pobreza se encuentran en la periferia. Ambos datos explicarían, en parte, el desinterés en la opinión de la periferia, máxime cuando su población es menor. En otras palabras, debido a su poco peso electoral, muchos políticos se enfocan en destinar recursos y satisfacer los intereses del centro.
Esto resulta en una menor representación en la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central, lo que implica que sus necesidades no se transmiten (o se transmiten sin fuerza) y pasan al segundo plano.
Ese escaso peso electoral y la falta de representación en los dos poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) se une al egocentrismo, que asume que el centro conoce la periferia mejor que la periferia misma.
Todo esto se traduce en una discriminación tan injusta como cualquier otra. Sin embargo, a diferencia de otros grupos, la discriminación hacia las poblaciones de la periferia (especialmente las más alejadas) se caracteriza por la difusa naturaleza de sus intereses y necesidades, su falta de capacidad organizativa y, por ende, la facilidad con la que son opacadas e ignoradas.
La solución va más allá de políticas de descentralización, como el fortalecimiento del régimen municipal o la apertura de oficinas regionales de entidades públicas. Es un problema de actitud en el poder central.
Ignorar o desoír a un grupo, decidir por ellos sin considerar su opinión, aun siendo numeroso, crea dos Costa Ricas: la que se ve y la que no se ve, la que pesa y la que no pesa, y, por duro que suene, la que importa y la que no importa.
Eso es lo que debemos evitar como sociedad. El primer paso es no cerrar los ojos a la existencia de quienes probablemente no vemos, a los costarricenses de la periferia, tan importantes como los del centro. Una vez reconocidos, debemos considerarlos parte integral de las decisiones y políticas estatales en igualdad de condiciones.
Adolfo Lizano González es abogado e ingeniero agrónomo.
