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El fiscal general, Carlo Díaz, allanó este miércoles la sede central del Ministerio de Salud, en San José, con motivo de la investigación judicial sobre el cierre del Parque Viva efectuado por el gobierno en julio del 2022. El objetivo de la pesquisa era encontrar evidencias sobre los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en la orden sanitaria que inhabilitó, de forma ilegítima, el centro de eventos propiedad de Grupo Nación y ubicado en La Guácima de Alajuela.
En declaraciones a la prensa, Carlo Díaz recordó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, figura como investigado en este caso, así como la exministra de Salud, Joselyn Chacón. El expediente judicial es el N.° 22-000049-0033-PE.
Según el fiscal general, la operación fue autorizada por los magistrados de la Sala III porque el mandatario tiene inmunidad. De hecho, cinco jueces del máximo tribunal en materia penal asistieron al Ministerio de Salud para poner en práctica la diligencia. En el sitio, estuvieron presentes Jesús Ramírez, Patricia Vargas, Rosa Acón, Cynthia Dumani y Miguel Fernández.
El operativo se realizó junto con las secciones Anticorrupción y de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según el fiscal, la intención era recolectar comunicaciones electrónicas, resoluciones y cualquier documentación que tuviera relación con el cierre del Parque Viva.
En horas de la tarde, terminada la diligencia en la sede central, en San José, el fiscal Díaz, los magistrados de la Sala Tercera y el resto del personal judicial se desplazó hasta la sede del Ministerio de Salud en Alajuela, donde realizaron otro allanamiento en busca de más pruebas para la investigación.
¿En qué consisten el prevaricato y el abuso de autoridad?
El prevaricato ocurre cuando un funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos, según el artículo 357 del Código Penal. Esta práctica amerita una pena de prisión de dos a seis años de cárcel.
En cuanto al abuso de autoridad, se materializa cuando un funcionario, extralimitándose en sus potestades, ordena o comete cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. Este delito conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel, de acuerdo con el artículo 338.
En noviembre del 2022, la Fiscalía General informó de que, en este expediente, también se investigaba al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez. Además, figuraban otras dos personas que, en ese momento, fueron identificadas como M.A.E. y U.Ch.L.
Sala IV: Cierre de Parque Viva fue arbitrario
El gobierno ordenó el cierre del Parque Viva el 8 de julio del 2022 con base en una “denuncia anónima”, según la cual el centro de actividades producía “enormes presas”.
No obstante, el 21 de octubre del mismo año, la Sala IV anuló la orden sanitaria al sentenciar que se trató de una violación indirecta a la libertad de prensa, atropellada e ilegítima, luego de que, en la campaña electoral, el entonces candidato Rodrigo Chaves había prometido “destruir”, como si fuera “un sunami”, a Grupo Nación y Canal 7.
Los magistrados determinaron que la medida del gobierno fue arbitraria y, a todas luces, constituyó una desviación de poder.
El cierre se concretó en menos de tres días a partir del ingreso de la supuesta denuncia, aun cuando los propios inspectores del Ministerio de Salud no encontraron incumplimiento alguno en las instalaciones y los permisos de funcionamiento estaban al día y en regla.
De acuerdo con la sentencia 2022-025167, Salud giró la orden de cierre sin haber recibido los criterios técnicos del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Servicio de Emergencias 911 y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pues todos se emitieron en fechas posteriores.
Además, ninguno de esos informes achacaba anomalía alguna a las instalaciones de Parque Viva; por el contrario, se limitaban a cuestionar el caos vial fuera del inmueble en La Guácima, distrito en donde se ha vivido un crecimiento urbanístico vertiginoso, que además es responsabilidad de la Municipalidad de Alajuela.
La orden sanitaria carecía “fundamento certero alguno”, concluyeron los magistrados. Indicaron que, en realidad, se trató de un “castigo” para el diario La Nación —medio de comunicación del Grupo Nación, del cual Parque Viva también forma parte—, “por lo ya publicado y dado a conocer respecto al mandatario, su partido político y su forma de pretender gobernar”.
Para los magistrados, lo ocurrido con Parque Viva formó parte de los ataques que el presidente Chaves dirigió a La Nación en represalia por dar conocer los procesos por acoso sexual, cuando el mandatario trabajaba en el Banco Mundial; y la investigación sobre las dos estructuras paralelas que financiaron su campaña y la de su partido Progreso Social Democrático (PPSD), al margen de los controles previstos por el Código Electoral.
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Chaves califica la investigación de absurda
El presidente Rodrigo Chaves calificó de absurda la investigación en su contra por el cierre del Parque Viva. Argumentó que la institucionalidad, la Fiscalía General y la Sala III de la Corte Suprema de Justicia pretenden dañarlo, hostigarlo y callarlo.
Criticó que la Fiscalía investigue cómo él creó “un grupo criminal para afectar al Parque Viva y a La Nación”, pero no indagara cómo consiguió el Parque Viva sus permisos de construcción y operación.
“Le digo a doña Patricia Solano, presidenta de la Sala III, que están abiertas las puertas, que venga a investigar este y cualquier otro caso. Por esa acción del Parque Viva, dicen: ‘Ah, es que Chaves en la campaña habló de La Nación y ha tenido conflictos con ellos’. Por supuesto, pero de pelearse con un vecino a matarlo..., de ahí a decir que nosotros actuamos criminalmente con esto de Parque Viva, es absurdo”, declaró el presidente de la República.
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