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Los diputados aprobaron el proyecto de ley que impone un plazo de dos años para que los autobuseros empiecen a utilizar el sistema de pago electrónico en las líneas de bus dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La votación en primer debate de la iniciativa, impulsada por Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), contó con la aprobación unánime de los 40 legisladores presentes.
La propuesta introduce un inciso en el artículo 17 de la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, para establecer como una obligación del empresario la utilización del sistema electrónico para cobrar la tarifa en las unidades de autobús.
En el caso de las rutas de autobús que se localizan fuera de la GAM, el plazo para instaurar el mecanismo de pago electrónico será el doble, es decir, cuatro años.
La determinación de cuáles rutas se consideran dentro y fuera de la GAM se deberá hacer de acuerdo con la clasificación que utiliza el Consejo de Transporte Público (CTP).
Ese sistema electrónico debe permitir a las personas pagar con tarjetas de débito, crédito o prepago, mediante autorización del Banco Central de Costa Rica (BCCR), y debe ser accesible, seguro, disponible, continuo y garantizar la confidencialidad de la información.
La reforma obliga al prestador de servicio público de transporte mediante autobús a entregarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) la información de todos los pagos electrónicos generados por la recaudación de las tarifas, para tener datos concretos sobre la cantidad real de usuarios.
Adicionalmente, se autoriza a que la Aresep considere, en la regulación del servicio, sus metodologías o fijaciones de tarifa, estímulos para que los usuarios utilicen el sistema electrónico de pago.
El expediente 23.360 indica que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), CTP, Aresep y el Banco Central deben dar seguimiento al cumplimiento de la exigencia dentro del plazo fijado.
El frenteamplista Ariel Robles celebró la aprobación de la iniciativa, que además exige el cumplimiento del requisito de pago electrónico para que los autobuseros puedan renovar las concesiones de las rutas.
“Esto va a permitir mayor control sobre la cantidad real de usuarios que tienen los servicios de bus y que las tarifas estén más acordes con la cantidad de usuarios”, agregó Robles.
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), reiteró el cuestionamiento de su fracción de que se le traslade al Banco Central la posibilidad de aceptar otras plataformas de pago, aparte de la suya.
“Esa no debería ser una decisión del Banco Central. Como diputados, y también el Poder Ejecutivo, deberíamos promover la competencia”, dijo Feinzaig. De hecho, a través de varias mociones, el PLP intentó que se pudieran utilizar otras plataformas, no necesariamente la del BCCR, siempre y cuando fueran interoperables, es decir, que se pudieran conectar con la del Central, pero esa tesis se rechazó.
