EscucharBastó un escueto correo electrónico, sin explicación alguna y con tono estrictamente burocrático, para que el gobierno de Estados Unidos le comunicara el martes a Óscar Arias Sánchez, dos veces presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, la cancelación de su visa para ingresar a ese país.
La decisión, que siguió el mismo patrón aplicado a cuatro diputados y una alta funcionaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es en extremo grave y, al igual que los casos anteriores, puede calificarse, sin temor a exagerar, como agraviante para Costa Rica, su democracia y la libertad que debe primar en nuestro debate público.
En todos ellos, el anuncio se ha limitado a citar la sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que les confiere al secretario de Estado y a los oficiales consulares estadounidenses la discrecionalidad de revocar visas. Por tanto, no está en discusión su legalidad. Pero sí hay mucho que censurar sobre su posible naturaleza e implicaciones.
En cualquier circunstancia, pero sobre todo cuando está de por medio una persona que ha dirigido los destinos de un país amigo de Estados Unidos, no dar razones de decisiones tan graves es una descortesía total y un desdén por las mínimas consideraciones que se deben a personas elegidas popularmente. Pero lo peor es que la falta de motivos explícitos, y el contexto en que se han producido, dan fundamento para especulaciones diversas, ninguna de ellas aceptable.
La principal, respecto a Arias, es que se trata, simple y llanamente, de un castigo por haber criticado duramente al presidente Donald Trump, haber destacado logros de China en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, haberse opuesto a que se vete la participación de la empresa Huawei en el concurso para desarrollar la red digital de tecnología 5G, y haber calificado esta y otras decisiones como falta de firmeza del gobierno ante presiones de Washington.
A su caso, el más conspicuo, se suman los de las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, entonces del Partido Liberal Progresista y ahora independientes, quienes en enero fueron privadas de sus visas por sus presuntos contactos con Huawei; el de su colega Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, y el de Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana. Igual suerte corrió la auditora del ICE, Ana María Machuca, quien ha emitido criterios discrepantes al de su presidencia ejecutiva.
Ninguna de estas personas ha sido declarada culpable de actos ilegales; tampoco se les considera cercanas a delincuentes organizados o terroristas, ni se les ha calificado como amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Lo que han hecho es expresarse o actuar de forma inaceptable para su gobierno.
Podemos estar o no de acuerdo con sus posiciones, o censurar conductas de su parte. En otros editoriales, por ejemplo, nos hemos manifestado a favor de la veda a Huawei por sus vinculaciones con el régimen de Pekín y por el daño que su eventual intervención en 5G causaría a las inversiones extranjeras, sobre todo en ámbitos de alta tecnología.
Lo que rechazamos frontalmente es que sean sus opiniones y propuestas, algo natural y conveniente en el debate público y los procesos decisorios de un país democrático, lo que condujera a las eliminaciones de las visas.
Si tales fueran las razones –y hasta ahora no hay elementos válidos que lo contradigan–, estaríamos, ni más ni menos, que ante una represalia extraterritorial contra ciudadanos costarricenses por ejercer sus derechos civiles y políticos –en particular, la libertad de expresión— en su propio país; es decir, un inaceptable acto de intervencionismo.
Los retiros de las visas implican, además, una amenaza implícita: si se opta por algo tan grave e injustificado contra un expresidente y diputados, ¿qué podría pasar con otras personas cuyas posiciones sean consideradas inaceptables por la Casa Blanca, o que, simplemente, generen enojo a sus más altos funcionarios?
Es muy sintomático que, anteayer, un catedrático de la Universidad de Costa Rica, al ser consultado por nuestro periodista Josué Alfaro sobre lo que opinaba del caso, le solicitara no incluir su nombre en la respuesta crítica, precisamente por temor a represalias. Sea fundada o no su preocupación, basta que la tenga para ilustrar el efecto limitante estos casos.
El de Arias, por su estatura, es aún peor en sus efectos. Ya que no lo hizo antes, la Cancillería al menos debería solicitar explicaciones oficiales y precisas al respecto. No hacerlo, además reflejar enorme debilidad y falta de decoro, alimentaría aún más las especulaciones –que el propio Arias dijo no compartir— de una posible intervención del gobierno en este y el resto de los retiros de visas.
Estados Unidos y Costa Rica han sido aliados. Esperamos seguirlo siendo. Pero la alianza y la amistad requieren también transparencia y respeto. Al eliminar, sin decir por qué, la visa a un expresidente, cuatro diputados y una auditora institucional, ambos principios han sido violentados. De ahí el agravio.
