Puente fantasma apareció en finca de detenido por narcotráfico

En el cantón de Corredores, en la zona sur, un puente parece haber sido construido por fantasmas en una finca de un detenido como sospechoso de liderar una banda narcotraficante.

No existen registros de la obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en la Dirección de Aguas del Minae ni en la municipalidad local, mientras una denuncia anónima investigada por el Ministerio Público señala que el ayuntamiento levantó la estructura.

Cuando el tema es consultado a los funcionarios municipales, la respuesta no es la negación de la existencia del puente, sino el silencio, la evasiva y el temor.

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La obra se desarrolló en una finca perteneciente a Darwin González Hernández, arrestado por el OIJ el 6 de abril bajo el cargo de liderar una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas, así como al lavado de dinero.

El puente fue construido sobre una quebrada que atraviesa la propiedad, en sustitución de una estructura anterior, a la par del sitio donde una sociedad también vinculada a Darwin González planificó la construcción de una planta envasadora de agua, llamada Embotelladora La Cascada.

Aprovechando una naciente que aflora en la finca, el hoy sospechoso de narcotráfico participó en la gestión de los permisos estatales requeridos para edificar la envasadora, bajo el argumento de que se dedicaría a comercializar agua tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

El puente está en un terreno de 22,4 hectáreas ubicado a 1,6 kilómetros del centro de la comunidad de Río Bonito, en el distrito Corredor, en el cantón de Corredores.

De Ciudad Neily, está a unos cuatro kilómetros.

Una imagen aérea tomada por Google Earth, en abril del 2020, muestra una estructura nueva y reluciente sobre la quebrada Unión, dentro de la finca.

Esa estructura no se observa en otra fotografía aérea de marzo del 2018, donde se ve un puente de menor tamaño y de color semejante al del camino de lastre.

Ingeniero: ‘No tengo nada que decir’

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La denuncia anónima, que es investigada por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, dice que Darwin González le solicitó al alcalde de Corredores, Carlos Viales, arreglar el puente dentro de su propiedad.

Añade que, para hacerlo, el alcalde hizo a un lado a los ingenieros Priscilla Jiménez Duarte y Walfrido Iglesias Borrero, encargados de la gestión vial y de la inspección de construcciones, respectivamente, y puso sobre ellos al ingeniero Robert Fernández Masís, sin justificación alguna.

El documento relata que se invirtieron tanto materiales como mano de obra municipal en la construcción del puente.

La Nación contactó al ingeniero municipal Robert Fernández Masís a su teléfono celular y, cuando se le consultó si lo habían enviado a construir o a supervisar la obra, respondió: “No tengo nada que decir al respecto”. De inmediato, cortó la llamada.

El miércoles 22 de abril, este medio también buscó al alcalde Carlos Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), en su oficina en Corredores, pero allí informaron de que regresaría hasta la siguiente semana. Se le envió un mensaje por WhatsApp y un correo electrónico para hablar del tema, pero no respondió.

La Nación sí logró hablar en el ayuntamiento con Walfrido Iglesias, el ingeniero encargado de tramitar los permisos municipales en el ayuntamiento. Él dijo: “De ese puente yo me enteré hasta el día que salió en la prensa (por la denuncia anónima); antes de ese día, yo no sabía nada. No voy a dar más declaraciones; si el proceso avanza y me llaman a declarar ante una instancia judicial, asistiré y declararé”.

En el plantel municipal, en Ciudad Neily, los funcionarios tampoco quisieron hablar.

En cambio, un trabajador que laboró en el proyecto de la embotelladora relató que, para setiembre del 2020, cuando él comenzó a trabajar en la obra, ya existía el puente y era como el que se observa en la denuncia anónima.

Mientras, un lugareño dijo haber visto entrada de maquinaria y personal municipal entre setiembre y octubre del año pasado.

Este diario visitó el lugar y constató que la quebrada Unión corre a la par del camino de lastre, bacheado con cal blanca, que conduce a la finca, hasta que un portón impide continuar.

En dicha entrada había un rótulo de la construcción de la envasadora de agua, a nombre de Embotelladora La Cascada, con un permiso de Setena otorgado en el 2012.

No obstante, el mismo miércoles 22 de abril, en una segunda oportunidad en que un equipo de este diario visitó el sitio, ya alguien había tapado el rótulo con una bolsa negra y salió un hombre a preguntar qué hacían los comunicadores ahí. Dijo que, desde la plaza de Río Bonito, ya le habían indicado que el ‘pickup’ blanca venía de regreso y que ya sabía a nombre de quién estaba el vehículo.

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Dos arrestados figuran en sociedad dueña de fincas

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La finca del puente está compuesta por dos propiedades colindantes, una de 14,6 hectáreas y otra de 7,8 hectáreas, que pertenecen a la sociedad anónima Darfra Inversiones.

En documentos presentados ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Darwin González aparece como apoderado de la firma.

Un documento emitido por la Municipalidad de Corredores, en julio del 2012, también identifica a Darwin González como el dueño de la finca. Se trata de una constancia del departamento de Catastro que confirma la factibilidad de prestar el servicio de recolección de basura en el lugar.

Darfra fue creada el 12 de mayo del 2012 y tiene como presidenta a Juliana Jiménez Araya, esposa de Darwin González. Ella también fue detenida por el OIJ el 6 de abril, en una vivienda en San Joaquín de Flores, en Heredia, como sospechosa de integrar la presunta banda narcotraficante.

Como fiscal de la sociedad aparece otro de los detenidos: Mauro Jiménez Araya, quien es hermano de la presidenta y cuñado del supuesto líder.

Darwin González además aparece como deudor en una hipoteca de ¢20 millones que pesa sobre una de las dos fincas en Río Bonito.

Ese dinero fue prestado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón R. L. (Coopealianza) en agosto del 2015 con un plazo de 30 años, según datos del Registro Nacional.

Sin registro de permisos en cauce

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La denuncia anónima muestra imágenes del puente viejo antes de ser demolido. Se trataba de una estructura pequeña con cuatro pasos de alcantarilla por debajo. En una foto, previa a la demolición, se observa un vehículo de la Municipalidad de Corredores.

Luego, se aportan tomas del puente ya demolido, así como de acopio de materiales y presencia de maquinaria para la construcción del nuevo puente, del cual también se incluyen imágenes.

Según la denuncia, al sitio solían llegar el alcalde Carlos Viales y el ingeniero Robert Fernández.

La obra, dice el documento, podría haber costado unos ¢75 millones: “Los funcionarios eran trasladados por la mañana en vehículos particulares en ocasiones y, en otras, en vehículos municipales”.

“Incluso, en ocasiones el personal que trabajaba en el puente lo trasladaban por algunos días a trabajar en otros proyectos municipales, pero siempre era el mismo grupo de trabajo”.

La denuncia dice que, a finales de setiembre del 2020, parecía que dejarían de hacer los trabajos, pero luego los retomaron.

Tanto la Dirección de Aguas del Minae como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) confirmaron que, ante sus oficinas, nadie tramitó permiso alguno para la construcción de un puente sobre la quebrada Unión, dentro de las propiedades de la sociedad Darfra Inversiones.

A este tipo de trámites se les denomina “permiso de obra en cauce”.

El CFIA añadió que, si una municipalidad construye el puente por administración y con equipo propio, no necesita pedir permiso.

Gestor ambiental del proyecto: ‘Yo camino por un sendero’’

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En setiembre del 2012, una mujer de nombre María Hernández Salazar se presentó como representante y presidenta de Darfra, ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), para solicitar una concesión de agua, de 3,29 litros por segundo, de un nacimiento sin nombre ubicado dentro de la finca de esta sociedad.

En el expediente, la representante precisó que la captación tenía por objetivo el embotellado para la venta de agua, con un volumen diario de 60.000 litros.

Como desarrollador del proyecto, la representante señaló a la firma Embotelladora La Cascada S. A.

En la misma solicitud ante el Minae, el hoy detenido Darwin González Hernández se presentó como el propietario de la finca para expresar que estaba de acuerdo con la captación del agua.

Al tiempo que se solicitó la captación de agua, la sociedad Embotelladora La Cascada S. A. gestionó un permiso de construcción en la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) bajo el expediente DI-8537-12. Firmó como representante legal un hombre de apellidos Arias Salazar, quien falleció en el 2019.

Tanto en la solicitud para obtener la concesión de agua como en el trámite de la embotelladora ante la Setena, en el 2012, aparece como consultor ambiental Rolando Bonilla Ulate.

“Cuando yo llegué a hacer la regencia ambiental, ahí había un puente para pasar a la obra, porque había un río que había que cruzar. Creo que se llama quebrada Unión. No estoy seguro, la verdad, como manejo tantos proyectos”, dijo Bonilla a este medio.

Según su relato, a él lo contactó para el trabajo el exrepresentante de la embotelladora.

“Entiendo que don Ricardo Arias, que era el que estaba a cargo del proyecto, decidió, con otra empresa, empezar a trabajar un proyecto nuevo y le dieron características diferentes al proyecto”, continuó.

Al consultársele si recordaba la existencia de un puente en mal estado cuando llegó por primera vez al sitio, dijo: “Yo no puedo decir que estaba en malas condiciones, porque yo no soy ingeniero civil ni estructural. Yo soy químico”.

Cuando se le preguntó si se construyó un puente nuevo y en qué fecha, respondió: “Tampoco tengo ese dato. Yo sé que ahí hay un puente y, desde que yo fui la primera vez, pasé con mi carro sobre ese puente y no hubo ningún problema”.

Mencionó que la última vez que entró al terreno fue hace un mes, antes de Semana Santa, y que lo contactó Darwin González.

¿Vio el puente nuevo en esa ocasión? El profesional respondió que él deja el carro afuera y entra por un sendero, por lo que no ve si hay puente o no.

“Vamos a ver, en el momento en que la concesión empieza, el carro mío no entra porque, precisamente, hay concesión y no quiero que el carro se me vaya a golpear o dañar, entonces, camino por un sendero para poder llegar arriba, a la parte donde están las nacientes”, dijo.

-¿Pero cuando entra al terreno tiene que pasar por el puente?

“No, hay un sendero. Dejo el carro afuera y camino”.

-¿Entonces, en todas las veces que ha ido, nunca ha visto el puente nuevo?

“Nunca me fijo, porque yo me voy por el sendero y salgo por ahí también”.

-¿Pero no es cierto que se construyó un puente, justamente, para tener acceso a la planta?

“Siempre, desde que yo fui al sitio, había un puente ahí. Lo que yo decidí fue, para no exponer mi carro, irme por un senderito, para subir a la naciente y luego caer a la planta”.

Según el gestor ambiental, después del fallecimiento del anterior representante legal de la embotelladora, Darwin González lo contactó.

“El señor me llama a mí, me dice que me quería invitar a un proyecto. Entonces, yo le dije que lo que había que hacer era reactivar el proceso en Setena y hacer toda la modificación al proyecto, porque se modificó. Había un área inicialmente aprobada y había que modificarla para otro proceso, que es a lo que yo me dedico exclusivamente”.

Otro arrestado aparece en correo

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En junio del 2018, la Dirección de Agua realizó una inspección a la naciente, en compañía del exrepresentante de Embotelladora La Cascada, Arias Salazar, y señaló que esta solo se utilizaba para abastecer de agua al cuidador de la finca, sin que se hubiese concluido el proyecto industrial, aunque el Estado había otorgado una concesión de agua desde el 2014.

En noviembre del 2018, la representante de Darfra, María Hernández, solicitó una prórroga de la concesión para “iniciar y finiquitar el proceso de financiamiento para el proyecto con la entidad bancaria correspondiente y, posteriormente, la construcción de la nave industrial y el proceso de compra de equipo”.

En julio del 2018, la Setena aprobó la declaración de compromisos ambientales de Embotelladora La Cascada. El informe señala que el proyecto incluiría una tubería de 1.280 metros lineales y que aprovecharía dos nacientes, no una.

Luego, en diciembre del 2018, la Dirección de Aguas le advirtió al representante de la embotelladora que la falta de uso de la concesión por tres años consecutivos, o de tres de cinco años, implicaba la caducidad de la concesión, por lo que urgió una aclaración del desaprovechamiento.

El 7 de enero del 2019, María Hernández Salazar, como representante de Darfra, le contestó a la Dirección de Aguas que no había utilizado la concesión otorgada en el 2012 “por motivos de reforestación total de la finca para proteger los mantos acuíferos” y que la naciente sería “utilizada en un lapso de un año, tiempo prudencial para terminar todos los trámites pendientes con el banco e iniciar la construcción de una planta embotelladora”.

Agregó que gestionaban la inclusión del proyecto en el régimen de zona franca con Procomer, aunque esta entidad no encontró registro alguno al respecto.

El correo fue copiado a Darwin González y a Adixon Méndez.

Adixon Méndez es otro de los hombres detenidos por el OIJ como sospechoso de formar parte de la misma banda narcotraficante y de lavado de dinero.

Adicionalmente, el mensaje fue copiado a dos personas cuyos correos electrónicos pertenecen a un grupo que tiene una firma de ingenieros y una compañía de palma aceitera en Corredores.

El año pasado, el 23 de setiembre del 2020, el CFIA visó un nuevo proyecto de construcción de un establecimiento industrial, a nombre de Embotelladora de Agua La Cascada, por 824 metros cuadrados, en la finca de Darfra. La obra estaba valorada en ¢192 millones.

El anteproyecto, los planos y las especificaciones técnicas los firman cuatro profesionales.

La operación del grupo, según OIJ

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De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Darwin González es un empresario de palma aceitera de la zona sur quien, a la vez, aparentemente lideraba una banda que infiltró al OIJ para trasegar una tonelada de cocaína cada dos meses.

González, de 42 años y dueño de varias fincas en el sur del país, dedicadas al cultivo de palma, arroz y aguacate, también estaba incursionando en el negocio del embotellado de agua, reseñó el OIJ, y contaba con un quebrador de piedra para extraer materiales como arena y piedras cuarta y quinta, que son especiales para la construcción.

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La organización habría recibido cocaína procedente de Suramérica para introducir una parte al mercado local y enviar el resto a Estados Unidos, a través de Guatemala y México.

La droga llegaba a playas como Burica, Zancudo, Puerto Jiménez y, de ahí, la llevaban a bodegas en la zona sur, donde luego la cargaban en camiones, vagonetas o carros con compartimentos especiales hacia otros lugares en el Pacífico central.

La Policía Judicial detuvo a 13 personas en la operación, incluidos dos agentes del OIJ y el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría, también del PLN, a quien la Policía Judicial atribuye facilitar permisos al grupo.

Bernabé Chavarría además es mencionado en la denuncia anónima como colaborador en la construcción del puente.

Este regidor es el que le solicitó al diputado del PLN, Gustavo Viales, hijo del alcalde de Corredores, recoger en Semana Santa unos documentos en el condominio donde detuvieron a Darwin González y a su esposa.

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Las primeras solicitudes

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En el expediente ante la Dirección de Aguas, Darfra aportó un análisis microbiológico del agua de la naciente y un estudio de caracterización hidrogeológica.

Este último documento señala que, para el 2012, ya existía un tanque de captación sobre la naciente.

El 13 de diciembre del 2012, cuatro meses después de presentada la solicitud, la Setena otorgó la viabilidad ambiental al proyecto de envasado de agua presentado por Embotelladora La Cascada S. A.

Ese mismo año, el CFIA había visado la construcción de una bodega, a nombre del propio Darwin González, en el mismo sitio.

El informe de Setena señala que “existe un río que cruza la propiedad, que no posee zona de protección de la margen izquierda”.

El proyecto descrito consistía en una construcción de 485 metros cuadrados para envasado de agua de venta local e internacional.

La resolución señala que se requería eliminar unos estanques artificiales para el desarrollo de la planta de envasado y que la inversión era de ¢100 millones.

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El proyecto también necesitaba energía eléctrica para la planta de envasado. En efecto, la viabilidad para el tendido eléctrico fue otorgada el 21 de setiembre del 2012 para un plan de 58 metros lineales con 15 postes, cinco transformadores y 15 luminarias.

Este permiso fue gestionado por Darwin González, quien incluso firmó un contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cediendo una servidumbre de paso para la instalación.

En mayo del 2013, la Dirección de Agua realizó una inspección y recomendó autorizar una captación de 0,82 litros por segundo y, 11 de febrero del 2014, autorizó una concesión de diez años.