La Asamblea Legislativa y el Gobierno deberán tomar una decisión sobre un cambio fundamental en el cobro del impuesto de renta a los trabajadores independientes, quienes por años han pagado más que los asalariados. Sobre la mesa, tienen un texto ya revisado por la Sala Constitucional y una propuesta de veto parcial.
El viernes, los magistrados dieron luz verde a un proyecto de ley del Frente Amplio (FA), aprobado en primer debate el 23 de setiembre con 33 votos, el cual rebajaría el tributo a los independientes. El Tribunal no encontró vicios de inconstitucionalidad al examinar la reforma por solicitud de ocho diputados oficialistas, dirigidos por Pilar Cisneros, y dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
El gobierno se opone al proyecto, tal como está, y prometió vetarlo. El Ministerio de Hacienda argumenta que el fisco perdería ¢7.000 millones anuales. En la consulta de constitucionalidad redactada por el Ministerio, se alegó que los diputados no consultaron el criterio del Poder Judicial, aunque la iniciativa reduciría los ingresos que financian a este poder de la República. La Constitución establece que al Poder Judicial se le debe asignar el 6% de los ingresos ordinarios. Los magistrados no le dieron la razón ni a este ni a los demás vicios de forma alegados.
¿En qué consiste el proyecto?
Actualmente, los trabajadores independientes deben pagar el impuesto si sus ingresos superan los ¢4.181.000 al año, lo que equivale a un promedio de ¢384.000 por mes. Esto los tiene en clara desventaja frente a los asalariados, quienes pagan únicamente si ganan más de ¢929.000.
El proyecto propone que solo paguen renta los independientes con ingresos superiores a ¢6.244.000 millones anuales, equivalentes a ¢520.000 por mes. Seguiría existiendo una amplia diferencia frente a los asalariados, pero la brecha se reduciría y parte de los trabajadores pasarían a estar exonerados.
Adicionalmente, el cambio en la base causará una reducción tributaria para todos los demás independientes, pues la renta es un impuesto progresivo que se cobra en forma escalonada: a mayor ingreso, mayor pago.
Estas son las escalas actuales y las escalas planteadas en el proyecto:
¿Qué propone Nogui Acosta?
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció un veto parcial con el que propondrá a los diputados introducir una nueva grada del 30% para los trabajadores independientes con mayores ingresos, a fin de compensar la reducción de ingresos. Para ello, se requeriría de una labor de negociación y voluntad de acuerdo entre las partes.
Acosta sostiene que el FA irrespetó un acuerdo para introducir esa nueva escala en el proyecto. Por su lado, el frenteamplista Jonathan Acuña cree que el gobierno solo ha querido boicotear una rebaja de impuestos para trabajadores con ingresos medios y bajos.
Ahora, el plan debe pasar a segundo debate, lo cual difícilmente ocurrirá entre diciembre y enero, pues el gobierno controla en estos meses la agenda legislativa.
Si los diputados lo aprueban en febrero, pasaría a Casa Presidencial, en donde se confirmaría el veto anunciado por el ministro, bajo el riesgo de que los diputados tengan suficiente apoyo para resellar con 38 votos.
Un detalle: el dinero que Hacienda alega que se perdería, ¢7.000 millones anuales, es casi similar al costo de la polémica exoneración del impuesto al combustible de pescadores. La promesa de campaña de revisar exoneraciones sigue pendiente.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.