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El mandatario Rodrigo Chaves entabló una disputa con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), personalizando el conflicto en la figura del director policial, Randall Zúñiga. El gobernante llegó al grado de decir que le da asco una solicitud presupuestaria del jefe del OIJ. Zúñiga le contestó que Costa Rica no merece diatribas, sino reducir los asesinatos y que, para ello, se requiere de cuerpos de seguridad fortalecidos.
El meollo del conflicto está en lo ocurrido en octubre del 2024 cuando la Asamblea Legislativa discutía el Presupuesto Nacional del 2025, presentado por el Gobierno.
Ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el director del OIJ y el fiscal general, Carlo Díaz, informaron de que sus instituciones tienen un déficit de 1.450 funcionarios y de que necesitan abrir al menos 600 plazas que ayuden a combatir la inseguridad, pues el Presupuesto no corregía el problema. El OIJ pidió 350 plazas y la Fiscalía, 250.
Luego de evaluar la situación, los diputados aprobaron mociones para conceder al OIJ y a la Fiscalía menos de la mitad de lo que pedían. Avalaron 330 plazas mediante un redireccionamiento de ¢9.346 millones, distribuidos así:
- ¢7.013 millones para 255 funcionarios en el OIJ
- ¢2.333 millones para 75 puestos en la Fiscalía
Los recursos se tomaron de la partida para pagar los intereses de la deuda pública, bajo el argumento de que este rubro estaba sobreestimado porque históricamente suele ejecutarse mucho menos de lo indicado, además de que es urgente combatir el crimen. El dinero destinado al OIJ y a la Fiscalía equivale a un 0,5% de la partida de intereses.
En el proceso de discusión del Presupuesto, los diputados redireccionaron en total ¢61.635 millones de los intereses a otros 23 rubros, a fin de cubrir faltantes en educación, seguridad, transporte e infraestructura. La cifra equivale a un 3,2% de la partida de intereses.
El Gobierno se opuso al cambio. Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, sostuvo en aquel momento que lo hecho por los diputados implicaba un gran riesgo.
Pese a las objeciones del Poder Ejecutivo, la Asamblea dejó en firme los movimientos y los incluyó en la Ley de Presupuesto del 2025, aprobada en noviembre.
No obstante, en diciembre y con instrucciones del ministro de Hacienda, el director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, envió un oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, para informarle de que el Gobierno no giraría los recursos para las plazas adicionales.
Araya escribió que el Poder Ejecutivo no prevé obtener nuevos ingresos para cubrir lo que calificó como “imprevistos derivados de desajustes en el Presupuesto”. Alegó, además, que persiste la inestabilidad asociada a variables como el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés, que inciden en el pago de la deuda del Gobierno Central.
Nogui Acosta aseveró que no se trata de una negativa, sino de un congelamiento de los recursos.
A raíz de ello, el 7 de enero, la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció que no votaría ningún proyecto de ley del Gobierno hasta que se liberen los recursos.
Al día siguiente, el presidente Chaves acusó al director del OIJ de querer aprovechar la situación de inseguridad para obtener un aumento presupuestario. “Estoy hablando de Randall Zúñiga, director del OIJ. Asco da eso”, pronunció.
El director del OIJ rechazó que la Policía Judicial quiera lucrar con las estadísticas de criminalidad para aumentar su presupuesto. Enfatizó que el Organismo está en disposición de apoyar la lucha contra la criminalidad, pero sobre todo contra la corrupción. “Las plazas que van a llegar van a coadyuvar en esa lucha”, dijo.
Por su parte, el exfiscal general, Francisco Dall’Anese, manifestó a los diputados que el conflicto de Chaves con el OIJ en realidad parece ser un enfrentamiento con el Congreso y que ellos, los legisladores, son los llamados a “poner en cintura” al presidente porque no es posible que funcionario decida cuáles leyes cumple. “No hay excusa ni justificación legal posible para no entregar esos dineros”, comentó.
Me despido esperando que nos contactemos de nuevo en una semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
