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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le ordenó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) abstenerse de implementar cualquier tipo de variación en el modelo y asignación de las frecuencias de radiodifusión antes de que concluya el proceso electoral 2026.
Cualquier cambio en el modelo podría implicar el cese de operaciones de radioemisoras o que sus condiciones de operación varíen sustancialmente, “lo cual desmejoraría el acceso de los electores a la información de trascendencia político electoral”.
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Así lo comunicó el TSE este jueves, luego de resolver una opinión consultiva solicitada por la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), donde los magistrados explicaron la necesidad de resguardar la equidad en la contienda, el funcionamiento del sistema de financiamiento público de los partidos políticos y las opciones del Tribunal para comunicar información fundamental para los ciudadanos en el proceso electoral.
En su razonamiento, el órgano electoral indicó que el ejercicio del voto, como derecho, requiere del acceso a la información, otro derecho, cuya efectividad tiene como característica fundamental el pluralismo informativo.
El TSE puntualizó que es relevante el acceso a un amplio abanico de medios para difundir sus ideas y convencer de sus propuestas, lo mismo que el derecho de los ciudadanos para nutrirse de la información relevante para tomar una decisión de cara al primer domingo de febrero del 2026.
Gustavo Román, vocero del TSE, recordó que ya hacia el final de la administración de Luis Guillermo Solís, en 2017, se había advertido que la transición a la televisión digital no se podía provocar situaciones en que las personas electoras quedaran sin acceso a señal gratuita de televisión.
Entre las razones del Tribunal, también estuvo el impacto negativo que el cambio podría provocar en la equidad de la contienda, en el funcionamiento del sistema de financiamiento de partidos políticos y en las opciones del TSE para comunicar a la ciudadanía aspectos relevantes de la campaña, a través del uso de la media hora gratuita que deben ceder las radioemisoras al órgano electoral.
“El proceso iniciado por el Micitt puede continuar, incluidas las prórrogas, renovaciones o adjudicaciones que en derecho correspondan, pero su entrada en vigor queda diferida hasta que se declaren a las nuevas autoridades electas”, dijo.
Román comentó que ese plazo se extendería hasta que el Tribunal emita la declaratoria de elección final, sea que la elección se resuelvan en febrero, o bien que se extienda a segunda ronda, en abril de 2026.
El vocero también enfatizó que la opinión atiende exclusivamente al caso de las radioemisoras, pues se emitió a solicitud de Canara, en resguardo del derecho a la información de los costarricenses.
Este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves amenazó con un apagón de radio y televisión, si para setiembre los diputados no han aprobado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca modificar el cálculo del monto que deben pagar las concesionarias por el impuesto anual de radiodifusión.
El presidente alegó que no extenderá la prórroga de 15 meses que Zapote había concedido, en junio de 2024, para la vigencia de las concesiones, los cuales vencieron el 28 de junio.
Sin embargo, al menos en lo que se refiere a las frecuencias de radio, ya el TSE emitió una orden que impide afectarlas, por el interés superior del voto informado de los costarricenses.
