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Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia autorizaron el secuestro de información bancaria y tributaria relacionada con la campaña electoral del hoy presidente Rodrigo Chaves. El aval lo requirió la Fiscalía General como parte de una investigación sobre dos presuntas estructuras paralelas de financiamiento que habrían operado al margen de la ley.
Este viernes, Carlo Díaz, fiscal general, explicó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había levantado secretos bancarios y tributarios y que los datos recabados constan en un informe final elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE (DFPP).
“El TSE indicó que esa información no es de acceso público. Por eso, acudimos a la Sala Tercera, como corresponde, y solicitamos de manera fundada que nos autorizara el acceso a esa información privada y el secuestro. Ellos consideraron que la solicitud era proporcional, razonable y necesaria para nuestra investigación. Nos autorizaron el día de ayer (jueves para el lector), mediante una resolución que estoy ejecutando esta mañana”, dijo Díaz en las instalaciones del órgano electoral.
El jefe del Ministerio Público afirmó que se debe analizar qué concluyó el informe del Tribunal de Elecciones para evaluar si hay presuntos hechos delictivos que ameriten ir a juicio.
Ronald Chacón, jefe del departamento del TSE que emitió el informe, aseguró que la información bancaria y tributaria versa sobre personas físicas y jurídicas, aunque no precisó los nombres. Alegó que esa información es confidencial y que forma parte del oficio IDI-DFPP-007-2024, fechado el 29 de noviembre del 2024, y entregado a la Dirección General de Registro Electoral, el 2 de diciembre.
Las investigaciones de la Fiscalía General y el TSE procuran esclarecer si la campaña de Chaves captó recursos de particulares sin que el dinero pasara por las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y sin reportarlo al TSE, para cubrir gastos electorales de forma paralela.
A raíz de esas sospechas, en marzo del 2022, el Tribunal ordenó al Banco Nacional entregar los estados financieros de la firma ATA Trust, la cual administró los recursos del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, en su calidad de fiduciario.
A través de esas cuentas, el órgano electoral presume que habría operado la primera estructura paralela utilizada en la campaña de Chaves. Incluso, en marzo de ese año, los magistrados electorales ordenaron levantar el secreto bancario de cinco personas vinculadas con el fideicomiso.
Los nombres de esas personas no han trascendido, porque fueron declarados confidenciales. En cambio, la información bancaria de ATA Trust es pública y de acceso irrestricto en el sitio web del TSE.
El Código Electoral prohíbe el uso de estructuras paralelas para cubrir gastos electorales y las castiga hasta con seis años de cárcel.
La segunda aparente estructura paralela habría funcionado a través de las cuentas de Sofía Agüero Salazar, asistente administrativa, quien es hija del diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Waldo Agüero, y quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021.
Ella habría recibido más de $195.000 en sus cuentas en el Banco Nacional (BN) de parte del banquero Jack Loeb, y reconoció a La Nación, en marzo del 2022, que esos recursos se usaron para cubrir gastos electorales como comunicación y material proselitista.
