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El fiscal general, Carlo Díaz, acudió la mañana de este viernes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para secuestrar documentación relacionada con las dos presuntas estructuras paralelas que financiaron gastos electorales del actual presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El secuestro se efectuó en las oficinas del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE y forma parte de una investigación judicial en la que se indaga la supuesta comisión delitos relacionados con la captación de recursos de particulares y el pago de bienes y servicios, sin que estas operaciones pasaran por las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en contra de lo que establece el Código Electoral.
En declaraciones a los medios, Carlo Díaz precisó que se secuestraron diez tomos de documentos en físico y varios archivos digitales que tienen relación con un informe final que emitió el DFPP, el 29 de noviembre anterior, sobre el financiamiento de la campaña del 2022.
En esa causa (expediente 22-000116-1218-PE), figuran como imputados al menos las siguientes personas:
- El presidente de la República, Rodrigo Chaves
- El canciller, Arnoldo André
- La diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar
- El diputado del PPSD, Waldo Agüero
Información confidencial
Ronald Chacón, jefe del DFPP del TSE, confirmó el secuestro del informe IDI-DFPP-007-2024. En ese documento, constan las conclusiones finales de la investigación que ese departamento realizó por más de dos años sobre las presuntas estructuras paralelas.
Una habría operado a través del fideicomiso Costa Rica Próspera, mientras que la segunda habría funcionado mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien fue asistente personal de Chaves durante un periodo de la campaña electoral del 2022, y es hija del diputado Waldo Agüero.
En ambos casos, personas depositaron dinero y, posteriormente, los recursos se utilizaron para pagar gastos electorales como pauta en medios de comunicación y redes sociales, el alquiler y los servicios de la sede de campaña en barrio La California, así como viáticos y salarios del personal de la campaña y mobiliario de oficina.
Chacón adujo que el informe es confidencial y, por tanto, no podía detallar los hallazgos. Insistió en que las pesquisas ahora le corresponden al Ministerio Público.
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Secuestro de información bancaria y tributaria
De previo a acceder a esta documentación, Carlo Díaz requirió del aval de la Sala Tercera. Inicialmente, él había solicitado el acceso al TSE, pero este se lo negó porque algunos documentos contenían información bancaria y tributaria, cubierta por el velo de confidencialidad.
Díaz obtuvo el visto bueno el jueves y, pocas horas después, la mañana del viernes, acudió a las oficinas del TSE a secuestrar la documentación. Él tuvo que encabezar la diligencia por tratarse de un caso donde figura el presidente de la República, un ministro de Estado y dos diputados, quienes gozan de inmunidad por los cargos que desempeñan.
“Este informe tiene información bancaria que obtuvo el TSE mediante un levantamiento del secreto bancario. Hay también levantamiento del secreto tributario. En una resolución, el TSE nos indicó que esta información no es de acceso público y, por eso, recurrimos a la Sala Tercera.
“Le solicitamos, de manera fundada, que nos facilitara el acceso a esta información privada y al secuestro de la misma, y ellos consideraron que era proporcional, razonable y que era necesaria para nuestra investigación, y nos autorizaron”, detalló el jefe del Ministerio Público.
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Segundo informe del TSE sobre estructuras paralelas
Este es el segundo y último informe que emite el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE sobre las dos supuestas estructuras paralelas que financiaron la campaña de Rodrigo Chaves. El primero, que fue preliminar, se emitió el 8 de junio del 2022.
En esa oportunidad, en un documento de 150 páginas, esa dependencia concluyó que “existen indicios suficientes para presumir” que se utilizó un “esquema oscuro de financiamiento”.
Se determinó, además, que la campaña de Chaves se habría favorecido de dos las estructuras paralelas antes mencionadas, es decir, de recursos que no pasaron por los controles partidarios ni por el sistema de transparencia público que la ley exige.
Una primera estructura habría estado vinculada al polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue administrado por la sociedad ATA Trust Company, vinculada al actual canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, y con participación del banquero Jack Loeb Casanova.
La segunda estructura señalada por el TSE tiene relación con el pago de facturas por miles de dólares desde las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar. Ella habría recibido más de $195.000 en sus cuentas en el Banco Nacional (BN) de parte del banquero Jack Loeb, y reconoció a La Nación, en marzo del 2022, que esos recursos se usaron para cubrir gastos electorales como comunicación y material proselitista.
