Escuchar
La reforma para actualizar el cobro del canon por radiodifusión en el país avanzó este martes en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, con el voto afirmativo unánime de los nueve integrantes del órgano parlamentario.
Se trata de la iniciativa legal impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves, para actualizar el canon que tendrían que pagar los concesionarios de las frecuencias de radio y televisión.
LEA MÁS: Chaves amenaza con apagón de radio y TV si no se actualiza costo de frecuencias
De hecho, el presidente de la República amenazó con aplicar un apagón de radio y televisión si la Asamblea no actualiza, antes de setiembre, el costo de la concesión de las frecuencias, porque alegó que adujo que los congresistas quieren “seguir financiando a los ricos de siempre”, en referencia a empresas como Teletica.
Los congresistas dictaminaron afirmativamente el proyecto porque ya se encontraba vencido su plazo para la tramitación en la comisión dictaminadora; sin embargo, advirtieron que no están para nada de acuerdo con la propuesta actual.
Así lo aclararon Carolina Delgado y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN); Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), y el presidente de la Comisión de Gobierno, Fabricio Alvarado.
Delgado puntualizó que la votación es para no archivar el proyecto, en vista de la negociación entre fracciones que se está dando extracomisión. “No estamos de acuerdo con el proyecto como está hoy, sino que buscamos un acuerdo en el trámite de mociones de fondo”, indicó la liberacionista.
LEA MÁS: Rodrigo Chaves desafía orden del TSE de evitar un apagón de frecuencias de radio
Esas mociones de fondo se podrán conocer una vez que el proyecto llegue al plenario, tal como lo permite el artículo 137 del reglamento legislativo, y esas mociones sean remitidas a la Comisión de Gobierno.
Barquero señaló que hay un resquemor de su parte, sobre la negociación, e hizo un llamado a que se le dé un camino claro al proyecto.
“Hemos intentado buscar un acuerdo, porque la Presidencia de la República generó un temor nacional de que bajaría la cuchilla, y hay empresarios pequeños, medianos y de todo tipo que dependen de este sector”, dijo Luis Diego Vargas, quien agregó que se trabajaría en conjunto el proyecto del gobierno con el del PLN, impulsado por el diputado Óscar Izquierdo, también para actualizar el cobro.
Fabricio Alvarado, legislador de Nueva República, enfatizó que no hay una resolución final sobre el proyecto, sino que la votación permite un avance de las discusiones, en nuevas reuniones.
¿Cómo quedaría el cobro con el proyecto tal como se votó?
La versión del proyecto, tal como fue aprobada, establece una tarifa anual del canon de radiodifusión de un 7,73 % de los ingresos brutos para los concesionarios de frecuencias televisivas y un 3,13 % de los ingresos brutos para los concesionarios de frecuencias de radio.
LEA MÁS: TSE prohíbe al gobierno de Chaves apagar frecuencias de radio
Actualmente, las tarifas que establece la Ley de Radio son sumamente bajas, según estos parámetros establecidos en el artículo 18 de la ley 1758:
a) Las radiodifusoras de onda larga pagarán ajustándose a la siguiente tarifa proporcional a su potencia:
-Hasta 1.000 watts, mil colones (¢1.000).
-De 1.001 a 2.500 watts, mil quinientos colones (¢1.500).
-De 2.501 a 5.000 watts, dos mil colones (¢2.000).
-De 5.001 a 10.000 watts, dos mil quinientos colones (¢2.500).
-De 10.001 watts en adelante, tres mil colones (¢3.000).
b) Las estaciones radiodifusoras de onda corta para servicio internacional pagarán por año mil quinientos colones (¢1.500); y
c) Las estaciones de fonía privadas dedicadas a actividades agrícolas o industriales pagarán cien colones (¢100) al año y las otras que sirvan a actividades comerciales pagarán quinientos colones (¢500).
Ese canon lo deben pagar todos los concesionarios a los que se les haya asignado frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión de acceso libre y gratuito, independientemente de que hagan uso de las frecuencias concesionadas o no.
Las tarifas tienen como base imponible los ingresos brutos anuales, obtenidos por el concesionario de radiodifusión de acceso libre y gratuito, derivados del aprovechamiento de las frecuencias.
El expediente legislativo 24.461 establece que las estaciones culturales así calificadas por el Ministerio de Cultura y Juventud estarán exoneradas, siempre y cuando no generen ingresos brutos anuales derivados de alguna actividad de índole comercial, originados del aprovechamiento de las frecuencias.
Con una moción impulsada por Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), se incluyó entre las estaciones exoneradas las pertenecientes a las universidades públicas y al Ministerio de Educación Pública (MEP).
