En diciembre del 2022, la actual ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, envió un mensaje de audio por WhatsApp a Eric Scharf, presidente de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
En la grabación, de un minuto y medio, Bogantes pidió la destitución de dos empleados de esta organización privada dedicada a traer empresas extranjeras que inviertan en Costa Rica.
Bogantes, quien entonces se desempeñaba como viceministra de Comercio Exterior, le insistió al presidente de Cinde en que las razones de las dos salidas estaban “claras” y en que esperaba que así se lo mencionara al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en una reunión que ya estaba programada.
El audio, al cual La Nación accedió en exclusiva, forma parte de la denuncia que tramita la Fiscalía General contra Bogantes y el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, por supuestamente presionar a Scharf para que destituyera al exdirector general de Cinde, Jorge Sequeira, y a la directora de Comunicación y Mercadeo, Andrea Centeno.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) remitió el caso a la Fiscalía, para la investigación penal, así como a la Casa Presidencial, para que tomara medidas disciplinarias.
No obstante, el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, exoneró a los ministros al declarar inadmisibles tanto el audio como los mensajes de Whatsapp recabados por la PEP, a pesar de que el presidente de Cinde le confirmó a la PEP que sí los recibió.
Por su parte, el mandatario Rodrigo Chaves se abstuvo de conocer los reportes y encomendó la labor a Brunner.
El contexto del audio
La ministra Bogantes le envió el audio a Eric Scharf tras una llamada telefónica entre ambos, en la que también participó Tovar.
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La llamada entre el presidente de Cinde y los entonces ministro y viceministra se dio porque la junta directiva de la organización privada solicitó una reunión con el presidente Rodrigo Chaves, directamente a su despacho, para que les explicara, entre otras cosas, las razones por las cuales Sequeira y Centeno debían ser destituidos.
Esa gestión, según el audio, generó molestia en Tovar. Bogantes dijo textualmente: “Hola Eric, nada más dejarte un mensaje, bueno, que dicha que hablamos, yo creo firmemente que hablando se entiende la gente.
“Diay, Manuel está molesto con razón, él se siente ‘bypasseado’ y diay, no está bien, yo creo que el sentimiento se puede reversar y volver a como debemos de estar y a como espero que estemos siempre. Pero bueno, pasemos este batch. Espero que hayas entendido los argumentos de por qué una persona y por qué la otra.
“Estoy de acuerdo con el interés de ustedes de querer escuchar el mensaje, de forma directa, desde el presidente. Yo no estoy en desacuerdo, me parece bien, aunque tal vez hubiese sido mejor que antes nos escucharan por parte de Comex, pero ya la solicitud se envió, así lo van a hacer, y en esa reunión, ciertamente Manuel y yo vamos a estar acompañando al presidente.
“Pero, como te dije, Eric, sí sería ideal que la atención de ese segundo aspecto que no se ha dado, se atienda, y que para esa reunión lleguen ustedes, sobre todo, a solicitar explicaciones de por qué la salida del director (Jorge Sequeira) y no tanto de la salida de la otra persona (Andrea Centeno), porque yo espero que las razones del por qué hayan quedado claras. Pura vida, Eric y nada, mucha suerte con esta reunión y quedo atenta para apoyarte en lo que pueda”.
La reunión se realizó el 31 de marzo del 2023 y solo asistieron Eric Scharf y la directora general interina de Cinde. Para ese momento, Sequeira ya había renunciado y solo un mes después, el Gobierno anunció la ruptura con Cinde del convenio de atracción de inversión extranjera.
La prueba forma parte del expediente judicial N.° 24-000033-0033-PE, en el que la Fiscalía continúa una causa por un aparente tráfico de influencias en contra de los dos ministros.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) remitió el caso, de manera simultánea, al presidente Chaves y al Ministerio Público.
El artículo 52 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito sanciona con penas de dos a cinco años de cárcel a quien incurra en un tráfico de influencias y eleva en un tercio el castigo si el que comete el delito es miembro de los supremos poderes.